Por Laura Serra - Fiel a su estilo disruptivo, Elisa Carrió y su bloque de diputados de la Coalición Cívica sorprendieron a sus socios en Juntos por el Cambio y al propio oficialismo con un proyecto, a su juicio, salomónico: propone que el Congreso se limite a autorizar al Poder Ejecutivo a contraer nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional –que es la base del preacuerdo de facilidades extendidas anunciado por Martín Guzmán– y se exima a los legisladores de votar los detalles del acuerdo, esto es, la política económica que instrumentará el Gobierno para cumplir con las metas pactadas.

Con esta fórmula, los exégetas de Carrió afirman que se facilitará la sanción del acuerdo, pues el Congreso evitaría entrar en la discusión sobre sus aspectos más ríspidos, como la reducción del gasto y de la emisión monetaria. La líder de la Coalición Cívica apunta a un doble propósito: por un lado, bajar línea en Juntos por el Cambio, hoy envuelto en una fuerte disputa interna sobre qué posición tomar en el Congreso cuando arribe el acuerdo con el FMI, previsto para fines de esta semana o principios de la siguiente. Frente a las voces que aconsejan la abstención masiva o faltazos en el recinto, la líder de la Coalición Cívica tiene una postura clara: el Congreso debe darle la herramienta al Gobierno para que acuerde con el FMI un nuevo financiamiento que evite el default. Se trata de 44.500 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos de la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Carrió sostiene que la ley de fortalecimiento y sostenibilidad de la deuda, promovida por Martín Guzmán y aprobada por el Congreso el año pasado, no obliga a los legisladores a votar el acuerdo con todos sus anexos, esto es, con el detalle de las medidas económicas que aplicará el Gobierno para cumplir con las metas de reducción del déficit y de la emisión monetaria pactadas. El Congreso sólo tiene la facultad de autorizar nuevo endeudamiento, nada más. Es el mismo argumento que esgrimió, la semana pasada, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

“Este proyecto propone autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir los acuerdos y tomar el endeudamiento que sea necesario, ya que esa negociación es su facultad exclusiva –argumentaron los diputados de la Coalición Cívica–. La política económica, en un régimen presidencial como el argentino, es facultad del Poder Ejecutivo. El acuerdo al que se llegue con el FMI dependerá del rumbo macroeconómico propuesto por el Presidente y su equipo, así como de las prerrogativas propias del organismo multilateral y las condiciones que éste exija”.

A partir de este razonamiento viene el segundo propósito que persigue este proyecto de ley: evitar que una discusión (a su juicio inútil) sobre la “letra fina” del acuerdo –suba de tarifas, modificaciones al régimen previsional, devaluación de la moneda- enrede el debate y boicotee su aprobación.

“Es una salida funcional a todos los bloques que facilitaría su aprobación”, sostienen los exégetas de Carrió, convencidos de que una abstención masiva no haría otra cosa que debilitar la imagen del acuerdo y, para peor, ofrecer flancos para una posible judicialización por parte de sus detractores.

“No acordar con el FMI implicaría una devaluación fuerte y desordenada –advirtieron en la Coalición Cívica–. Estamos hablando de consecuencias gravísimas para nuestro país, especialmente para el sector privado”, advierten.

En las filas de la Coalición Cívica están convencidos que esta fórmula –aprobar solo el endeudamiento sin la letra chica del acuerdo– evitará una sangría interna tanto en el oficialismo como en la oposición. En Juntos por el Cambio, por caso, si bien todos están de acuerdo en dar quorum en el recinto para facilitar el debate, prima un fuerte debate interno sobre qué postura adoptar a la hora de votar. Algunos, como en la Coalición Cívica, se inclinan por el voto a favor; otros, como Pro, por la abstención o un faltazo de legisladores en el recinto.

El diputado y economista de Pro Luciano Laspina advirtió por caso que el Gobierno dejará una deuda de 90.000 millones de dólares más que la que recibió de Mauricio Macri. Su advertencia exacerbó las posturas críticas en su bloque.

En Juntos por el Cambio el proyecto de Carrió generó ruido interno. “Es una posición de la Coalición Cívica que no es la que expresó la mesa nacional de Juntos por el Cambio ni su mesa federal. Fuimos avisados, no consultados”, replicó el diputado Cristian Ritondo, jefe de Pro.

Desde el radicalismo, Mario Negri –amigo personal de Carrió– procuró mostrarse equidistante. “Es una iniciativa de la Coalición Cívica que busca darle al Gobierno una herramienta para salir de la crisis política que tiene el oficialismo”, alegó.

Los exégetas de la líder de la Coalición afirman que así se facilitará sancionar el entendimiento

“No acordar implicaría una devaluación”, dicen.