Domingo 16 - Por Laura Serra - El desafío más inmediato que se le presenta al ministro de Economía, Sergio Massa en el Congreso no es tanto que la oposición le apruebe su proyecto de presupuesto 2023, sino, más bien, que los sectores más reactivos del oficialismo avalen con su voto el duro ajuste del gasto público allí contenido.

Frente a un año electoral y con una Argentina en la que conviven casi 20 millones de personas bajo la línea de pobreza e indigencia, será para muchos legisladores oficialistas un trago difícil de digerir.

Los recortes más pronunciados previstos en el presupuesto se concentran, básicamente, en tres rubros: subsidios a la energía y al transporte (lo que redundará en mayores subas en las tarifas); algunas prestaciones sociales (como planes alimentarios y asignaciones familiares); educación (particularmente en las becas Progresar y universidades), y las transferencias a las provincias.

La reducción del gasto total, según la iniciativa oficial, será de 1,2 puntos del PBI respecto de este año y el objetivo es alcanzar en 2023 una baja del déficit primario del sector público nacional de 1,9 puntos del PBI, tal como se acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No hay dudas de que este es un presupuesto muy restrictivo que sigue las pautas que se fijaron con el Fondo”, admitió, con cierto tono de resignación, un importante miembro de la bancada de diputados oficialistas. “De todas maneras, nuestra tropa va a apoyar el proyecto; tal vez algunos no lo acompañen, pero serán unos pocos votos”, se esperanza.

La feroz pelea interna dentro del Frente de Todos, que quedará una vez más al desnudo con la multiplicidad de actos con que cada sector, por separado, celebrará el Día de la Lealtad, podría reproducirse en la Cámara de Diputados cuando el miércoles 26 se discuta el proyecto de presupuesto.

Los movimientos sociales más cercanos al Gobierno ya comenzaron a marcar distancia de la Casa Rosada -y de Massa- ante su demora en efectivizar las medidas de alivio que se prometieron hace más de un mes a los sectores más vulnerables. Aunque Massa prometió avanzar con un bono para personas en situación de indigencia (ver aparte).

El presupuesto 2023 tampoco arroja buenas noticias. Según un informe que elaboró la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso (OPC), la partida destinada a políticas alimentarias -a cargo del Ministerio de Desarrollo Socialtendrá en 2023 una caída del 24,5% en términos reales respecto de este año (para dicho cálculo se utiliza como parámetro la inflación promedio del 76% prevista para el año próximo).

Se trata de una partida que financia el otorgamiento de tarjetas alimentarias para 2,4 millones de titulares y beneficia a 4 millones de personas.

Menos recursos

El recorte también llega a la Anses, que comanda la kirchnerista Fernanda Raverta. El proyecto de presupuesto prevé una reducción en la partida destinada a las asignaciones familiares -que perciben los trabajadores asalariados- del orden del 15,2% en términos reales respecto de este año.

En tanto, el presupuesto correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH) prevé una caída del 2,6% interanual. En ambos casos, la OPC aclara que semejantes caídas obedecen a la alta base de comparación, dado que durante este año el Estado otorgó refuerzos extraordinarios, que no están contemplados para 2023.

En materia de Educación, el mayor ajuste alcanza a la partida asignada al programa Progresar, con una poda del 23,6% interanual en términos reales. Dicho programa, a cargo de la Anses, distribuye poco más de un millón y medio de becas que apuntan, en su mayoría, a estimular a jóvenes de 16 y 17 años a que finalicen la escuela secundaria.

Las universidades nacionales también son blanco del ajuste presupuestario, con una caída del 12,2% en términos reales, advierte la OPC.

Estas reducciones presupuestarias, que impactan nada menos que en las áreas más sensibles de la administración, pusieron en alerta al kirchnerismo y a otra media docena de legisladores que representan a los movimientos sociales en la Cámara de Diputados. Ni que hablar a los diputados de izquierda, que no se privan de meter cizaña en la discusión.

“Mientras el Gobierno ajusta las partidas que afectan a los sectores más vulnerables, aumenta el presupuesto para pagar los intereses de la deuda externa”, acicatea la diputada Romina Del Plá. La OPC precisa que el año próximo se pagarán intereses por casi tres billones de pesos, lo que representa un aumento del 7,8% al 9,3% sobre el gasto total de la administración.

Tarifas y provincias

Además de las partidas sociales, el grueso del recorte recaerá sobre los subsidios energéticos, con lo que los ajustes tarifarios se prolongarán a lo largo del año próximo. Los subsidios a la energía se contraerán un 16% interanual (0,3 puntos del PBI, señala la OPC), mientras que los subsidios al transporte reflejan una caída del 22,2%, en virtud de las menores compensaciones tarifarias para el transporte automotor de pasajeros en el AMBA.

También se prevé un fuerte recorte en los subsidios a los ferrocarriles (-11,5%) y a Aerolíneas Argentinas (-29,9%).

Las provincias también verán reducidas las transferencias corrientes que reciben de la Nación (en casi un 14% en términos reales) de aprobarse el presupuesto. “Contrariamente a esta dinámica, las transferencias a Buenos Aires por el Fondo de Financiamiento Fiscal presentan una expansión del 8,6%, mientras que la Capital recibirá una suba del 7,6%, en virtud de la ley que determinó la transferencia de determinadas facultades y funciones de seguridad.

Mientras en el oficialismo impera cierto ánimo de resignación -y de solapado fastidio- ante los recortes previstos, en Juntos por el Cambio no se escucha ninguna palabra de reproche. Por el contrario, el propio Luciano Laspina (Pro) elogió que el kirchnerismo haya decidido empezar a podar el gasto público.

“Es el primer presupuesto kirchnerista en 20 años que presenta un recorte en el gasto”, destacó. “Celebro que sea el kirchnerismo el que haya retomado ese camino, que haya un reconocimiento explícito de que este nivel de gastos es insostenible y que hay que empezar a corregirlo”.

Un elogio que, proviniendo de un economista ortodoxo como Laspina, pondrá incómodo a más de un oficialista.●