Por Carlos Burgueño - Será una semana de contragolpe organizado. En las próximas horas, parte de los acreedores internacionales que tienen deuda argentina bajo jurisdicción de Nueva York le presentarán a los bancos que intentan acercar las partes (el HSBC y el Bank of America) una especie de contraoferta a la propuesta del Gobierno para reestructurar los u$s68.000 millones casi en default.

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Será vía dos caminos. Una vendrá de parte de algunos de los bonistas “friendly”, aquellos que aún en los peores momentos (como los actuales) mantuvieron contactos con fuentes oficiales del Ministerio de Economía (el único que puede escuchar a acreedores y hablar de deuda). Otra de algunos grandes bancos de inversión locales e internacionales en teoría “independientes”, que intentarán elaborar alguna propuesta que acerque posiciones y encamine unas negociaciones por ahora estancadas.

En cualquiera de los dos casos se trata de ideas que mejoran la primera posición pétrea de los tenedores de deuda, y aceptan el criterio de quita fuerte de intereses, leve de capital y una extensión importante en el tiempo de pago sin compensaciones inmediatas. Sin embargo, inevitablemente, implicarían que Martín Guzmán acepte que su primera propuesta a los acreedores deberá modificarse y que su máxima de la semana pasada sobre que una decisión de ese tipo era imposible. En ambos casos se llama a que el ministro abandone la posición irreductible y comience una negociación. En otras palabras que el “poker de mentirosos” pase a una nueva etapa.

En el caso de la propuesta que se está elaborando desde los bancos locales e internacionales con alta presencia en el mercado de capitales, la sintesis fue publicada el fin de semana por Consultatio. La entidad de Eduardo Costantini menciona que “las dos formas de mejorar la oferta oficial son: (i) trabajar en iniciativas que permitan reducir la incertidumbre respecto de los pagos futuros que se comprometen (exit yield); (ii) mejorar los problemas de base de la propuesta inicial: el de diseño y el de valor”. Sobre el primer punto “implica complementar la oferta con una serie de medidas de carácter institucional que permitan atender al núcleo del problema planteado por el ministro Guzmán: la sostenibilidad macroeconómica de los compromisos. La mejora estimada de valor por este factor es de u$s7,4”. Sobre el segundo habla de “la incorporación de tres endulzantes (sweeteners) a la oferta que permiten aumentar el valor de los nuevos bonos en hasta 13 dólares sin que esto implique un renunciamiento a los criterios de sostenibilidad de la deuda tal como la entienden el Gobierno y el FMI. La contribución conjunta de ambos factores permite cerrar la brecha que hoy separa a las expectativas de los acreedores y evitar así un default evitable”.

En el caso de los bonistas del exterior “friendly”, piden la mejora sustancial de la oferta inicial; basado en dos peticiones: un pago simbólico este año o en 2021 y una relación sobre valuación del mercado de los bonos por encima del 40% (hoy navegando entre el 35% y el 40%). También pedirán líneas generales sobre el plan económico y fiscal del país para que la presentación sea más sólida y algo novedoso: que la estrategia de acuerdos parciales que se desprende de la oferta presentada por Guzmán no se tenga en cuenta, y que se vuelva al criterio de los acuerdos generales del 75% general. Afirman los bonistas que pensar en este “crossover” que explicó el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) a la Securuty antes Exchange Commission (SEC), rompe el espíritu original de la propuesta y además tiene poca factibilidad en la practica ya que, aseguran, los grandes fondos de inversión actúan coordinadamente en esta negociación y tienen papeles en todas las opciones a negociar. O explicado de otra manera; afirman que tienen poder de bloqueo para cualquiera de las opciones si estas se negocian de manera diferenciada.

Según el analista Sebastián Maril, “para que la mejora en el canje sea realmente aceptable para los inversores externos, se debería evaluar desde el Gobierno tres frentes simultáneos: un endulzante (mejor cupón, pago cash, pago de intereses o una combinación de las tres alternativas); qué plan económico tiene el Gobierno en mente para garantizar que se pagará lo que se ofrece en el futuro y la aclaración sobre los aún muchos grises legales como la cláusula Rufo, las exclusiones en las series de bonos, etc”.

Lo concreto ante estos movimientos de los acreedores externos es que a partir de ayer los que están trabajando a destajo gastando las vías virtuales son los dos bancos asesores: el HSBC y el Bank of América. Por ahora, ambas entidades hacen su tarea desde sus sedes en Nueva York con el CGS&H como interlocutor oficial del Gobierno argentino, con lo que las posibilidades de avanzar son escasas. En estas horas lo que empieza a conocerse es la alternativa negociadora de los acreedores privados. Llegará pronto el tiempo de saber si desde Buenos Aires hay voluntad de apertura a la oferta o no. Y si la fecha del 8 de mayo (imposible de cumplir para los acreedores), es una pared o una ventana para prorrogar las negociaciones. Para los privados, la verdadera fecha de cierre es la del 22 de mayo, cuando termine de correr el tiempo de gracia que la ley le permite a la Argentina para no pagar el Global que venció la semana pasada.