Por Diego Cabot - Era una arremetida verbal con algunas estocadas regulatorias. Pero finalmente ayer aquellos amagues quedaron plasmados en dos demandas mediante las que el Estado intenta quedarse ya mismo con el control de las concesiones que actualmente explotan autopistas del Sol y del Oeste, dos empresas controladas por la poderosa constructora española Abertis.

Con estrategias de ataque por parte del Gobierno y de defensa, ejercida por las concesionarias, empezó a escribirse la historia final de los dos principales accesos que tiene la ciudad de Buenos Aires.

Hace 12 días, Vialidad Nacional se presentó en la Justicia con una demanda en la que aduce, a grandes rasgos, que el contrato que se firmó en 2018 con Autopistas del Sol y que extiende el plazo de explotación hasta 2030 es nulo por resultar “lesivo” al Estado. En ese escrito, firmado por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se solicita que el contrato se declare nulo, además de reclamar –mediante una medida cautelar– que el control pase a manos públicas mientras se define la cuestión de fondo.

Pese a que transcurrieron varios días desde que ingresó en el fuero, el juez Enrique Lavié Pico no se expidió sobre el pedido de Vialidad. Según lo que pudo saber la nacion, el expediente está reservado.

Ayer, además, se hizo la segunda presentación contra Caminos del Oeste, la firma que explota la vía de circulación que une Liniers con Luján. Este juicio quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo 9, a cargo de Andrea Danas. Por ahora, tampoco hubo movimientos.

Con tanto anuncio previo sobre la estrategia estatal, que desde hace varios meses se puede anticipar, en las oficinas de las empresas, ambas controladas por Abertis, no se quedaron quietos.

La ofensiva oficial fue recibida con una fuerte trinchera de los ejecutivos de las concesionarias. Sucede que el contrato de concesión vigente, que es el cuestionado por el Estado, tiene una cláusula en el que las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), un organismo con sede en París. Según ese acuerdo, toda controversia se tiene que cursar en ese ámbito.

Mientras el Estado recurrió a la Justicia, en las concesionarias fueron a París y lograron que el CCI abra el proceso, nombre un árbitro y haga lugar a un pedido de no innovar para que el Gobierno se abstenga de ventilar los diferendos en otro ámbito que no sea ese tribunal.

El viernes pasado llegaron las notificaciones a los correos electrónicosque estaban en el contrato como válidos para recibir comunicaciones. Uno de los más altos funcionarios del cuerpo de abogados que maneja Zannini contestó el sábado que aquellos correos ya no estaban activos y que, por eso, no podían notificarse. En París gritaron “bingo”. Remitieron todas las cédulas a la casilla del funcionario y dieron por notificado al Estado. Desde el sábado, en esos procesos no hay días no laborables, corre el plazo para que la Procuración se presente o no.

La duda más importante radica en saber si la Justicia hará o no lugar al pedido del Estado de hacerse del control mientras se defina la cuestión de fondo. No parece ser una medida fácil de tomar para un juez. Sucede que semejante decisión es prácticamente entender sobre el centro mismo del planteo ya que, quien ponga la firma, estará dando la razón al Estado de que el contrato es “lesivo”. Esa condición no aparece manifiesta sino que debería ser motivo de pruebas.

En la renegociación de 2018, que a su vez recoge las diferentes revisiones y acuerdos parciales que se firmaron al menos desde 2006, se estableció una tarifa –congelada desde 2019– y un método de actualización. Gran parte de la argumentación oficial fue contra la cláusula de actualización. “Los contratos firmados en 2018 fueron desventajosos para los usuarios y para el Estado”, dijo el presidente Alberto Fernández cuando anunció la intención oficial de hacerse del control.

En medio de semejante incertidumbre sobre el futuro de estas dos vías troncales, se desató un conflicto gremial. “Es una situación donde el Estado no nos da respuesta, donde el privado se hace el tonto, que no sabe sise va, que no puede pagar los aumentos.No entendemos qué quieren hacer, si quieren estatizar, creo que es un estatismo improvisado”, dijo el líder del Sindicato de Trabajadores del Peaje, Facundo Moyano.

A nadie le pasó inadvertido que la demanda esté patrocinada por Zannini. Autopistas del Sol alguna vez estuvo en manos de la familia Macri. Y ese dato, por más que ahora nada tenga que ver, no se olvida en el núcleo duro del kirchnerismo.●