Por Laura Serra - El enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición por el presupuesto 2023 arrojaba anoche un resultado salomónico. En efecto, todo indicaba que el Frente de Todos se encaminaba a alzarse con la aprobación en general gracias al apoyo de un sector de Juntos por el Cambio y otros bloques opositores. Pero el triunfo oficialista no sería completo, pues la oposición, tras cerrar filas, se encaminaba a voltear parte del proyecto. Dos de los artículos que debía resignar el Frente de Todos son cruciales, pues apuntan directo a los dos blancos de ataque recurrentes por parte del kirchnerismo: la Justicia y el campo. Uno es el artículo 100, que propone gravar con el impuesto a las ganancias a los empleados judiciales y magistrados. El otro es el artículo 95, con el que el Poder Ejecutivo pretende recuperar la facultad de fijar las alícuotas de las retenciones.

Para rechazar los artículos que modifican el impuesto a las ganancias y las retenciones, Juntos por el Cambio cuenta como aliado al interbloque Federal. Para su sorpresa, la izquierda se les sumará a la hora de votar en contra de gravar con Ganancias al Poder Judicial: sus cuatro diputados no avalan que esa imposición incluya a los empleados judiciales. Así planteados los números, el oficialismo no contaba anoche con la mayoría agravada de 129 votos que son necesarios para su aprobación, ya que el artículo propone una asignación específica para la recaudación del tributo si es sancionado: refuerzos a las becas estudiantiles y a las fuerzas de seguridad que combaten la violencia narco en Rosario.

Aunque anoche flaqueaban los votos, el oficialismo estaba decidido a seguir adelante. Ni la deserción de Vanesa Siley, quien en su condición de jefa de uno de los gremios judiciales anunció su rechazo, les hizo cambiar de opinión. “La idea es avanzar con la redacción tal como la tiene el dictamen, porque llevaría a una situación de equidad tributaria”, enfatizó el ideólogo de la propuesta, Marcelo Casaretto.

Desde la oposición, los diputados Pablo Tonelli (Pro) y Graciela Camaño (Interbloque Federal) fustigaron la avanzada oficialista. “La vocación de incorporar este tema (en el presupuesto) no está ni cerca de hacer justicia o de terminar un privilegio. Lo que han querido construir es un conflicto y lo construyeron”, enfatizó la legisladora, quien advirtió que la intangibilidad de remuneraciones de los magistrados están amparada por la Constitución Nacional para preservar su independencia.

Para Tonelli, en tanto, esta cuestión está resuelta desde 2016, con la ley que dispone que los magistrados designados a partir de enero de 2017 debían afrontar el tributo. Hoy hay 180 magistrados en actividad que pagan el impuesto.

“El efecto pleno surgirá en unos años cuando ya, todos los jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial estén pagando el imen puesto a las ganancias en el marco de la ley”, sostuvo.

Las retenciones al campo también fue motivo de debate en el recinto.

El ministro del área, Juan José Bahillo, primero, y su par de Economía, Sergio Massa, prometieron que no habrá alza en las retenciones. “Si el Gobierno promete que no habrá suba de las alícuotas, entonces ¿por qué insisten en recuperar las facultades para manejarlas?”, acicateó el radical Ricardo Buryaile.

“La Coalición Cívica no cree en (Sergio) Massa –asestó, por su parte, la diputada Paula Oliveto–. No le daríamos jamás un cheque en blanco para que (el ministro) haga con el campo lo que quiera”.

Oliveto ofició de exégeta de la líder de su espacio, Elisa Carrió. No es un secreto que Carrió siempre desconfió de Massa, convencida de que mantiene relaciones cuanto menos opacas con un sector del empresariado al que busca beneficiar con su ley de presupuesto. Por esa razón ordenó a los suyos votar contra. Las huestes de Pro comparten las supicacias de Carrió, que se acentuaron luego de que el oficialismo incluyera varios artículos “sospechosos” a último momento, a su juicio.

Sin embargo, a diferencia de los cívicos de Carrió, los macristas consideran que el Gobierno debe contar el año próximo con la herramienta presupuestaria. Por ello anunciaron su abstención.

“Rechazar el presupuesto sería contraproducente para Juntos por el Cambio: por segundo año consecutivo reconducirían el presupuesto anterior, manejarían las partidas a discreción y, peor todavía, les daríamos la excusa para victimizarse”, justifican en el macrismo.

Problemas en la oposición

Las divisiones en Juntos por el Cambio quedaron al desnudo a la hora del inicio de la sesión: tanto Evolución Radical -liderado por Martín Lousteau-, como el radicalismo dieron quorum y se aprestaban a votar el texto en general, al igual que Encuentro Federal, de Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. “Fue muy importante que el oficialismo incluyera una cláusula que le impida gastar de manera discrecional los ingresos extra presupuestarios que se recauden si la inflación supera el 60%”, justificó Stolbizer.

Más allá de sus diferencias, hubo un punto en que todos los bloques de Juntos por el Cambio y las demás bancadas opositoras estuvieron de acuerdo: el presupuesto 2023 es de un feroz ajuste, sobre todo en diversas partidas sociales.

Las distintas voces se encargaron de reprochárselo al oficialismo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Heller, refutó las acusaciones.

“Este no es un presupuesto de ajuste”, insistió, y enfatizó que en el dictamen se realizaron refuerzos por más de $322 mil millones en varias partidas sociales.

“Este es un dictamen superador al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”, insistió Heller, y desafió: “No se puede volver a dejar al país, no al Gobierno, sin presupuesto”.