Las entidades del sistema financiero desembolsaron $91.366,9 millones en créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con la línea especial a una tasa de interés anual máxima del 24% que lanzó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El conjunto de entidades del sistema financiero argentino tiene créditos aprobados por $116.654 millones -de los cuales llevan desembolsados el 78,3%- y otros $ 31.047 millones en proceso de aprobación, totalizando $147.701 millones.

Además, el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) entregó avales para que las entidades financieras dispongan de nuevos créditos por $92.020 millones.

Del monto desembolsado, fueron a empresas prestadoras de servicios de salud $3.482,1 millones, alcanzadas por la normativa más allá de su tamaño y en el marco de la política nacional de prevención del COVID-19.

La línea completa de financiamiento MiPyMEs aprobada por el BCRA es de al menos 220 mil millones de pesos.

Los tres grupos de acreedores privados del país se unieron para hacerle una contraoferta al Gobierno y evitar un default

Por Martín Kanenguiser - Los tres comités de acreedores privados de la Argentina comenzaron a preparar una contraoferta formal para negociar con el Gobierno, que eleve el valor de la propuesta oficial y permita llegar a un acuerdo.

La intención de los tres grupos es unificar sus ideas en un solo escrito y presentarlo ante el Ministerio de Economía, al considerar que la propuesta original fracasará en forma rotunda.

Se trata de los comités que forman Blackrock, Fidelity y Ashmore; Greylock y UBS con más de 70 fondos; y Monarch con Cyrus, entre otros.

Los bonistas valúan la oferta argentina entre 35 y 40 dólares y creen que debería llegar a un rango de 55 a 60 dólares para aceptar.

La alternativa es plantear un acuerdo de extensión de plazos (standstill) hasta que la economía global se normalice cuando pase el pico de la pandemia por el coronavirus. “Se hizo en Ecuador hace pocas semanas y los grandes acreedores somos los mismos”, indicó a Infobae una de las fuentes que integran estos grupos.

Cabe recordar que el pasado lunes los tres comités ya expresaron -por separado pero casi en simultáneo- su rechazo a la oferta del Gobierno y le pidieron que negociara de “buena fe”.

Las fuentes indicaron que, si no hubiera una modificación a la propuesta original, “la aceptación en el exterior no superará el 10 por ciento”.

 “Pueden llegar a un 30% en total con los inversores argentinos, no más que eso”, sentenció.

Aún los inversores más dialoguistas se sienten decepcionados con el enfoque que adoptó el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Un académico no puede resolver problemas prácticos y Joseph Stiglitz y Martín son académicos”, sentenciaron.

 “Estábamos esperando que aceptaran el consejo de sus asesores financieros, pero por ahora no ocurrió”, indicó.

En este sentido, consideraron “complicada” la idea de hacer canjes parciales, como se incluyó en la oferta aprobada esta semana por la comisión de valores de los Estados Unidos.

“Estábamos esperando que la Argentina no repitiera la estrategia que desarrolló en los últimos 15 años para negociar la deuda, pero lo hizo nuevamente. Esta oferta refuerza su mala reputación”, indicó una de las fuentes.

“Es una lástima porque el ministro quiere hacer algo bueno por el país, pero no hubo una negociación. Si tratan de hacer lo mismas veces, van a volver a fracasar”, indicó.

En el canje del 2005, la Argentina llegó a una aceptación del 76%, con una muy alta participación de inversores locales y muy baja de extranjeros. En 2010 el porcentaje subió al 93%, pero el 7% restante quedó vedado para negociar, por lo que el Gobierno terminó perdiendo los casos judiciales en Nueva York.

Ahora, los inversores creen que ese panorama de litigios todavía está lejos. “Con algunos ajustes pequeños para los bonos de largo plazo podríamos llegar a un acuerdo”, reconoció la fuente.

Una y otra vez, los inversores trataron de buscar otros interlocutores para negociar por fuera de Guzmán. Uno fue el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, que les expresó que la negociación la lleva adelante solamente el ministro.

“El ministro es muy testarudo. Y el Gobierno ha dejado las cosas en sus manos. Si él piensa que va a conseguir un porcentaje de aceptación alto, ¿por qué va a sentarse a negociar con nosotros en las próximas semanas’”, se preguntó la fuente con un alto grado de escepticismo.

Además, el problema es que “no se trata de retocar solo uno o dos detalles de la oferta, sino rearmarla, porque está muy mal diseñada en su conjunto”, se quejó.

“El diseño de la oferta es tan malo que hay que ajustar toda la estructura. Creo que la única manera de lograrlo es que los acreedores salgamos públicamente con una contraoferta. La estamos elaborando porque ésta no la vamos a aceptar”, explicó.

Economía, afirmó, “están apostando a que mucha gente que compró sus bonos a precios muy bajos va a aceptar una oferta que valga menos de 40, pero la mayoría de los acreedores compró a un promedio más alto”.

“Los acreedores muy grandes sabemos que si aceptamos esta oferta estamos generando un precedente muy negativo que van a utilizar otros países en el futuro”, advirtió.

Por esta razón, más allá de sus diferencias internas, se decidieron a conversar entre los tres comités para poner sobre la mesa una contraoferta que llegue lo más directamente posible a manos del presidente Alberto Fernández.

 “El Presidente debe entender que, más allá de la ganancia de corto plazo, si llega a un acuerdo recuperará parte de la confianza que perdió el país en los últimos años”, expresó.

Esto se reflejará, agregó, tanto en el plano financiero local como en la posibilidad de volver a acceder a los mercados internacionales. Eso, detalló, será positivo para el Gobierno, las provincias y el sector privado en un contexto tan crítico por la pandemia del coronavirus.

“Habrá un punto en el que Alberto Fernández deberá escoger”, advirtió.

Para los bonistas, el Gobierno se equivoca al dar por descontado el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplicarles una quita agresiva, tal como lo sugirió el staff del organismo en una nota técnica.

“El Fondo no va a avalar una propuesta así”, concluyó la fuente, sin dar precisiones sobre los frecuentes contactos que mantienen con el Tesoro y con los directores de los países del G7 en el organismo.