Por Yanina Otero - La aprobación de la Ley de Presupuesto 2023 dejó mucha tela para cortar pero en lo que refiere al agro abrió una polémica para nada menor. Es que la oposición consiguió en el recinto que se elimine el famoso Artículo 95 mediante el cual el Poder Ejecutivo buscaba retomar la facultad de modificar las retenciones a las exportaciones sin pasar previamente por el Congreso, pero lo cierto es que este “logro” -que también festejan las entidades del campo- trae aparejado que el Gobierno tampoco tendrá potestad para reducir de forma directa el tributo en sectores claves como las economías regionales o para las exportaciones de productos lácteos, entre otros ítems que reclama el propio sector.

Más concretamente, lo que la oposición consiguió es que la soja quede fijada con un 33% de retenciones, algo que ya estaba estipulado en el famoso artículo 95 y los cereales en el 12%. Valores que a las claras tampoco convencen a los productores agropecuarios. En tanto, lo que proponía el Gobierno era retomar la facultad del Ejecutivo sobre las retenciones pero con algunas salvedades, los cereales podrían incrementarse solo hasta el 14% y la carne vacuna hasta el 15% sin pasar por el visto bueno de los legisladores nacionales. Mientras tanto, en lo que se refiere a otras actividades, la mirada oficial hacia adelanta, según señalan en el oficialismo, estaría puesta justamente en reducir el tributo en aquellas actividades que actualmente no están atravesando su mejor momento, ya sea por la caída de los precios internacionales o la sequía que afecta a gran parte del país.

De ahora en más si el Ejecutivo quisiera bajar un impuesto tan importante como las retenciones tendría que presentase ante un proyecto en Diputados y éste ser aprobado, cuando antes podría hacerse por DNU vía Boletín Oficial como sucedió el año pasado para diversas actividades del agro. Increíble pero real la oposición consiguió salvaguardar de alguna manera la agricultura extensiva, trigo, maíz, soja y se olvidó quizás del rol clave que cumplen las economías regionales en el entramado productivo, el arraigo, la generación de agregado de valor y empleo, entre otras cuestiones para nada menores.

Coninagro, la entidad del campo que representa a las cooperativas y que tiene bajo su órbita no solo a productores de soja, maíz, trigo o carne, celebró en sus redes sociales la noticia con un escueto comunicado que reza: “Que haya sido retirado quedando sin efecto el Art. 95 del Presupuesto2023 que delegaba al Ejecutivo facultades impropias para fijar retenciones es una auspiciosa señal al sector productivo. Genera la previsibilidad que reclama el campo, más ahora donde la sequía hace estragos”.

Lo cierto es que un día antes, el propio ministro de Economía, Sergio Massa, en un acto que realizó en el partido bonaerense de Las Heras, donde además lanzó un plan que beneficiará a alrededor de 19.000 pequeños y medianos productores, había sido enfático al afirmar que bajo ningún punto de vista el Gobierno tenía pensado subir las retenciones al agro. No está hoy en carpeta y el próximo año tampoco lo estará, así de definitivo fue el funcionario. La historia demuestra incluso que desde que asumió el actual Gobierno el tributo a la soja, los cereales y la carne, se elevó una sola y única vez en 2020 y luego el año pasado se concretó una baja para productos de las economías regionales que incluso en algunos casos hoy tributan 0%.

Más acá en el tiempo cuando el precio de la carne subía muy por arriba de la inflación y el Gobierno intervino en el mercado exportador, las retenciones a este producto tampoco se elevaron. Según dicen internamente en el Gobierno, no hay voluntad política para encarar una medida de ese tipo.

Todas esas claras señales parecen haber sido poco para la oposición y las entidades del campo que pusieron el grito en el cielo ante la presentación del Presupuesto 2023 que proponía que el Ejecutivo vuelva a tener potestad sobre el impuesto, algo que había quedado en una zona de gris cuando se cayó el Presupuesto 2022.

En este marco Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, expresó también vía redes sociales:" En el proyecto de Presupuesto 2023 y después de la votación de hoy (por ayer), vemos como un síntoma de "madurez legislativa" que se haya dejado de lado el artículo que delegaba la facultad de fijar retenciones en el Poder Ejecutivo. Son los legisladores los quienes tienen que trabajar en fijar las reglas impositivas, por lo cual creemos que un próximo paso hacia la institucionalidad, debería ser ordenar la falta de sustento legal que tiene este impuesto, tal como reclamamos desde la SRA a través del amparo”.

El quid de la cuestión es que el Gobierno quizás buscaba tener nuevamente potestad sobre el tributo justamente para ponerse a resguardo de las medidas judiciales encaradas por la Sociedad Rural para declarar el cobro de retenciones inconstitucional. Una contienda que continúa en la Justicia y en la que el Gobierno confía que tiene más de una herramienta para demostrar que el reclamo no tiene sustento.

De cualquier manera, a partir de ahora hay algo que quedó totalmente confirmado, porque para que eso cambie tiene que haber un acuerdo en el Congreso. La soja seguirá pagando 33% de retenciones, los cereales 12%, la carne 9%. Mientras tanto las Economías Regionales y otras actividades exportadoras que venían reclamando una baja del tributo tendrán que esperar también que el Congreso se ponga de acuerdo.