Por Natalia Volosin - La Corte Suprema puso las cosas en su lugar y, antes de que se vencieran los mandatos de los actuales integrantes del Consejo de la Magistratura, sacó al senador Martín Doñate (Frente de Todos) de la silla que, por una ingeniosa trampa, ocupaba desde abril, y se la entregó a su justo inquilino, el senador Luis Juez (PRO). En el medio, además, dejó una pista que podría vincularse con los casos de corrupción que desvelan a la vice.

El conflicto se inició con el famoso fallo por el que el tribunal, en diciembre de 2021, declaró inconstitucional la integración del organismo definida en una reforma que Cristina Fernández había promovido en 2006. El cuestionamiento fue que, al reducir la integración de 20 a 13 y fijar el quórum en 7, se había habilitado al denominado “estamento político” a decidir cuestiones de administración y disciplina sin siquiera convocar a los demás. Y, mientras se eliminó a la segunda minoría, el oficialismo retuvo todas sus fichas.

La Justicia se tomó 15 años, pero un buen día dijo hasta aquí llegó mi amor. La Corte le dio seis meses al Congreso para dictar una nueva ley o para readecuar su integración, quórum y mayorías a la de 1997. No hubo nueva ley y, finalmente, el Consejo volvió a su composición original de 20 miembros, a tener como cabeza al presidente del propio Tribunal Supremo y, también, a la importantísima participación de las minorías.

Como sabemos, esto enfureció al oficialismo, que salió con los tapones de punta y que, desde entonces, oscila entre pedir la renuncia de los cuatro supremos o fogonear insólitos proyectos de ampliación para, previa negociación de designaciones con la siempre golosa UCR, licuar a los cortesanos. La batalla actual, que es solo una de muchas en esta guerra nuclear por el manejo del Poder Judicial y que a la vicepresidenta, por las razones que tú ya sabes, le interesa más que a mí ver a Messi levantando la copa, se vincula con el temita de las minorías.

¿Qué pasó? Bueno, al principio, Cristina Fernández dijo —vía Oscar Parrilli— que el fallo de la Corte era un golpe institucional y que no lo iban a respetar. ¿En castellano? Que, aunque la segunda minoría en el Senado (PRO) propusiera a su representante (Luis Juez), la vice no firmaría la designación. Incluso intentaron violarlo con una decisión extravagante de un juez federal de Paraná de nombre Daniel Alonso, quien se autopercibió más alto que la Corte y le prohibió al Senado y a Diputados hacer las designaciones de los nuevos representantes.

En diputados la cuestión se resolvió, pues su entonces presidente, Sergio Massa, finalmente le puso el gancho a Roxana Reyes, propuesta por la UCR como delegada de la segunda minoría. Pero en el Senado la vice siguió con la lapicera bajo llave, ahora amparada por un juez federal. La Corte, por supuesto, dijo tú no has ganado nada, anuló lo decidido por Alonso en Paraná, mandó todo al propio Consejo para que investigara su posible mal desempeño y aclaró que se le debía tomar juramento a los nuevos integrantes que ya estaban en condiciones de asumir.

Esto fue un lunes. Era el primer día hábil después del fin de semana largo de Pascuas. ¿Por qué tanto apuro? Porque ya estaba vencido el plazo de seis meses que había dado el tribunal para dictar una nueva ley o designar conforme a la original de 1997 y, si no se avanzaba con la nueva integración, todo lo que hiciera el Consejo a partir de entonces sería nulo.

Listo, game over, dijimos. A Cristina no le va a quedar otra que darle la silla a Luis Juez. Pero no. El martes, ya casi madrugada del miércoles, mientras el PRO le seguía pidiendo que firmara la designación de su representante, la vice mandó a partir milimétricamente en dos el bloque mayoritario del oficialismo, creando una ficticia segunda minoría denominada “Unidad Ciudadana”, comandada por Juliana Di Tullio. Este bloque propuso como representante ante el Consejo a Martín Doñate, a quien la vice sí le puso el sellito formal y que, desde entonces (abril) viene actuando como consejero.

Gol con la mano. Trampa. No al PRO, a la democracia. ¿Por qué? Porque el momento legalmente relevante para identificar a la segunda minoría no era aquel martes a la noche, sino cuando la Corte resucitó la ley original (diciembre de 2021) o, a lo sumo, el 15 de abril, cuando se cumplió el famoso plazo de seis meses.

En principio, las mayorías y minorías deberían identificarse al momento de la designación para reflejar los cambios que puedan producirse por la fluidez propia de la política. Esto es lo que hizo Cambiemos en 2015 para designar al diputado Pablo Tonelli (PRO) en lugar de Anabel Fernández Sagasti (Frente para la Victoria). Juntó porotos de otros bloques e interbloques y se convirtió en la mayoría. El Frente para la Victoria hizo lo mismo en 2018. Sumó voluntades del peronismo federal para designar a Vanesa Siley y Graciela Camaño.

Pero el caso de Luis Juez y Martín Doñate es distinto, porque no se trató de una minoría que convenció a otros para convertirse en una mayoría circunstancial, sino de una mayoría que simuló una división para quedarse con la silla de la minoría. El oficialismo se aprovechó de un poder meramente formal (el de la presidenta del Senado de firmar designaciones) para incumplir una sentencia definitiva de la Corte Suprema, generar con ello una demora y, en ese ínterin deliberadamente producido por el incumplimiento del fallo, ignorar dos pedidos expresos de la segunda minoría para que se designe a Luis Juez, partir el bloque mayoritario y meter a Doñate por la ventana.

Es más, en aquel momento la propia senadora Di Tullio reconoció la trampa con total naturalidad. “Claro que sí, te lo voy a admitir”, le dijo al periodista Gabriel Sued. “A mí me enseñó a ser tramposa Tonelli. La oposición me enseñó a hacer trampa. A llorar al campito”. La oposición fue a llorarle al Poder Judicial, perdió en primera instancia y en Cámara, y acaba de ganar en la Corte con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. El cuarto cortesano, Ricardo Lorenzetti, no los acompañó porque desde el vamos no había estado de acuerdo con resucitar la vieja ley de 1997.

¿Qué dice el fallo? Que estamos ante un caso de innegable gravedad institucional y que no se trata de inmiscuirse en un acto relacionado con la dinámica propia de la organización interna del Congreso (lo que estaría prohibido), sino de revisar el procedimiento que aplicó el Senado para integrar un órgano diseñado por la reforma de 1994 para fortalecer la independencia del Poder Judicial. “Se encuentra en juego el correcto funcionamiento de las instituciones de la República”, dijo la Corte.

Ya sobre el fondo de la batalla, el tribunal señaló lo obvio: el momento para identificar a la segunda minoría era el de la notificación de la sentencia (diciembre de 2021). Y, en ese momento, ese lugar le correspondía al PRO. La modificación que se hizo una vez conocido aquel fallo alteró la representación plural en el Consejo y, en palabras de los jueces, “se consumó después de que la Presidencia del Senado desoyera por completo los pedidos efectuados por el bloque ‘Frente PRO’ para que se designara a sus representantes”.

Fue, dijo la Corte, una “maniobra”, pues “la división referida no obedece a fines genuinos sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde”. Y, nombrándola sin nombrarla, apuntó a Cristina Fernández: “El accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional”. En consecuencia, anuló la designación de Doñate, aunque dejó a salvo la validez de los actos en los que participó.

Pero, en el medio de todo esto, el Máximo Tribunal dejó un mensaje que podría anticipar el futuro de lo que más preocupa a la vicepresidenta, su “Messi levantando la copa en Qatar”. En el considerando 12, después de describir lo que hizo la vicepresidencia del Senado como “manipulativo”, la Corte dijo textualmente: “No puede dejar de mencionar este Tribunal que la realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático (artículo 36 de la Constitución Nacional)”.

La vice debería preocuparse, y no porque Doñate haya perdido su silla en el Consejo, sino porque este párrafo de la Corte es casi una transcripción textual de los elementos del tipo penal de defraudación (ardid, simulación, apariencia, ánimo de obtener un beneficio, etc.), que es una de las acusaciones que pesan sobre Cristina Fernández en la causa de la obra pública (fraude en perjuicio de la administración pública).

Pero, además, la Corte vincula estos elementos con la protección del ideario democrático contenida en el artículo 36 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice esa norma? Que los actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático son insanablemente nulos, que sus autores son pasibles de ser sancionados por traición a la patria y que las acciones contra ellos son imprescriptibles. Pero también dice que atenta contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. ¿Sabés quién citó esa partecita del artículo 36 de la Constitución? El fiscal Diego Luciani en su alegato de cierre en el juicio de la obra pública.