Por Pablo Sieira - Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Presupuesto 2023 empieza a ser tratado esta semana en el Senado y en la bancada del Frente de Todos quieren firmar rápidamente el dictamen, tras la exposición de un acotado grupo de funcionarios que por ahora no incluye al ministro de Economía, Sergio Massa, cuya presencia es reclamada por Juntos por el Cambio.

El debate sobre el proyecto que contiene el cálculo de gastos e ingresos para el año próximo iniciará este miércoles a las 16:00 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al término de una reunión en la que se abordarán otras iniciativas referidas a los subsidios al transporte y al régimen del monotributo.

Varios de los senadores que integran ese cuerpo tomaron vuelos a Buenos Aires el lunes con la idea de participar de la discusión sobre el Presupuesto 2023 cuando aún no estaba oficializado el llamado a la reunión. Y es que si bien ya estaba todo conversado surgieron algunos contrapuntos que demoraron levemente ese trámite.

Finalmente, la convocatoria se oficializó a última hora del lunes, aunque todavía hay una discusión pendiente entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio sobre la hoja de ruta. Fuentes de la bancada oficialista señalaron a iProfesional que aspiran a firmar el dictamen para el Presupuesto 2023 el próximo jueves, en un tratamiento exprés que lo dejaría listo para ir al recinto a partir de la semana siguiente.

Sin embargo, el interbloque Juntos por el Cambio quiere que Massa concurra. Si bien no hay un rechazo cerrado a darle un rápido tratamiento al proyecto, teniendo en cuenta el consenso que logró en la votación general de Diputados, reclaman que el ministro asista a realizar la presentación y responder preguntas como hizo en aquella Cámara y, por el momento, el oficialismo no lo asegura.

Presupuesto 2023: los funcionarios irán y las dudas por Massa

El oficialismo le informó a sus pares de Juntos por el Cambio que el miércoles por la tarde esperan la concurrencia a la Comisión de Presupuesto que preside Ricardo Guerra (Frente de Todos) del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el de Finanzas, Eduardo Setti. Lo hizo minutos antes de publicar el aviso oficial.

Ambos son funcionarios clave del equipo económico que rodea a Massa. Sin embargo, para la oposición no es suficiente. "Están reclamando que venga Massa", deslizó a iProfesional una fuente de la principal bancada opositora, que espera por parte del bloque Frente de Todos una confirmación que se demora. Ante el planteo, en las últimas horas el oficialismo sumó a la lista al viceministro, Gabriel Rubinstein. Pero el oficialismo no confirmó a Massa.

Ante una consulta de este medio, en el Ministerio de Economía señalaron que no tienen por el momento en agenda una presentación de Massa en el Senado. La Comisión de Presupuesto no lo incluyó en la por ahora acotada lista de enviados del Gobierno para el debate.

Diferencias con Diputados

Massa fue a la Cámara de Diputados el 28 de septiembre pasado y presentó formalmente ante los jefes de bloque y diputados de la comisión el Presupuesto 2023, que contempla un gasto corriente y de capital para el año próximo por $29 billones y recursos por $22,5 billones. En esa exposición, el ministro también respondió preguntas y críticas de la oposición.

En los días siguientes concurrieron al debate de comisiones no solo Rigo y Setti, sino también los secretarios de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren; de Agricultura, Juan José Bahillo; y de Energía, Flavia Royón, además de los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de Aduana, Guillermo Michel, y de Anses, Fernanda Raverta.

En el Senado, la oposición pidió al oficialismo que si los tiempos parlamentarios no dan para un tratamiento más extenso ni tampoco para hacer cambios al proyecto -porque eso obligaría a devolverlo a Diputados y demorar la aprobación de la ley- concurra al menos el ministro.

Las razones del oficialismo para no apurarse por cumplir esa petición son las mismas que para acelerar el tratamiento del proyecto: las negociaciones entre oficialismo y oposición, que incluyeron a Massa y a gobernadores, se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados y allí se cerraron.

Así ocurre desde hace varios años con el fin de impedir demoras que inevitablemente reabrirían todas las discusiones, a pesar de las quejas de los senadores de todo color político y período parlamentario. Por ello se da casi por descontado que el proyecto se aprobará independientemente de la hoja de ruta que se fije para su paso por el Senado.

Cuándo se votaría el Presupuesto 2023

Según supo iProfesional, la intención del oficialismo es firmar el dictamen el próximo jueves de ser posible y dejarlo listo para su votación en el recinto. En el Senado deben pasar siete días entre el despacho de comisión y su tratamiento en el pleno de la Cámara.

No obstante, la sesión no sería convocada para la semana siguiente sino para la del 16 de noviembre. Esto abre una posibilidad de que se realice alguna otra reunión en la Comisión de Presupuesto de ser necesario, porque habría margen de tiempo.

En cualquier caso, el Frente de Todos confía en convertir en ley el Presupuesto 2023 en el Senado porque, a pesar de no contar todavía con la presencia del jefe del bloque, José Mayans, que se recupera de una intervención quirúrgica, cuenta con los tres aliados que le garantizan el quórum y la mayoría de 37 votos.

Si además Juntos por por el Cambio repite el curso de acción que siguió en Diputados, donde la UCR votó a favor en general y el PRO se abstuvo, la sanción de la ley quedaría sellada.

El proyecto de Presupuesto 2023 contempla un gasto total para el año próximo por $29 billones; un crecimiento del 2% del Producto Bruto Interno (PBI); un déficit del 1,9%; una inflación del 60% para fin de año y un dólar a $269 para fin de ese año.

Además, contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% y un incremento de las importaciones del 2%, que permite al Ministerio de Economía manejar una pauta de superávit comercial que rondaría los u$s12.300 millones en 2023.

Entre los puntos más polémicos del texto figura una tasa que se cobrará sobre los pasajes aéreos para destinar los recursos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que el oficialismo logró aprobar por apenas un voto.