Por Carlos Burgueño  - Los datos, por ahora preliminares, son escalofriantes. Se habla de una caída de la actividad económica de entre 7% y 8% del PBI para este año, con posibilidades ciertas de superar el 10%. La inflación de 40% para 2020 es ya una utopía, y llegó el tiempo de salir a defender un tope de entre 50% y 60% anual. La pobreza superará el 40%. La recaudación se ubicará un 40% por debajo de los datos del primer bimestre y habrá un océano entre el volumen de ingresos públicos y la inflación. El desempleo será récord. Hay cantidad de pymes en situación terminal y grandes empresas en un momento crítico.

Muchos nombres importantes de la industria, el comercio y los servicios están cerca de sucumbir, mientras gran parte de la clase política navega en las turbulentas aguas ideológicas de impulsar nuevos impuestos. El actual Gabinete económico de Alberto Fernández demostró, en muchas oportunidades dentro de esta demoledora crisis, estar a la altura de las circunstancias, y tener una capacidad de anticipación a los problemas que todos los días inevitablemente se presentan. Aún con errores (nadie puede pensar que no los pueda haber), la contención existe y hay un cierto clima de confianza en la conducción económica del país. Salvo en el inexplicable coqueteo con un default que, de concretarse (por el monto de la deuda sobre el PBI y la voluntad de diálogo de muchos de los tenedores de deuda), sería el más tonto de la historia. Sin embargo, se puede ser optimista aún y confiar en que finalmente todo se trata de un gran “póker de mentirosos” (tal como lo bautizó este diario) y que habrá un epílogo de acuerdo.

Sin embargo, aún en este último escenario de un acuerdo de deuda, la situación global excede cualquier buena voluntad y capacidad de reflexión para el mediano plazo. Y, así como convive con el Ministerio de Salud un muy eficiente y respetado Comité de Expertos que es el que analiza y toma decisiones sobre la forma, profundidad y vigencia de la cuarentena, quizás haya llegado el momento de pensar en que también se debe crear un grupo de profesionales probados y con experiencia que aconsejen al Gobierno sobre los gravísimos problemas que la crisis está creando en la macroeconomía argentina.

No hay mayores secretos para identificar el problema: mientras dure la cuarentena en su versión hard, el desarrollo de la actividad económica normal es imposible e inviable. Y en la medida en que esta se extienda, se salvarán vidas; pero más se estancará e inmediatamente después se desplomará la economía a niveles nunca conocidos por las actuales generaciones. Tanto la real como la financiera.

Imposibilitado el Gobierno, al menos por varias semanas, de liberar ampliamente actividades claves de la industria y el comercio, lo que sigue es sólo un plan de rescate de los primeros heridos (algunos leves, otros de gravedad, y pronto los habrá con serio riesgo de vida) para, en poco tiempo, atender a los casos más graves de supervivencia que, inevitablemente, comenzarán a aparecer. Serán empresas medianas y grandes conocidas por todos, con alto impacto público y laboral. Se pregunta de manera insistente sobre el porqué de la terquedad de los sanitaristas para limitar la actividad económica, al borde de la supervivencia.

Sólo un dato bastará para justificar la decisión: al lunes de esta semana, con la situación bastante bajo control, las camas de terapia intensiva de todo el país del sistema público de salud estaban ocupadas al 50%. Si la situación se desbordara levemente, ese porcentaje llegaría al peligroso 100%. Ni hablar si el incremento fuera exponencial. Y, luego, la situación se desbordaría y en consecuencia, las pocas actividades que hoy funcionan (como el transporte público) volverían a restringirse o directamente prohibirse. En consecuencia, y al menos por varias semanas más (quizá meses), las restricciones fuertes a la actividad económica continuarán firmes. Y así, mientras este sea el dato a monitorear, el Comité de Expertos sanitaristas que aconsejan al Presidente seguirán teniendo el mayor poder de influencia sobre el grado de apertura o cierre de la actividad industrial, comercial y financiera. En síntesis: las restricciones actuales (con flexibilizaciones menores) para la economía son un dato que habrá que aceptar.

Es el momento entonces de pensar en ideas nuevas, creativas, profesionales, serias y despojadas de grietas y egoísmos. Y que provengan de un consejo con poder de reunión y respeto similar al prestigioso y poderoso comité de sanitaristas que, correctamente, está asesorando al Presidente. Quizá llegó el momento de llamar a economistas argentinos para que se ocupen ante la emergencia, de pensar medidas urgentes que ayuden a que el inevitable golpe que tendrá la producción del país sea lo menos doloroso y con menores consecuencias directas posibles, preservando como norte fundamental el mantenimiento de la estructura productiva, fiscal y financiera del país para que se soporte el momento y pueda permitir pensar el futuro de manera inmediata luego de terminada la cuarentena. Quizás estamos ante las circunstancias de pensar en el patriotismo de los economistas argentinos. En su experiencia. En su profesionalismo. Y en que ante la grave y severa crisis, mucho pueden aportar. Sin grietas embrutecedoras ni cegueras ideológicas de ninguno de los extremos. Para bendición, nombres sobran. Acá sólo se expondrán algunos, cuya voluntad y conocimiento, se sabe, son probadas: Roberto Lavagna, Carlos Rodríguez, Ricardo Arriazu, Carlos Melconian, Daniel Marx, Guillermo Calvo, Claudio Loser, Mario Blejer, Martín Redrado, Emanuel Álvarez Agis, Alfonso Prat Gay, Gabriel Rubinstein. También, y sin importar ideologías, a empresarios como Eduardo Costantini, Jorge Brito o Eduardo Escasany, u otros que estén vinculados directamente con el sistema financiero y puedan dar su visión sobre cómo están latiendo los mercados en estos días. La condición es que no sean funcionarios en la actualidad, para que puedan tener criterios libres de pensamiento y propuestas desencadenadas de presiones oficiales.

Los nombres siguen, pero se debería elegir entre no más de cinco a siete economistas, para que el debate de ideas y propuestas tenga agilidad sin perder versatilidad. No hay que temer al debate ideológico entre estos profesionales. Ni a la posibilidad de diálogo. Es habitual que todos ellos compartan paneles y seminarios en todo el país y el mundo, y que el diálogo sea entre caballeros. Y que, incluso, lleguen a más coincidencias que las que se presumen antes que se abra la discusión. Más teniendo en cuenta que se trata de una situación extrema en la que lo que se deberá exponer es patriotismo y profesionalismo extremo. Todos los nombrados (y muchos más) están preparados para un debate amplio y patriótico.

El temario sobre el que debería trabajar este comité también deberá ser limitado a no más de tres o cuatro capítulos. Y, entre ellos, los que no deberían dejar de tocarse serían los siguientes:

Relación con el sistema financiero. La principal meta que tiene en este capítulo hoy el país es evitar el default. Pero nadie puede garantizarlo. Y aunque se logre, todo el sistema de endeudamiento argentino de largo plazo habrá que revisarlo y refundarlo. Nunca más Argentina debería entrar en una situación como la que, vergonzantemente, vivió con 19 años de diferencia. Definir cómo hará el país para lograr financiamiento para volver a crecer, cuando vuelva a hacer las paces con los mercados internacionales, sería la primera gran tarea de este grupo de expertos.

Política monetaria e inflación. Es un hecho que la única manera en la emergencia que tuvo y tiene el Gobierno para sostener la capacidad de compra y sostenimiento del mercado interno ante el estallido de la crisis provocada por la pandemia y la posterior cuarentena es la emisión. En una reciente entrevista con este diario, lo reconoció el mismo Carlos Rodríguez, quizá el más serio representante de la escuela de Chicago que tiene el país. Todos reconocen, y hasta aceptan, que la medición de la inflación de este 2020 sufrirá un incremento importante. Es fundamental que el grupo de expertos estudie y analice la manera de fiscalizar la política monetaria aplicada ante la emergencia, y la manera en que la presión sobre los precios se mantenga controlada. Y, posteriormente, cómo restringir la velocidad del dinero cuando la cuarentena comience a flexibilizarse. Y, cruzado con el problema de la emisión, el manejo del inevitable déficit fiscal que generará esta política expansiva.

Relación con el FMI y los organismos financieros internacionales. El mayor problema que tiene en país para afrontar la emergencia es la falta de divisas genuinas para poder aplicar un plan de recuperación de la economía. La restricción parte de la escasez de reservas, la debilidad de las exportaciones y la imposibilidad siquiera de pensar en algún tipo de financiamiento interno y externo. Más si avanzan proyectos de impuestos a los únicos que podrían aportarlo. El grupo de expertos debería tener como objeto de análisis posibles fuentes de financiamiento; incluyendo la posibilidad de avanzar en un nuevo acuerdo con el FMI, que implique la posibilidad de rearmar el stand by vigente y la liberación de los casi u$s5.400 millones que aún el país tiene disponibles. Esto sumado a los casi u$s3.500 millones que el Fondo Monetario ya tiene asignado como plan de contingencia por el estallido del coronavirus. También debería ser responsabilidad del grupo analizar los destinos de esos fondos, para evitar que nuevamente financien corridas cambiarias y fuga de divisas.

El futuro. El comité de expertos economistas tendría también un rol fundamental: pensar la manera en que, una vez terminada la cuarentena, el país podría poder en marcha un plan de crecimiento que se acelere todo lo posible; reduciendo en tiempo récord los grandes porcentajes negativos. Si se tiene en cuenta que la economía argentina viene cayendo en los últimos tres años y que hace 10 que está estancada; y que, en el mejor de los casos, la pandemia provocará que el país acumule 12 años sin crecer (más de una década perdida), llegó el momento de reconocer que el país tiene un problema muy serio que la cuarentena sólo profundizó.

Habrá llegado el momento de que la clase política en su conjunto reconozca que la economía del país es destructora de riqueza y no generadora de expectativas. Y que, sin importar los gobiernos del pasado y el actual, no habráGgobierno que pueda torcer ese destino. Las últimas declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, llamando a abandonar la visión dolarizadora del inversor nacional, al afirmar que “Argentina necesita generar capacidad de ahorro en su propia moneda”, es sólo un nuevo capítulo del voluntarismo que cada presidencia ve pasar sin lograrlo. Habrá llegado el momento de que la clase política lo reconozca. Y crear un grupo de expertos será un muy buen primer paso.