Por Candela Ini - El fiscal Diego Luciani volverá hoy a tomar la palabra en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner está acusada de favorecer la corrupción en la obra pública de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.

Luciani rechazará los planteos de nulidad que lanzaron en las últimas audiencias los abogados de los acusados con el objetivo de frenar la causa, y se prevé que no haga réplicas, una instancia que estiraría los plazos. Luego, los jueces definirán la fecha del veredicto, que llegará antes de fin de año.

El avance de la causa se suma al difícil escenario judicial de la vicepresidenta en lo que queda del año. En las próximas semanas se definirá si se reabren el caso Hotesur y el del pacto con Irán, en los que logró ser beneficiada con sobreseimientos.

En paralelo, protagoniza una disputa con la Corte, que rechazó su maniobra para quedarse con el lugar de la oposición en el Consejo de la Magistratura.

Diego Luciani FISCAL FEDERAL se prevé que Luciani no recurra a las denominadas réplicas, una instancia que podría estirar los plazos del juicio por Vialidad

Cristina Kirchner enfrentará un fin de año judicial complejo. No solo porque se conocerá en las próximas semanas la sentencia del juicio oral por la causa conocida como Vialidad, en la que está acusada junto al empresario Lázaro Báez. La agenda judicial de la vicepresidenta tiene por delante fuertes definiciones respecto de causas que fueron cerradas el año pasado y que son revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal: los casos Hotesur-Los Sauces y memorándum con Irán. Además, víctima del intento de asesinato que sufrió hace poco más de dos meses, Cristina Kirchner exhibe un gran descontento por los resultados que arroja la investigación sobre ese hecho y las circunstancias que lo rodean.

Hoy, el fiscal Diego Luciani tomará la palabra en el juicio oral después de un cuarto intermedio de dos semanas y rechazará los planteos de nulidad que presentaron dos abogados que intervienen en la causa Vialidad.

Se prevé que Luciani no haga réplicas, una instancia que podría estirar los plazos porque llevaría a hablar nuevamente a los abogados defensores.

Luego, los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, convocarán a la audiencia para que los imputados puedan decir sus últimas palabras.

Antes también debe responder la Unidad de Información Financiera (UIF), a la cual el tribunal le corrió traslado para que se exprese.

Los jueces, luego de responder formalmente los planteos de nulidad, darán a conocer su veredicto.

Aunque el tribunal mantiene un fuerte hermetismo, varios de los abogados que intervienen en la causa y que conocen a fondo la dinámica del juicio creen que se dictará una sentencia condenatoria para una gran parte de los acusados.

Cristina Kirchner dijo en más de una oportunidad que el tribunal tiene la sentencia “escrita y firmada”. Este es uno de los frentes judiciales que más complican su horizonte.

Pero no es el único. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal tiene en sus manos resolver el planteo para revocar el sobreseimiento de la vicepresidenta y sus hijos en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, que fue cerrada por el Tribunal Oral Federal 5 hace un año sin que se realizara el juicio oral.

En una audiencia desarrollada la semana pasada, el fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar pidió revocar los sobreseimientos y que se haga el juicio oral.

La segunda audiencia se realizará el 22 de noviembre y, a partir de entonces, los jueces de esa sala, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, tendrán un plazo de 20 días hábiles para tomar una decisión sobre el futuro del caso.

En su rol de querellante, la vicepresidenta tampoco recibió de Comodoro Py las noticias que esperaba.

La causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti por el atentado que sufrió Cristina Kirchner el 1° de septiembre en la puerta de su casa del barrio porteño de Recoleta está cerca de ser elevada a juicio oral, una decisión que, según adelantaron desde el entorno de la vicepresidenta, sería fuertemente cuestionada por ella y sus abogados.

Esto es porque plantean que Capuchetti no investiga a fondo los supuestos vínculos de los procesados por la autoría material del hecho con la agrupación Revolución Federal (investigada en otro juzgado) y con la supuesta responsabilidad del diputado Gerardo Milman. La vicepresidenta adelantó la semana pasada que tenía decidido recusar a Capuchetti. La jueza desechó que existan elementos sólidos para vincular al atacante de la vicepresidenta con el grupo Revolución Federal, como pretende el kirchnerismo.

Otro frente con la Corte

Por otro lado, fuera de Comodoro Py, pero incluso con un mayor impacto político, recrudeció en la última semana el enfrentamiento entre el kirchnerismo y la Corte Suprema de Justicia por el Consejo de la Magistratura. El fallo que firmó el máximo tribunal anuló la partición del bloque que hizo Cristina Kirchner para tener un representante más en el Consejo de la Magistratura y falló a favor del senador Luis Juez, quien entendía que le correspondía integrar el organismo por la segunda minoría. Así, la Corte desactivó la maniobra orquestada por la vicepresidenta para ganarle un lugar a Pro en el organismo que nombra y sanciona a los jueces. El kirchnerismo sacó un comunicado que dijo que el fallo de la Corte es “inaplicable”.

En este escenario hay un fallo que se avecina y podría significar un alivio para la vicepresidenta: la misma sala que revisa el caso Hotesur-Los Sauces tiene pendiente, también, decidir si cierra definitivamente la causa por la firma del memorándum con Irán o si revoca el fallo del Tribunal Oral Federal 8, que cerró el caso por inexistencia de delito.

La DAIA y la querella que representa a algunos familiares de víctimas del atentado contra la AMIA pidieron revertir la decisión y reclamaron que se haga el juicio oral por la causa que surgió a raíz de la denuncia de Alberto Nisman.

La semana pasada las querellas expusieron en una audiencia ante los jueces de Casación sus argumentos para que el caso sea reabierto y, por el contrario, las partes pidieron que la decisión del TOF 8 sea confirmada.

Tanto las defensas como las querellas creen que el caso quedará definitivamente cerrado.