Por Andrés Sanguinetti - Una serie de organismos financieros internacionales acaban de girar millonarios fondos a la Argentina que serán destinados al saneamiento ambiental y la optimización de residuos sólidos urbanos, bajo el paradigma de la economía circular.

Se trata de fondos que enviaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por u$s70 millones; el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por u$s50 millones; la Agencia Francesa de Desarrollo, por una cifra similar, y otros u$s17,5 millones de contrapartida local.

En total, son u$s187,5 millones que recibirá el Ministerio de Ambiente para desarrollar la primera etapa del plan oficial llamado GIRSU orientado a la construcción y ejecución de obras de infraestructura; la adquisición de maquinaria y proveer consultoría y capacitaciones para desarrollar la gestión de residuos urbanos.

El objetivo es generar un salto de calidad que permita un tratamiento eficiente y moderno de los residuos en un país que produce, en promedio, 1,15 kilos de desechos diarios por habitante, lo que equivale a casi 45.000 toneladas diarias para el total de la población (una tonelada cada dos segundos) y alrededor de 16,5 millones cada año.

Del mismo modo, la iniciativa procura incrementar la disposición final adecuada; mejorar la recuperación con inclusión social y mitigar los impactos negativos ambientales de basurales a cielo abierto, además de impulsar acciones educativas, de separación en origen, recolección, transporte, transferencia, valorización y reciclaje, con cierre técnico de los basurales a cielo abierto existentes.

Los fondos forman parte de un préstamo mayor, por u$s487,5 millones firmado por el BID y la cartera que dirige Juan Cabandié en el marco de un paquete de financiamiento internacional a cuatro años que promueve obras y equipamientos para dar respuesta a una de las principales problemáticas ambientales de la Argentina.

En este primer tramo, la inversión será utilizada para realizar obras que beneficiarán a 285.000 hogares. “Son recursos destinados al Plan GIRSU, que tiene a cargo la cartera de Ambiente nacional, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental que encabeza Sergio Federovisky, y que busca mejorar la gestión de los residuos en la Argentina”, argumentaron fuentes oficiales.

Consultadas por economía sustentable.com, agregaron que en esta primera etapa, el financiamiento permitirá llevar a cabo los proyectos de diseño, construcción y operación de los centros ambientales para General Alvarado y el de Santiago del Estero y La Banda, en la provincia de Santiago del Estero que serán licitados antes de fin de año e inaugurados en el 2023. 

Otra parte del dinero servirá para la compra de equipamiento que permita optimizar la gestión de los residuos en distintos municipios del país, y para sumar bienes y dotación de infraestructura a fin de potenciar la clasificación y separación de residuos con la mejora de las condiciones laborales de los recicladores urbanos.

“Desde el Ministerio de Ambiente nacional se lleva adelante el Plan GIRSU como una estrategia transversal, en articulación con provincias y municipios, bajo el paradigma de la economía circular y en respuesta a una de las principales problemáticas del país”, agregaron las fuentes.

Solución integral

El plan GIRSU es considerado como una estrategia transversal, en articulación con provincias y municipios, que promueve el saneamiento ambiental y la optimización de recursos para garantizar una gestión moderna y eficiente de los residuos sólidos urbanos, bajo el paradigma de la economía circular.

En líneas generales, el proceso contempla:

Construcción de centros ambientales y otros proyectos relacionados con el tratamiento de residuos de manera controlada.

Adquisición de equipamiento y productos básicos para optimizar la gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel local y para mejorar las condiciones laborales de recicladores y recicladoras urbanas.

Cierre y saneamiento de los basurales a cielo abierto no operativos.

Fomento a la separación en origen, el reciclado, la reutilización y la valorización de los residuos para convertirlos en insumos de los procesos productivos.

Promoción y apoyo técnico para el desarrollo de normativas y acciones tendientes a garantizar la sostenibilidad de los proyectos a través de legislación local, sistemas de recolección diferenciada, inclusión social y campañas de educación y concientización.

El Gobierno entiende que con estas medidas se puede brindar una solución integral a un problema de múltiples aristas, donde se concentran inequidades geográficas y socioeconómicas, serios riesgos ambientales y sanitarios y falta de gestión sostenible de los recursos. 

En Argentina, el manejo de los RSU está regulado por la Ley de Presupuestos Mínimos 25916 que establece los presupuestos mínimos para un manejo adecuado de los residuos domiciliarios, a partir de propender a una gestión integral de los mismos, propiciar su valorización y promover su minimización en la generación y disposición final. En términos generales, comprenden desechos de hogares y centros comerciales, oficinas e industrias que, dada su composición, son comparables con aquellos generados en domicilios particulares.

Más que nada en un país con una superficie de 3.761.274 km², que se divide en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que tiene una población de 40.117.096 habitantes de acuerdo con el Censo Nacional 2010.

Se trata de una población altamente concentrada en el sector urbano (90 %), que reporta una cobertura de recolección de residuos sólidos urbanos del 99,8 %, una tasa de disposición final en rellenos sanitarios del 64,7 % y una tasa de generación de 1,15 kg/hab/día de RSU.

El 54 % de esa población recibe el servicio de recolección en forma tercerizada y el restante 46 % como prestación municipal directa. La frecuencia de recolección diaria es superior al 70 %.

Pero ese nivel de cobertura de disposición final en residuos sólidos del 64,7 % de la población esconde inequidades geográficas ya que es menor en las regiones Norte (50,1 %) y Cuyo-Mesopotamia (15,2 %), siendo que en el resto del país es de 79,4 %.

El remanente 35,3 % de la población cuenta con una disposición final inadecuada: 9,9 % en vertederos controlados, 24,6 % en basurales a cielo abierto.

En tanto, en las principales áreas metropolitanas se cuenta con plantas de separación, y se está desarrollando una industria para el procesamiento de los residuos recuperados (plásticos, vidrios, papel y cartón), los cuales son mayormente recolectados por recuperadores y recuperadoras, tanto en la vía pública como en sitios de disposición final.