Domingo 20 - Por Camila Dolabjian - En los últimos días se viralizó un hilo de Twitter que comenzaba así: “Os voy a contar el quilombo que hay montado en Argentina”. Un economista español, que turisteando por Buenos Aires quedó atónito con la “maestría en finanzas personales” de los argentinos, intentó explicar el fenómeno inflacionario a sus compatriotas. “Les va a explotar la cabeza”, siguió. En su narración recuerda una frase que, supuestamente, dijo Paul Volcker. Se trata del economista estadounidense que llegó a ser director de la Reserva Federal en tiempos de Jimmy Carter y Ronald Reagan y bajó la inflación de 14,3% a 3% en dos años.

Según el español, Volcker afirmaba en su época: “La inflación es como la pasta de dientes, muy fácil de sacar del tubo, imposible de volver a meterla una vez que ha salido”.

La tasa de inflación promedio en la Argentina en los últimos 100 años fue de 105%, aproximadamente (el máximo histórico se dio en 1989, con 3079%). En la historia moderna, son más los gobiernos que han tenido que plantearse cómo atacar las causas o palear los efectos del aumento crónico de precios, que los que han tenido un respiro, en algún período esporádico de bonanza. Los últimos años, y los que están por venir, no son de estos últimos. Economistas, funcionarios, empresarios pero, fundamentalmente, consumidores, se preguntan cómo y cuándo volveremos a una inflación con parámetros considerados normales.

Los cinco economistas consultados por la nacion para esta nota coinciden en un punto: no existe posibilidad de reducir el índice de aumento de precios sin un programa de estabilización macroeconómica, sin expectativas basadas en la confianza y sin sostenibilidad en el tiempo. Son ideas ya conocidas y algo teóricas. En definitiva, los tres “pilares” son flexibles y pueden adaptarse a múltiples tipos de planes a mediano plazo. Solo son incompatibles con un solo plan: no tener ningún plan.

Desde 1952, cuando la Argentina registró su primer índice de inflación de dos dígitos, hasta nuestros días, hubo ocho intentos de controlarla o eliminarla, según contabiliza Eduardo Fracchia, director del IAE Business School de la Universidad Austral. Hubo un intento de Juan Domingo Perón en su segunda presidencia; otro, en el mandato de Arturo Frondizi; luego, el plan Krieger Vasena; el “control forzado de corset” de José Ber Gelbard; la “tablita” de los años 70; el Plan Austral; la estabilización de Bunge y Born y, por último, el plan de Domingo Cavallo en la década del 90. “Solo uno de ellos fue exitoso y hoy tiene una memoria política terrible”, concluye Fracchia.

En los 78 años transcurridos entre 1944 y 2022, tan solo en ocho no hubo inflación, según un estudio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Seis de esos años están en el período de 1996 a 2001.

¿Y ahora? Según el economista, “no está dado el ambiente para un gran plan de estabilización. Para hacerlo, se necesita poder y, actualmente, no hay gobernabilidad. La inflación será de entre 50% y 70% en los próximos dos años”.

En similar línea opina Miguel Kiguel, director ejecutivo de la consultora Econviews y doctor de Economía por la Universidad de Columbia. “Por parte del Gobierno, hoy solo hay grandes enunciados de que la inflación es multicausal, por expectativas o inercial. El único plan presente es el del Fondo Monetario Internacional (FMI), que solo va a lograr que no siga empeorando el panorama”, afirma. Para los especialistas, no están dadas las condiciones políticas para poner en marcha y sostener un plan sustancial de baja de inflación. Las razones son múltiples y algunas de ellas son: la falta de unidad de la coalición oficialista, un diagnóstico parcial o errado (según quién opine) sobre las causas, un clima de desconfianza en la dirigencia, la ausencia de bases para un acuerdo entre todo el espectro partidario para generar un plan que se sostenga por lo menos 10 años y, primordialmente, una macroeconomía intrínsecamente indexada a la inflación. El nivel de gasto público y el déficit fiscal requieren de un aumento sostenido de los precios para poder licuar los desembolsos diarios que las oficinas públicas tienen que cumplir para hacer frente a los subsidios, los planes sociales y la política monetaria, entre otras cuestiones.

“Se siguen sumando más gastos, más nombramientos de funcionarios, más tareas de las que, supuestamente, se tiene que hacer cargo el Estado. En una crisis, ¿cuál es la prioridad? Es como si no hubiera restricción, pero sí existe”, dice María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos.

El gasto primario aumentó 2,8 puntos respecto del PBI entre 2019 y 2021, según apunta la economista. Aunque podría considerarse que la pandemia fue la principal fuente de grandes erogaciones hechas por el Estado, debido a los gastos en materia de salud, en asistencia social y en ayuda económica a pymes y empresas en general, la mayor parte del aumento ocurrió el año pasado. En 2020, la inversión pública se ubicó en 1,1% del PBI, mientras que en 2021 ascendió a 2,4%. Y el año pasado la mayor parte de los desembolsos no se realizó en etapas de cuarentena o restricción por el coronavirus, sino en los últimos meses del año. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, casi la mitad (49,1%) del gasto devengado anual se registró en el último bimestre. En el caso de transferencias de capital, ese guarismo fue aún mayor (53%), con un pico en noviembre, el mes de las elecciones generales.

“Cuando el Presidente presentó el acuerdo con el FMI, aseguró que no iba a haber ajuste. Vuelve a apostar por aumentar los ingresos y por que el gasto público, que dijo que va a crecer en términos reales este año, genere crecimiento económico. Pero hay que reflexionar. ¿Qué significa eso? ¿No ajuste de qué? La inflación es ajuste”, afirma Castiglioni.