Por Carlos Burgueño - Cobro de los intereses corridos, especialmente en el Global por u$s 503 millones cuyo tiempo de pago está corriendo desde el 22 de abril. Reconocimiento de intereses hasta la primera cancelación comprometido del 2023, aunque la liquidación se concrete desde el 2024. Un primer pago simbólico de cupón en 2022 o a comienzos de 2023. Y, desde lo legal, agregar una cláusula RUFO desde los vencimientos de 2047.

Todo esto, además de dejar de lado el desdoblamiento de aceptaciones, apartando del conflicto futuro a aquellos papeles en los que haya masa crítica para un acuerdo. Según el cálculo de los propios bonistas, estos movimientos mejorarían entre un 5 y un 10% la oferta inicial del Gobierno, estarían dentro de lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto a los volúmenes de quita, respetarían a grandes rasgos los tiempos legales y los intereses dispuestos en la propuesta original de Martín Guzmán y no avanzarían en pedidos sobre la política económica y fiscal del gobierno de Alberto Fernández. Y, en definitiva, los acercaría al criterio con el que secamente el ministro de Economía despidió a los acreedores en su comunicado del lunes, llamándolos a que presenten una propuesta que “debe pasar por el sentido común”.

Desde ayer a primera hora los tres grupos de acreedores que representan a los bonistas con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional, comenzaron a tomar contacto para coordinar su propuesta conjunta; bajo la promesa general de que ninguno de los fondos de inversión se cortará solo y que se esperará la confección de un acuerdo básico para luego reabrir los diálogos con el ministro Guzmán. Para que esto se concrete, se esperará un nuevo gesto del gobierno de Alberto Fernández: que de señales claras que la fecha del 8 de mayo autoimpuesta ante la SEC, será corrida oficialmente y el nuevo lapso será el del 22 de mayo, día en que el país ingresaría en default por no haber pagado los vencimientos del Global. Una vez que este guiño se efectúe, inmediatamente las ideas fuerza de los fondos de inversión serán giradas al banco asesor nombrado por el gobierno argentino, el Lazard, que le dará forma legal y financiera y se la trasladará al ministerio de Economía.

Si los tiempos salen como esperan tanto el Gobierno como los bonistas, la semana próxima la propuesta estará en los escritorios oficiales de Buenos Aires y a punto de ser, inevitablemente, rechazada. Esta acción la descartan los privados. Pero saben también que es el primer paso para que Economía quede con las manos libres para poder mejorar la oferta original elaborada por Guzmán, bajo lineamientos básicos del FMI; y concrete la tan esperada oferta mejorada que, seriamente, permita comenzar a negociar un eventual acuerdo final que evite el default. Algo quedó en claro entre el lunes y el martes. Tal como adelantó este diario, y a diferencia del proceso del 2005-2006, parecería que en el “póker de mentirosos”, hay más intenciones de llegar a un acuerdo que lo que se percibe públicamente.

Algo que quedó claro ayer entre los acreedores, especialmente entre los fondos de inversión y los tenedores particulares, es que no hay una posición sólida, cerrada y unificada entre los mismos privados. Las mayores diferencias son el tratamiento que reclaman los tenedores de los bonos emitidos para saldar el default del 2005, y los lanzados durante el gobierno de Mauricio Macri. A su vez, entre estos últimos, hay diferencia de criterio entre los tomadores de deuda de largo plazo (más allá del 2030) y los que tienen vencimientos entre 2021 y el 2029.

En el primer caso, los acreedores con deuda emitida bajo el gobierno de Néstor Kirchner para salir del default; son, de todo el largo listado de acreedores, los más irreductibles para aceptar la oferta oficial. Según los datos que llegaron a Economía el fin de semana pasado, el aval a la propuesta original se ubicaba por debajo del 20%, el nivel más bajo de todo el largo listado de deuda a reestructurar. El grado de protesta y malhumor de estos tenedores llegó al punto que, en las últimas horas incluso comenzaron a circular entre los mismos bonistas, grabaciones de la propia Cristina Fernández de Kirchner donde se les aseguraba a los acreedores que aceptaron el canje del 2010 (cuando Amado Boudou era ministro de Economía), que debían estar seguros que el país “honraría sus deudas”. Esas grabaciones están preparadas para atacar como una daga en eventuales juicios contra el país en el caso que no haya acuerdo final; ya que, se recuerda, este tipo de documentos son los que más sirvieron a los fondos buitres en el “Juicio del Siglo” que le ganaron a la Argentina en los tribunales de Thomas Griesa.

También hay mucho malhumor en los tenedores de deuda con vencimiento más allá del 2030, ya que consideran que su posición es más ruinosa que la del resto de los tenedores de deuda y que, en muchos casos, no se cumple la premisa oficial de “ganar menos”. En estos casos, la aceptación de la oferta no llegaba al 30% del general; y, junto con los tenedores de deuda del canje del 2005, hacían que el aval general no superara el 40%, incluyendo a las entidades del sector público argentino. Los datos que manejaba Guzmán sobre los tenedores privados individuales de deuda con vencimiento entre 2026 y el 2030; más algunos que poseen el bono Global 2117 (el famoso Centenario), mostraban cierto interés en su propuesta de canje; pero con niveles de aceptación que en ninguna de las circunstancias llegaban al 50%.

Todo este panorama hubiera implicado que la aceptación final se ubique levemente por encima del 40%, incluyendo todos los entes públicos, los bancos locales y un puñado de bonistas, casi todos argentinos. El cálculo que hacen los privados es que el valor del mercado actual de la deuda argentina, especialmente la posterior al 2030, se ubica cerca de la cotización del 30%, lo que casi empata (o pierde por poco) la propuesta de Guzmán. Los fondos saben que ese valor podría bajar en un escenario de default, pero que habría compradores entre el 25 y el 29% de su cotización: los fondos buitre, expertos en litigar en los tribunales del segundo distrito sur de Nueva York. Otra alternativa es no vender los bonos, y esperar a ser ellos mismos los que litiguen en los tribunales que ahora maneja Loretta Preska. El panorama cambiaría como un guante ante la alternativa de una negociación sobre la base de una mejora de la propuesta oficial de Economía, precisamente el dato que ahora esperan los tenedores de deuda.