Por Enrique Pizarro - Ante las normativas para prevenir la propagación de la pandemia en el país, las cuales según se prevé lograrán profundizar y extender la recesión local, el Gobierno anunció el miércoles un paquete de medidas económicas y sociales de contención para mitigar el impacto. Entre las medidas se destacan créditos para pyme, quita de contribuciones patronales para los sectores más afectados, bonificación extraordinaria para jubilados que perciben la mínima y beneficiarios de la AUH, fiscalización de precios, entre otros. 

Según el Gobierno, estas medidas “tienen el objetivo de garantizar la producción, el trabajo y el abastecimiento en un momento difícil para el mundo”. De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, dicho paquete implica cerca de dos puntos del PIB. Sin embargo, hay objeciones en cuanto al enfoque y dudas sobre la efectividad del mismo.

“El paquete anunciado por el Gobierno le erra al objetivo. La mayoría de estas medidas buscan empujar la demanda, con un mix de mayor gasto público y financiamiento barato (y dirigido). Sin embargo, el impacto inicial del shock del coronavirus va a venir del lado de la oferta cuando se empiecen a sentir los efectos del ‘distanciamiento social’ (por ahora limitado) y se estrese la situación financiera de muchas empresas”, advirtió ante El Economista Matías Carugati, Director Ejecutivo de Seido. 

Gabriel Caamaño, director de la consultora Ledesma, coincidió en que lo que más se necesita en este momento son medidas de alivio para la oferta, principalmente mediante la reducción de la carga impositiva para que las empresas puedan tener mayor oxígeno para pagar sueldos a pesar de que la productividad de los empleados sea menor durante estas semanas. 

“No es un tema de demanda, porque a los sectores a los que se le cae la demanda, por más que se le ponga plata en el bolsillo a la gente, no se la va a poder recuperar porque son precisamente las medidas de prevención las que están generando la caída de la demanda, como ocurre en el caso de restaurantes, cines, shoppings, turismo, entre otros”, explicó Caamaño en diálogo con este medio.

“En nuestra visión, las medidas están excesivamente orientadas a sostener la demanda, cuando lo que se requiere es un alivio tributario mucho más significativo y generalizado”, indicaron desde el Grupo SBS. “Las autoridades arriesgan pagar un alto costo fiscal por un programa que podría terminar siendo inefectivo y probablemente deberá financiarse con emisión”, advirtieron.

En ese sentido, de acuerdo con Carugati, estas medidas pueden además traer riesgos concretos ya que presionan el panorama fiscal (y, por ende, la negociación de la deuda soberana) y el programa monetario, el cual ya viene estresado, entre otras cosas, por la dominancia fiscal. En enero (último dato disponible), el resultado fiscal primario fue deficitario por $ 3.766 millones, lo que cortó la racha de treinta meses consecutivos con resultados positivos en cuanto a consolidación fiscal.

“Los anuncios del Gobierno fueron pésimos”, aseguró Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, a este diario. “Buena parte de la caída de ayer en bancos y bonos se deben a esto. Lamentablemente, no tomaron las mejores medidas. Creen que el peso es reserva internacional y que pueden ponerse a emitir dinero y crear créditos sin consecuencias serias”, agregó Mazza, en referencia al respectivo impacto en la inflación que tendrá la emisión para llevar adelante estas iniciativas.

“El Gobierno está corriendo detrás del problema: no es capaz de adelantarse a los hechos”, apuntó Mazza. “Lo relevante ahora es cómo nos recuperaremos de esta crisis, y tirando dos puntos del PIB al sistema no calculando la pérdida fiscal, que podría ser muy grande, es un error. Entiendo la desesperación, pero lo peor que nos podría pasar ahora es un descontrol monetario”, remarcó.

Por su parte, en dirección opuesta, el economista jefe de Elypsis, Martín Kalos, considero que las medidas anunciadas por el Gobierno son razonables en este contexto. “Hay que entender estas medidas teniendo en cuenta el poco espacio fiscal que le queda a un Gobierno que está a la vez renegociando una deuda en su totalidad e intentando empezar a salir de una crisis que lleva dos años sin detenerse”, afirmó ante El Economista. 

“En ese contexto, el coronavirus obliga a cambiar un poco la política que se estaba llevando a cabo de austeridad selectiva y a aumentar el gasto público y volcar recursos tanto privados como públicos dirigidos en la economía. Y en ese sentido es correcto pensar que las políticas se hayan enfocado en los sectores más golpeados por esta crisis, como los sectores de trabajadores que van a ver mermados sus ingresos por la menor actividad durante estas semanas o como los jubilados, que podrían necesitar ingresos extras para afrontar posibles gastos en salud y cuidados”, sostuvo.

No obstante, Kalos añadió que posiblemente lo que le falta a este paquete es sumar medidas para atender al sector monotributista, al cual se le podría dar algún tipo de facilidad, posposición o condonación de al menos la carga del monotributo. “Pero, en general, son medidas apropiadas para el contexto y para complementar a la política de salud pública, que es la prioritaria en este momento”, reiteró.

En esa misma línea, Sergio Chouza, economista y docente de la Universidad de Avellaneda, destacó la decisión del Gobierno. “Como dijo el Presidente, no es momento para poner como prioridad los equilibrios fiscales, sino para garantizar la presencia del Estado. Vía efectos multiplicadores del gasto, es posible que estas medidas reduzcan el shock negativo sobre el PIB. Es precipitado arriesgar una magnitud, pero no hay dudas de que hoy el principal driver que puede mover a la macroeconomía es una posibilidad de reactivación en el mediano plazo. Sin esta política expansiva frente al shock financiero global, se retrasarían las perspectivas de recuperación y, con ello, se resentiría aún más la sustentabilidad de nuestra posición financiera”, afirmó.