Por Javier Blanco - Tras un mes intentando en vano domar la brecha cambiaria (se duplicó en ese lapso del 38 al 75%) y haber corroborado que su sostenido aumento le quitó además el control del mercado oficial de cambios, el Banco Central (BCRA) decidió restringir el acceso a él de numerosas empresas y cerrarlo directamente para los agentes de compensación y liquidación (ALYC), los operadores que más protagonismo habían logrado en los últimos dos años.

La profundización de un cepo que ya nació mucho más restrictivo que en su versión del último mandato de Cristina Kirchner llegó luego de que la entidad –que se había preparado para transformar en reservas un mayor saldo positivo de la balanza comercial– cerrara abril con una pérdida por intervenciones en la plaza cambiaria estimada en US$350 millones. Los datos históricos muestran que el promedio de ganancias por esta vía para este mes, en tiempos de cepo, fue de US$700 millones a US$2000 millones en la última década.

Fue el número que encendió las alertas en el Gobierno y el que ya lo había llevado a emitir en los últimos 15 días 8 disposiciones distintas (entre el BCRA y la Comisión Nacional de Valores –CNV–) procurando corregirlo. Como ninguna rindió frutos o tuvieron efectos efímeros, el directorio del BCRA trató anteayer de dar la estocada final para reordenar el mercado.

Las disposiciones

Vedar el acceso al mercado de aquellas empresas que hayan realizado operaciones de cambio a través del mercado bursátil en los últimos días, es decir, a quienes se hubiera detectado comprando o vendiendo divisas mediante la compraventa de activos con cotización pública.

Hacer lo propio con las que hayan recibido créditos promocionales lanzados para atenuar el impacto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, que deberán solicitarle conformidad previa para operar tras presentar una declaración jurada certificando que, en los 30 días corridos anteriores, no han efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior, referencias que aluden al contado con liquidación (CCL) y el dólar Bolsa o MEP. Compromete a las firmas además a no realizar esas operaciones “a partir del momento en que se requiere el acceso [al mercado] y por los 30 días corridos subsiguientes”.

Restringir el acceso al mercado a empresas que hayan recibido algún tipo de asistencia oficial para “precancelar o anticipar pagos” al exterior, las que deberán –en todo caso– gestionar una conformidad previa del BCRA tras justificarla plenamente. En este caso solo se mantiene para poder realizar pagos de nuevas importaciones de bienes o insumos requeridos para la continuidad de su proceso productivo, aunque solo si la empresa no operó dólar bursátil. “La idea es que si la firma accedió a un crédito subsidiado le queda vedada la posibilidad de operar CCL. Y aquella que no tenga ese crédito, pero haya estado operando CCL, deberá explicarle al Central por qué quiere comprar divisas para importar si ya las obtuvo por otra vía”, explicaron en el BCRA.

Disponer que la compra y venta de dólares se debe realizar exclusivamente en casas de cambio o bancos (comunicación “A” 6999). Hace algunos años se había abierto la posibilidad de que las sociedades de bolsa que gestionaran su habilitación como Agentes de Compensación y Liquidación (ALYC, según su nombre técnico) podían operar en cambios, lo que les permitía combinar la compraventa de divisas con sus demás operaciones de mercado.

Esta norma deja fuera del mercado a muchas plataformas como Balanz, Invertironline, Cambios Online y Bull Market Brokers, compañías a las que hasta ayer el propio BCRA consultaba para hacer su relevamiento de mercado para informar el dólar promedio del día, y que ofrecían la divisa a un precio más competitivo (con menor spread entre compraventa que los bancos y agencias) e incluso permitían operar la aplicación todos los días, a toda hora, sin depender del horario bancario y desde el celular.

Estos operadores tendrán 30 días para acomodarse a la nueva normativa, lo que los obligaría a crear una nueva empresa desde cero anotándola ante la Inspección General de Justicia (IGJ) con el único objeto de operar en cambios, lo que supone enfrentar costos que las desalentarían a continuar esa actividad.

El combo de medidas intenta aplacar la demanda de dólares por el canal oficial (de por sí ya muy restrictivo) y quitarles a la vez presión a los precios libres del dólar que surgen de las operaciones cursadas con activos de cotización bursátil.

“La presión sobre los precios libres del dólar cedería en los próximos días por el mayor castigo a quien opta por esa moneda. El problema es que la demanda que se reprime no desaparece, solo se pospone”, opinó Matías Rajnerman, de Ecolatina.

Las medidas se conocieron tras un día en que las cotizaciones despidieron abril con nuevas alzas del 4,5% en el caso del “contado con liquidación” (quedó a $114,65 tras haber cerrado marzo a $86,92) y del 3,2% en el caso del dólar MEP o “Bolsa”, que subió de

$85,96 a $112,31 en el mes.

Así, las brechas cambiarias cerraron el mes en torno de 70%, algo que raleó la oferta de divisas privadas en la plaza oficial y que el BCRA no pudo evitar pese a favorecer un ajuste del

3,7% en el precio del tipo de cambio mayorista (o dólar comercial) en el mes, dado que venía de cerrar marzo a $64,47 y quedó el jueves en $66,84, lo que supone la mayor suba mensual del año.