Por Juan Manuel Barca - El Gobierno dispuso un mecanismo express para autorizar las suspensiones con rebajas salariales del 25% en el personal sin tareas. A través de la resolución 397 que será publicada en las próximas horas, el Ministerio de Trabajo encabezado por Claudio Moroni habilitó un trámite abreviado en función del acuerdo alcanzado el martes por la UIA y CGT para licenciar personal sin tareas con el pago del 75% del salario neto por abril y mayo.

"Las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que se ajusten íntegramente al acuerdo adjunto a la presente Resolución y acompañen el listado de personal afectado, serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. Igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores", reza la normativa en su primer artículo.

Así, se busca agilizar los convenios de crisis que se habían demorado por diferencias con los sindicatos, pero también darle "legalidad" a un esquema que en las últimas horas despertó algunos cuestionamientos en diferentes ámbitos. 

Los cambios establecen además un procedimiento especial para las empresas que implementen medidas similares. En ese caso, las presentaciones "serán remitidas en vista a la entidad sindical con personería gremial correspondiente por el plazo de 3 días, pudiendo ser prorrogado por 2 días adicionales a solicitud de la representación gremial".

"Vencido el plazo indicado, el silencio de la entidad sindical la tendrá por conforme respecto del acuerdo sugerido por la representación empleadora. La oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo sugerido por la representación empleadora, vigentes los plazos indicados en el primer párrafo del presente artículo, importará para las partes la apertura de una instancia de diálogo y negociación", indica la resolución.
Los acuerdos que, en cambio, no se ajusten íntegramente al acuerdo marco serán sometidos al control previo del Ministerio de Trabajo, por lo que el trámite se realizará en los plazos habituales. Por último, la resolución precisa que "las partes deberán consignar en su presentación inicial una declaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas allí insertas en los términos previstos por el artículo 109 del Decreto N° 1759/72 (t.o. 2017)".
En sus fundamentos, la resolución explica que mediante un acuerdo los representantes de la UIA y la CGT "solicitaron a la Autoridad Administrativa, certidumbre respecto de la situación de aquellas personas que no pueden prestar sus servicios habituales". Y afirma que el entendimiento "permite contar con un marco producto de la voluntad de los representantes de los empleadores y de los trabajadores que garantiza una adecuada protección de los derechos de estos últimos".
En esas condiciones, se decidió "agilizar los trámites, ante la necesidad impostergable de lograr que trabajadores, trabajadoras y el sector empleador, puedan acceder a medidas que tiendan a paliar la situación socioeconómica actual, evitando de esta manera que el No, nos parece un pelotazo en contra para los trabajadores que va a generar un pésimo precedente para el restoretardo en su implementación, lo torne ineficaz o frustre un derecho o una necesidad impostergable o produzca un daño de difícil reparación".

Un paraguas legal

La idea es generar un "paraguas" durante los próximos 60 días para los convenios alineados con la pauta acordada entre la UIA y CGT y el Ejecutivo. La reunión contró con el aval de Moroni y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes firmaron el entendimiento para darle un "contenido político".
"Esto le da un marco de celeridad y legalidad a los acuerdos entre las partes con el piso del 75% (del salario neto)", explicaron fuentes oficiales. De ese modo, todos los acuerdos por empresa sellados sobre esa base o un porcentaje superior obtendrán una homologación rápida en un plazo de entre 48 y 72 horas. 

Frente a la ola de despidos y suspensiones unilaterales, el Gobierno prohibió por decreto las cesantías y licenciamientos por fuerza mayor, a la vez que habilitó acuerdos entre empresas y sindicatos para implementar la reducción de la jornada laboral y salarios mediante el artículo 223 bis. Pero también dispuso en el DNU 297 que durante el aislamiento los trabajadores del sector privado tendrán derecho al "goce íntegro" de sus ingresos habituales.

Tanto los empresarios como la cúpula de la CGT coincidían en que era necesario establecer una "compensación" inferior al salario normal para los trabajadores suspendidos. Con la nueva resolución, el Gobierno terminó de instrumentar una diferenciación en las remuneraciones del personal con tareas y aquellos que se ven impedidos de retomar su actividad por decisión de la empresa. 

En el último mes, casi 300.000 trabajadores fueron afectados por recortes salariales o la interrupción del pago de haberes y más de 12.000 despidos, según un estudio de CEPA mostró que desde la cuarentena. El malestar se tradujo en protestas en la industria alimenticia, frigoríficos y el sector minero. En algunos casos, incluso, derivó en ocupaciones de planta, como ocurrió la semana pasada en la fábrica de colchones BedTime en Tigre.
Fue necesario el pacto UIA-CGT para acelerar las negociaciones que habían entrado en crisis tras la entrega de subidios estatales a las empresas para pagar sueldos. La jugada permitió cerrar convenios de "emergencia" en comercio, metalúrgicos y gastronómicos. "El acuerdo fue este martes y ya rápidamente se firmaron acuerdos sectoriales que se adelantan a situación de abril y mayo, y esta resolución del Ministerio de Trabajo va a ayudar a concretar rapidamente esos beneficios", dijo el abogado Juan Carlos Cerutti. 
Pero la decisión fue rechazada por algunos sectores sindicales. Ese fue el caso de las dos CTA, el sindicato del neumático y algunos referentes de la corrientes federal cercana al kirchnerismo. El titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, señaló a iProfesional que el acuerdo "es un pelotazo en contra para los trabajadores que va a generar un pésimo precedente para el resto" y sostuvo que "los sindicatos tendremos que hacer lo imposible para defender el salario". 

"La CTAA rechaza de forma absoluta ese acuerdo, que tiende a la negociación colectiva a la baja y sin condiciones y a producir el estado de indefensión del trabajador. Se procura universalizar una quita del 25 por ciento de los haberes, a lo que se suma un sistema de subvenciones en el que sectores de empresas concentradas transfieren el pago al erario público", puntualizó en un comunicado la CTA Autónoma encabezada por Ricardo Peidró y Hugo Godoy.
Desde el sector empresario, en tanto, algunas cámaras ven con desconfianza una normativa que podría demorar la autorización de rebajas salariales superiores al 25%. La preocupación está instalada en el rubro turismo y hotelería, donde no ven la posibilidad de retomar la actividad al menos hasta fin de año. El Gobierno le garantizó subsidios y la reducción de las contribuciones patronales, pero algunas empresas ya avanzaron a su vez en reducciones salariales del 50%.

Piden más medidas

Desde el inicio del aislamiento obligatorio, el Gobierno tomó una serie de medidas para amortiguar el impacto económico por las restricciones a la circulación. Pero el avance de planes de reestructuración en el sector privado aceleró el malestar entre los asalariados. "En los últimos días, asistimos a un aumento cada vez mayor de denuncias en todos los lugares del país, en los que se manifiestan pérdidas de fuentes laborales y reducciones salariales", señala un informe del observatorio de Derecho Social de la CTA Autonónoma.

El documento indica en ese sentido que "el esfuerzo realizado por el conjunto de la población y por el sector público no ha sido acompañado por las grandes empresas, quienes en
términos generales han impulsado estrategias para descargar rápidamente el costo de la caída de la actividad económica sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras". Esto, según la central alternativa, se reflejó en despidos, suspensiones, falta de pago de las remuneraciones, así como la falta de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
"Esta reacción no se ha reducido a pequeñas empresas que previsiblemente han sido las más afectadas por la retracción de la actividad económica. Por el contrario, en muchos casos han sido algunas de las empresas de mayor tamaño del país, y por ende con mayor capacidad de soportar financiera y económicamente la situación actual, quienes han recurrido a todos los mecanismos a su disposición para reducir sus costos a expensas de los derechos de los trabajadores y trabajadoras", indicó el estudio.
En paralelo, en aquellas actividades que continúan funcionando durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el observatorio señaló que "muchos empleadores se han negado a reforzar las medidas de seguridad sanitaria, incrementando el riesgo no solo de sus dependientes sino del conjunto de la sociedad". Las denuncias se registraron tanto en la industria como en el sector público. El personal de salud realizó este martes protestas en todos los hospitales porteños en reclamo de equipos de protección.

En ese marco, la central alternativa sostuvo que "la respuesta estatal frente a estas conductas patronales debería ser más contundente aún, a fin de garantizar no solo la efectividad de la política sanitaria sino también de impedir que los empleadores desnaturalicen los mecanismos de protección que el propio Estado ha ido impulsando desde la declaración de la emergencia".