Por Sofía Diamante - Mientras que la segmentación de tarifas de gas y luz hace su debut este mes para bajar los subsidios energéticos, a nivel político se discute cómo implementar un incremento adicional para todos los usuarios –sin importar qué nivel socioeconómico tengan– para aumentarles los ingresos a las empresas de distribución, entre las que se encuentran Edenor y Edesur en electricidad, y Metrogas, Camuzzi y Naturgy en gas.

Los equipos técnicos del Gobierno recomiendan llamar a audiencias públicas en diciembre para implementar las subas entre enero y febrero próximo, cuando en la mayoría de los hogares las familias están distraídas con las vacaciones y antes de que arranque la campaña electoral.

El último incremento que se les dio a Edenor y Edesur fue de 8% en marzo pasado, cuando la inflación acumulada en el año supera el 66%. En 2021, la situación no fue distinta: se les permitió un alza de 21%, cuando la inflación fue de 50,9%. En 2020, año de la pandemia, directamente no hubo aumento tarifario, pese a que la inflación fue de 36,1%.

Ante esta situación, las empresas recurren a financiamiento del Estado para cubrir sus gastos, a través de transferencias del Tesoro Nacional, lo que genera malestar en el interior por la política de subsidios antifederal. Edenor y Edesur le debían al Estado, al 15 de septiembre pasado, $112.076 millones y $116.138 millones, respectivamente.

Pese a esta situación y a que se llamó a una audiencia pública para subir las tarifas de servicio de transporte eléctrico (que lleva la energía desde los lugares de generación a los centros de consumo), en el Gobierno no habilitarán antes de fin de año subas en el segmento de distribución (las empresas que distribuyen la electricidad en los hogares miden los consumos y emiten las boletas), según pudo averiguar La Nación.

“Si [José Luis] Manzano no logró que a Edenor le den un aumento en el valor de distribución, qué nos queda al resto”, se desaniman en el sector, en referencia al dueño de Edenor y empresario cercano al ministro de Economía, Sergio Massa.

En gas la situación es un poco más llevadera, pero no muy diferente. Las empresas de distribución tuvieron este año un incremento de 40%, superior al 8% de las eléctricas, y de 24% en 2021. En 2020, los ingresos estuvieron congelados también.

Para aumentar nuevamente el ingreso a las empresas, el Poder Ejecutivo debe prorrogar el período de transición tarifaria, que es el acuerdo que se firmó con las distribuidoras. Para ello, es necesario extender el DNU 1020 de diciembre 2020, pese a que el artículo dos de dicha normativa lo prohíbe.

“Establécese que el plazo de la renegociación dispuesta por el artículo 1 no podrá exceder los DOS (2) años desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, debiendo suspenderse, hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas Revisiones Tarifarias Integrales vigentes con los alcances que en cada caso determinen los Entes Reguladores, atento existir razones de interés público. El proceso de renegociación culminará con la suscripción de un Acta Acuerdo Definitiva sobre la Revisión Tarifaria Integral, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos regulatorios”, dice el DNU.

Plan de pagos y moratoria

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de ayer un artículo en el proyecto de presupuesto 2023 que buscará regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica. Al 15 de septiembre pasado, esta deuda alcanzaba los $502.000 millones.

Según el texto que diseñó el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales (ocho años). Si bien la intención del Poder Ejecutivo era que las provincias se comprometieran a que este pago se realice a través de retener transferencias por coparticipación, esta iniciativa no prosperó en el recinto.

Sin embargo, las provincias, encargadas de regular a las distribuidoras eléctricas (con la excepción de Edenor y Edesur, que son controladas por el Estado nacional), deberán darles a las empresas suficiente tarifa como para que las compañías regularicen su deuda con Cammesa.

El plan de pagos diseñado por el Poder Ejecutivo es un proyecto de septiembre de 2020, en la gestión de Martín Guzmán. En ese entonces, la deuda de las empresas distribuidoras con Cammesa era de $123.000 millones y el plan de cuotas era de hasta 60 meses y créditos equivalentes de hasta cinco veces la factura media mensual del último año.●