Por Martín Kanenguiser - Los tres comités de acreedores privados
de la Argentina comenzaron a preparar una contraoferta formal para negociar con
el Gobierno, que eleve el valor de la propuesta oficial y permita llegar a un
acuerdo.
La intención de los tres grupos es unificar sus ideas en un solo escrito
y presentarlo ante el Ministerio de Economía, al considerar que la
propuesta original fracasará en forma rotunda.
Se trata de los comités que forman Blackrock, Fidelity y Ashmore; Greylock
y UBS con más de 70 fondos; y Monarch con Cyrus, entre otros.
Los bonistas valúan la oferta argentina entre 35 y 40 dólares y creen
que debería llegar a un rango de 55 a 60 dólares para aceptar.
La alternativa es plantear un acuerdo de extensión de plazos (standstill)
hasta que la economía global se normalice cuando pase el pico de la pandemia
por el coronavirus. “Se hizo en Ecuador hace pocas semanas y los grandes
acreedores somos los mismos”, indicó a Infobae una de
las fuentes que integran estos grupos.
Cabe recordar que el pasado lunes los tres comités ya expresaron -por
separado pero casi en simultáneo- su rechazo a la oferta del Gobierno y le pidieron que negociara de “buena fe”.
Las fuentes indicaron que, si no hubiera una modificación a la propuesta
original, “la aceptación en el exterior no superará el 10 por ciento”.
“Pueden llegar a un 30% en total
con los inversores argentinos, no más que eso”, sentenció.
Aún los inversores más dialoguistas se sienten decepcionados con el
enfoque que adoptó el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Un académico
no puede resolver problemas prácticos y Joseph Stiglitz y Martín son
académicos”, sentenciaron.
“Estábamos esperando que
aceptaran el consejo de sus asesores financieros, pero por ahora no ocurrió”,
indicó.
En este sentido, consideraron “complicada” la idea de hacer canjes
parciales, como se incluyó en la oferta aprobada esta semana por la comisión de
valores de los Estados Unidos.
“Estábamos esperando que la Argentina no repitiera la estrategia que
desarrolló en los últimos 15 años para negociar la deuda, pero lo hizo
nuevamente. Esta oferta refuerza su mala reputación”, indicó una de las
fuentes.
“Es una lástima porque el ministro quiere hacer algo bueno por el país,
pero no hubo una negociación. Si tratan de hacer lo mismas veces, van a volver
a fracasar”, indicó.
En el canje del 2005, la Argentina llegó a una aceptación del 76%, con
una muy alta participación de inversores locales y muy baja de extranjeros. En
2010 el porcentaje subió al 93%, pero el 7% restante quedó vedado para
negociar, por lo que el Gobierno terminó perdiendo los casos judiciales en
Nueva York.
Ahora, los inversores creen que ese panorama de litigios todavía está
lejos. “Con algunos ajustes pequeños para los bonos de largo plazo
podríamos llegar a un acuerdo”, reconoció la fuente.
Una y otra vez, los inversores trataron de buscar otros interlocutores
para negociar por fuera de Guzmán. Uno fue el presidente de la cámara de
Diputados, Sergio Massa, que les expresó que la negociación la lleva
adelante solamente el ministro.
“El ministro es muy testarudo. Y el Gobierno ha dejado las cosas en sus
manos. Si él piensa que va a conseguir un porcentaje de aceptación alto, ¿por
qué va a sentarse a negociar con nosotros en las próximas semanas’”, se
preguntó la fuente con un alto grado de escepticismo.
Además, el problema es que “no se trata de retocar solo uno o dos
detalles de la oferta, sino rearmarla, porque está muy mal diseñada en su
conjunto”, se quejó.
“El diseño de la oferta es tan malo que hay que ajustar toda la
estructura. Creo que la única manera de lograrlo es que los acreedores salgamos
públicamente con una contraoferta. La estamos elaborando porque ésta no la
vamos a aceptar”, explicó.
Economía, afirmó, “están apostando a que mucha gente que compró sus
bonos a precios muy bajos va a aceptar una oferta que valga menos de 40, pero la
mayoría de los acreedores compró a un promedio más alto”.
“Los acreedores muy grandes sabemos que si aceptamos esta oferta estamos
generando un precedente muy negativo que van a utilizar otros países en el
futuro”, advirtió.
Por esta razón, más allá de sus diferencias internas, se decidieron a
conversar entre los tres comités para poner sobre la mesa una contraoferta que
llegue lo más directamente posible a manos del presidente Alberto
Fernández.
“El Presidente debe entender que,
más allá de la ganancia de corto plazo, si llega a un acuerdo recuperará parte
de la confianza que perdió el país en los últimos años”, expresó.
Esto se reflejará, agregó, tanto en el plano financiero local como en la
posibilidad de volver a acceder a los mercados internacionales. Eso, detalló,
será positivo para el Gobierno, las provincias y el sector privado en un
contexto tan crítico por la pandemia del coronavirus.
“Habrá un punto en el que Alberto Fernández deberá escoger”, advirtió.
Para los bonistas, el Gobierno se equivoca al dar por descontado el
respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplicarles una quita
agresiva, tal como lo sugirió el staff del organismo en una nota técnica.
“El Fondo no va a avalar una propuesta así”, concluyó la fuente, sin dar
precisiones sobre los frecuentes contactos que mantienen con el Tesoro y con
los directores de los países del G7 en el organismo.
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