Por Karina Poritzker - Tiene un embargo por cinco mil millones de pesos. Está procesado y en la cárcel como presunto jefe de una banda que creó o compró sociedades usadas como pantalla para girar millones de dólares al exterior con falsas declaraciones juradas de importación. Es uno de los tantos que intenta quedar libre por la pandemia del coronavirus. 

Se trata del empresario coreano Sung Ku Hwang, más conocido como "Mr Korea". Argumenta que tiene problemas de salud y destaca que es un "arrepentido". La fiscalía aceptó excarcelarlo, pero el Tribunal que prepara el juicio en su contra rechazó sus argumentos. La palabra final la tiene ahora la Cámara Federal de Casación. 

Reclamos de este tipo por excarcelaciones o arresto domiciliario, como el que acaba de beneficiar al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, se acumulan con suerte dispar en los juzgados durante la feria extraordinaria por el Covid-19.

Y los empresarios y ex funcionarios presos por corrupción, contrabando y otros delitos no se quedan atrás. Todos dicen tener miedo al contagio.

Diferentes casos

El ex jefe de la División Control y Fiscalización Operativa de la Aduana Osvaldo Giacumbo, por ejemplo, seguirá en prisión. Está condenado a seis años y seis meses por asociación ilícita y contrabando agravado por intentar ingresar al país seis contenedores con mercadería en forma ilegal. 

"El sistema sanitario del Estado, aún en el marco de la población carcelaria, ofrece en este momento una respuesta adecuada y razonable tendiente a tutelar el derecho a la salud de los internos, circunstancia incluso aplicable a Giacumbo", remarcó Casación al negarse a dejarlo en libertad.

La misma suerte corrió el también preso empresario Mariano Martínez Rojas: pidió ser excarcelado por la necesidad de que se le garantice "el derecho a la salud evitando la propagación del virus Covid-19" por problemas de salud que dijo padecer.

En muchos casos se rechazan las liberaciones pero se abren incidentes para considerar si es posible el arresto domiciliario.

Esto le pasó a Lázaro Báez, incluído dentro del grupo de riesgo, pero el juez Daniel Obligado del Tribunal Oral Federal 4 rechazó ambas posibilidades. Es el mismo magistrado que ahora concedió a Boudou la posibilidad de cumplir en su casa la condena a cinco años y diez meses de prisión por la venta de la ex Ciccone Calcográfica en el kirchnerismo, al menos hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie sobre un recurso pendiente.

Su socio y amigo, José María Nuñez Carmona, acaba de reclamar el mismo beneficio para viajar a Mar del Plata, quedar preso en su domicilio de la ciudad turística y cuidar a su mamá de 93 años, aislada por el coronavirus.

Otra figura a la que se acude en la emergencia es la de la prisión domiciliaria "transitoria", como se le otorgó al condenado Luis D’Elia en la causa por la toma de una comisaría en La Boca.

Quienes no parecen tener suerte son los empresarios y ex funcionarios condenados por la tragedia del tren de Once.

Como dispone la normativa, antes de resolver en este tipo de planteos que hacen a la ejecución de la pena cuando hay condena, debe pedirse opinión a las víctimas, en un paso "sustancial".

En los casos del empresario Claudio Cirigliano y sus ex directivos de TBA Víctor Astrella y Jorge Alvarez hubo una cerrada oposición por parte de familiares de las 52 víctimas del choque en la estación de Once en febrero de 2012.

Los tres seguirán en cárcel común al igual que los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, condenados en la misma causa penal.

La defensa de Cirigliano argumentó, por ejemplo, que por su salud y la propagación del Covid-19 tiene un "altísimo riesgo de vida" y necesita "aislarse de inmediato en un ambiente higiénico e individual" para continuar su detención, "lejos de terceros que se encuentren en permanente circulación, como lo son otros internos, personal de servicio penitenciario y visitas de otros internos".

Como en los demás casos, los tribunales entienden que en la cárcel aún no hay contagios, que se tomaron los medios necesarios para extremar la prevención, se suspendieron las visitas y se ordenó garantizar la salud y la higiene

Pertenecer a un grupo de riesgo ante la pandemia no implica que se otorgue de forma automática la excarcelación o el arresto domiciliario mientras el Estado se halle en condiciones "suficientes y razonables" de garantizar la prevención, acuerdan los jueces hasta el momento.

Boudou y D’Elia parecen ser por ahora los únicos ex funcionarios que lograron irse a su casa con tobillera electrónica en medio de la pandemia.