Por Martín Kanenguiser - Los fondos de inversión BlackRock y Monarch,
entre otros, preparan sendas demandas contra la Argentina en los Estados Unidos
por si fracasan las negociaciones con el Gobierno para renegociar la deuda del
país.
Mientras esperan con pocas expectativas si mejora el diálogo
con el Ministerio de Economía, ambas firmas ya preparan sus respectivos
escritos para ser presentados en los tribunales de Nueva York.
Tres fuentes relacionadas al
tema confirmaron a Infobae esta
estrategia, ya que consideran que el Gobierno no exhibe voluntad para
acercar posiciones.
“La mayoría de los fondos están pensando en un
juicio, aunque sigan escuchando al ministro. De todos modos,
no todos los fondos se prestarán a este falso diálogo o, si lo hacen, pondrán
en las videconferencias a ejecutivos de segunda o tercera línea”, expresó, con
enojo, una de las fuentes.
En
este sentido, creen que los contactos por videoconferencia que comenzó ayer el
ministro Martín Guzmán y
su equipo, “no tienen demasiado sentido”.
En los encuentros virtuales, el funcionario no expresa, hasta ahora,
actitud para alejarse ni un ápice de los términos que el Gobierno exhibió la
semana pasada para renegociar unos USD 67.000 millones.
Observadores indicaron que los acreedores se equivocan si pretenden
discutir el marco macroeconómico que plantea el ministro en esos diálogos y que
deberían limitarse a discutir las ventajas y desventajas de los instrumentos financieros que
forman parte de la propuesta oficial.
Curiosamente, las fuentes del
sector privado destacan que la negociación con la provincia de Buenos Aires
gobernada por Axel Kicillof fluye
mucho mejor y confían en llegar a un término medio, entre los 45 dólares de
valor presente que le adjudican a la oferta bonaerense y los 52 que pretenden
obtener.
“Es increíble que Kicillof esté mostrando más
flexibilidad que Guzmán”, expresó un ejecutivo que tuvo que
lidiar con el ahora gobernador cuando se desempeñó como ministro de Economía y
llevó a la Argentina a otro default en 2014.
Si bien el prospecto
presentado ante la comisión de valores en Estados Unidos habilita a Guzmán y a
su equipo a reformular algunos de los términos de la oferta sin abandonar los
“principios sustentabilidad” que la guían, el Gobierno parece dispuesto a ir hacia el
default.
Guzmán cree que cuenta con el aval del Fondo
Monetario Internacional (FMI), aunque varios miembros de los
países del G7 en el directorio ya dejaron en claro que no avalarán esta jugada.
Los
inversores están aturdidos por la falta de respuesta de Guzmán y señalan al
representante argentino ante el Fondo, Sergio
Chodos, ex secretario de Finanzas, como el estratega de esta
intransigencia.
El razonamiento del Gobierno es que los
grandes fondos tendrán que aceptar esta oferta porque, de lo contrario, en unos
meses deberían tomar una peor.
En cambio, los fondos
comenzaron a preparar una contraoferta y, en paralelo, esperan el momento
adecuado para tocar la puerta de los tribunales de Nueva York. Posiblemente la contrapropuesta no llegue a
ver la luz si notan que el Gobierno no se mueve de su rincón.
Y, a diferencia de las demandas que siguieron
al default del 2001, se trata de fondos de inversión tradicionales, no los
denominados “fondos buitre” que, todavía, no entraron en el juego.
¿Cuáles son los argumentos jurídicos
preliminares de estas presentaciones?: los abogados entienden que los términos de la
oferta presentada por la Argentina representan un “repudio” a la deuda que está
en manos de sus clientes, ya que dejarán de pagarse los bonos
viejos.
Es una idea similar a la que
se utilizó en los juicios que culminaron en 2016, cuando el gobierno del
presidente Mauricio Macri salió
del default.
En particular, saben que los
tenedores de los bonos surgidos de los canjes 2005 y 2010 tienen más
herramientas para litigar con éxito que aquellos con los títulos emitidos por
el equipo económico de Macri, liderado por el ministro Alfonso Prat Gay.
La intención de los letrados es, apenas la
Argentina incumpla con sus contratos, pedir una medida cautelar y resucitar la
cláusula “pari passu”, para defender la necesidad un tratamiento igualitario
entre los acreedores.
En cambio, en el Gobierno entienden que los
bonistas pueden estar de acuerdo o no con el valor de la propuesta, pero no
pueden aducir que la misma viole los contratos vigentes. De todos modos, los
más moderados aconsejan no llegar a la instancia judicial, por los antecedentes
que enfrentó el país entre 2011 y 2015 y porque admiten que las
reestructuraciones no se resuelven en los tribunales.
La demanda de BlackRock está en manos de los
abogados Brian Pfeiffer y Tomas MacWright, del estudio White & Case, que reemplazaron al
veterano Ian Clark y
tienen una postura “agresiva” según indicaron las fuentes de Nueva York.
Según la página web del estudio, la
experiencia de Pfeiffer “se extiende a todos los aspectos de las
reestructuraciones judiciales y extrajudiciales de negocios con dificultades
financieras, incluidas las representaciones de deudores corporativos, comités oficiales
y no oficiales de acreedores y de capital, comités de
tenedores de bonos, prestamistas y compradores y vendedores de activos y
negocios en dificultades”.
Es miembro del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Nueva York y tiene títulos de las universidades de
Hofstra y de la Estatal de Nueva York en Albany.
En tanto, MacWright, según su estudio,
“representa regularmente a deudores, tenedores de bonos, bancos e inversores
estratégicos y financieros en relación con asuntos de
bancarrota corporativa y entrenamientos”. Representó a varias empresas con
inversiones en mercados emergentes de América latina y Europa del este. Además,
lideró la reestructuración de bancos de Azerbaijan y Kazajstán.
Por su parte, Monarch y otros
fondos están representados por la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que, poco tiempo atrás,
reclutó al ex abogado de Paul
Singer, líder del fondo buitre Elliot.
Se
trata de Dennis Hranitzky, quien cobró fama en los
juicios contra la Argentina cuando logró el embargo de la Fragata Libertad en
un puerto de Ghana.
Lo curioso es que, a diferencia de abismo que había en aquel
entonces, la diferencia actual entre el Gobierno y sus acreedores ronda los 10
dólares entre el valor de la oferta oficial y la pretensión
de los bonistas para llegar a un acuerdo.
Por
lo tanto, a priori, sería una muy exigua diferencia para dejar caer al país en
otro default. Por esta razón, algunos de los participantes afirman que, por
ahora, ambas partes están sobreactuando sus diferencias y que, tarde o
temprano, se llegará a un acuerdo.
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