Por Andrés Sanguinetti - La incertidumbre sobre cuál será la política oficial para este año de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, como la luz y el gas, es otro motivo de disputa interno entre los socios del gobernante Frente de Todos.

Mientras desde el Ministerio de Economía se pretende avanzar con una reducción de las partidas presupuestarias para ambos rubros como parte del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los sectores kirchneristas vienen advirtiendo sobre la necesidad de mantener las tarifas congeladas y sostener los subsidios tal como el Gobierno ha venido haciendo durante la presidencia de Alberto Fernández y de los años de gestión de Néstor y Cristina Kirchner.

Las definiciones sobre el tema son inminentes, teniendo en cuenta que el incremento de las facturas de gas comenzará a regir desde marzo y se ubicará en torno al 17% para todo el año.

En tanto, la electricidad podría subir un mes después en torno al 20%, ya que antes se debe transitar por la audiencia pública convocada para este jueves 17 de febrero convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Las empresas distribuidoras de ambos servicios como Metrogas; Edesur y Edenor reclaman retoques mayores teniendo en cuenta el largo período de precios congelados; la constante suba de los costos y la imparable carrera de la inflación, entre otros motivos.

Pero más allá de cuál sea el porcentaje de aumento que deberán pagar los millones de usuarios de la zona del AMBA y parte del Conurbano bonaerense, al Gobierno se le haría imposible reducir los subsidios a la luz y el gas durante este año.

Al punto que, aún en un contexto de relativa calma y estabilidad de las variables económicas que tanto se pregona desde el Gobierno, no serían menores a los u$s14.000 millones para seguir sosteniendo la diferencia entre el valor real de la luz y el gas con los nuevos valores que se volcarán a las facturas.

Un monto mayor, por ejemplo, a los u$s11.000 millones que se destinaron a la energía en el 2021 (2,3% del PIB); un 77% más que en el 2020 y hasta un 131% más que en el 2019.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora especializada Economía & Energía en el que también se advierte que la política llevada adelante por el Gobierno dejó prácticamente inalteradas las tarifas de energía eléctrica y gas natural, en un contexto de una inflación promedio anual de casi 47% en los tres últimos años.

La reducción del precio relativo de los servicios públicos condujo a un incremento progresivo en los subsidios que para este año y debido a un aumento en los precios internacionales de los productos energéticos, en particular del gas natural, implicará un incremento significativo en el nivel de subsidios mucho mayor que en el 2021.

A la vez supondrá un deterioro de la balanza comercial energética ya que las importaciones de gas natural y combustibles líquidos para la generación de energía eléctrica se incrementarán en más de u$s2.650mill respecto a 2021.

Esta tendencia hacia un incremento en el nivel de los subsidios será independiente del nivel de aumentos tarifarios que decidan las autoridades nacionales y se verá amplificada, o no, por la estrategia que finalmente se adopte.

Es decir, si se mantienen los incrementos generalizados o si se comienza a aplicar un esquema de precios segmentados, según la zona o el nivel de ingresos de los clientes de Metrogas; Edenor y Edesur. Aún en un escenario macroeconómico relativamente optimista, con una depreciación promedio anual del 31,2% y una variación en el nivel de precios domésticos del 51,4%, el informe de Economía & Energía anticipa un sustancial crecimiento de los subsidios.

Por caso, asegura que con un incremento de las tarifas de energía eléctrica y del gas natural del 20%, en marzo los subsidios treparían por encima de los u$s14.000 millones para todo el 2022.

Como factores que pueden dificultar la reducción de estas partidas se hace referencia al aumento en el precio internacional del GNL; disminución del gas natural importado de Bolivia; una mayor depreciación del tipo de cambio; persistencia de un escenario hídrico ácido y aumento en la demanda doméstica de energía eléctrica y gas natural, entre otros.

En el caso del valor internacional del GNL, el documento recuerda que aumentó sustantivamente a lo largo de los últimos meses y que durante el año pasado Argentina importó a un precio promedio de u$s/MMBTU 8,4.

Si el precio de importación aumenta a u$s/MMBTU 20, el costo de importación se elevaría entonces en u$s1.520 millones.

En el caso de la necesidad de reemplazar gas natural proveniente de Bolivia, ante la menor oferta de dicho país, supondría un costo adicional de u$s1.325 milones, valuando el volumen a ser reemplazado a u$s20 por MMBTU.

Con respecto a la mayor tasa de depreciación del peso, implica la necesidad de incrementos tarifarios solo para que los subsidios en dólares no aumenten, ya que modificaría el descalce entre el costo de los productos energéticos y el valor abonado por los usuarios en el mercado local.

El informe agrega que la no recuperación de la generación de energía eléctrica de origen hidráulico "determinará la necesidad de un elevado despacho del parque térmico y la persistencia de un escenario con elevados niveles de importación de combustibles líquidos cuyos precios aumentaron en el mercado internacional en torno al 20% respecto al promedio de 2021".

Para entender la magnitud del problema, ya en marzo del año pasado, la consultora había publicado un trabajo llamado "El Trilema Energético" en el cual se explicaba que, en materia de política tarifaria el país enfrenta un dilema triple entre el nivel de subsidios, la recomposición del poder adquisitivo de la población y la necesidad de alcanzar un acuerdo con el FMI.

Casi un año después, el escenario es el mismo ya que todos los condicionantes exógeno presionarán para evitar una reducción de los fondos.

Por eso, en el nuevo trabajo recientemente publicado, Economía & Energía simula dos escenarios alternativos para la dinámica de subsidios y tarifas de este año.

En ambos escenarios se contempla una reducida expansión de la demanda, que de no verificarse implicará un mayor nivel de subsidios.

Pero en la primera simulación se evalúa a cuánto ascenderían los subsidios si los usuarios residenciales enfrentan un aumento de la factura final de los servicios públicos del orden del 20%.

En el segundo se estima cuál es el aumento de la factura si se quiere reducir el monto global de los subsidios en 0,4% del PBI.

En este escenario los subsidios a la energía representarían 2,4 puntos porcentuales del PBI, valor similar al déficit primario total "acordado" con el FMI.

Pero una mirada alternativa -consistente con el acuerdo con el FMI- requeriría que los subsidios a la energía no superen 1,9 puntos del PBI para lo cual se requiere un incremento de las tarifas de energía eléctrica del 79% y del 81% en el caso del gas natural.

"Se trata de un escenario, al menos, complejo en el actual contexto económico y social", advierte el documento, casi descartando esta alternativa.

Valores atrasados

El trabajo también explica que más allá de la discusión fiscal, el problema central de la actual política tarifaria es centralmente distributivo.

El año pasado el Estado Nacional destinó 1,3 puntos porcentuales del PBI en programas de asistencia a los sectores de menores recursos, mientras que erogó 2,3 puntos en subsidiar el valor de la energía, destinando una proporción significativa de los mismos a incentivar el consumo en los sectores de mayor poder adquisitivo.

De hecho, el reporte indica que el 67% de los subsidios a la energía se concentró en el sector donde se verificó un incremento interanual del 59%.

A esto le suma que los reducidos incrementos tarifarios, la crisis hídrica y el encarecimiento del precio de los combustibles fueron determinantes en el incremento del nivel de subsidios a lo largo del 2021, cuando alcanzaron los u$s11.003 millones (2,3% del PIB), aumentando un 77% respecto al 2020 y 131% con relación al 2019.

Para el informe, "el nivel de subsidios en relación al producto volvió a ubicarse en torno a los valores verificados entre 2013 y 2016. Y el aumento en los precios internacionales de la energía, la prevalencia de la crisis hídrica y la recomposición de la demanda doméstica determinan que de no producirse modificaciones en las tarifas de energía eléctrica y gas natural, los subsidios a la energía en el 2022 alcanzarían los u$s15.000 millones".

Además advierte que el sostenimiento de los subsidios, en términos absolutos, permitiría en un escenario de crecimiento de la economía una disminución de su incidencia en el PBI.

La disminución de los precios internacionales de los hidrocarburos y la progresiva recuperación de la producción de gas natural desde 2014, como consecuencia de los planes de estímulo instrumentados, permitieron disminuir el valor de las importaciones del sector energético.

Del mismo modo, se vería comprometida la balanza comercial energétia que había verificado una recuperación de las exportaciones gracias a una mayor exportación de petróleo, lo cual posibilitó alcanzar una balanza comercial relativamente equilibrada entre el 2019 y el 2021.

Sin embargo, Economía & Energía estima que el aumento en los precios internacionales y el declino de la oferta de Bolivia determinarán un incremento de las importaciones de gas natural y combustibles líquidos para la generación de energía eléctrica de aproximadamente u$s2.650 millones.

De todas formas, este proceso podría ser compensado parcialmente por el aumento de las exportaciones de petróleo, de mantenerse la tendencia expansiva en los niveles de producción y el valor del crudo en el mercado internacional.

Para estimar los subsidios que suponen un crecimiento de la demanda de energía eléctrica del 1,5% y una estabilidad de la de gas natural, se utiizó una simulación en base a un escenario de baja hidraulicidad en el 2022: 2.564 Mw medios de generación entre enero y mayo y 2.707 Mw medios el resto del año.

Esto determina, dados los actuales precios internacionales, un costo monómico de generación de u$s83 por MWH de promedio para el año.

En tanto, los escenarios elaborados suponen que los niveles de inversión de las distribuidoras en la región metropolitana de Buenos Aires no se modifican respecto a 2021 y por lo tanto, subestiman el nivel de incrementos en las tarifas requeridos para alcanzar un aumento de esos fondos en los segmentos de distribución y transporte.