Por
Joaquín Morales Solá - Sí, es mejor que calle. El ala albertista del Gobierno
tenía razón cuando decía que lo mejor que podía hacer Cristina Kirchner para
colaborar con el acuerdo con el Fondo Monetario era callarse. Se calló a
medias, de todos modos. Su vocero más inconfundible en el Senado, José Mayans,
habló en nombre de ella.
El
principio de acuerdo, dijo, no conforma a los senadores peronistas; estos
quieren conocer los detalles de ese acuerdo eventual, porque, aclaró, los
argentinos no merecen más ajustes. ¿Es el gobierno de Alberto Fernández un
detestable espécimen neoliberal? ¿Está dispuesto a concederles todo a los
representantes de los imperios fondomonetarista y norteamericano? Estas son las
preguntas que se hace la vicepresidenta, como si su gobierno fuera un gobierno
ajeno. Mayans, presidente del bloque kirchnerista, es ella, con la disciplina
propia de quien vivió –y sobrevivió– al régimen de Corea del Norte del
formoseño Gildo Insfrán. Mayans representa a Insfrán en el Senado desde hace 20
años. Jamás se haría ese senador semejantes preguntas si estas no hubieran sido
dictadas o escritas por la propia Cristina. Para hablar como lo hizo Maya ns,
siempre será mejor el silencio.
Las
cosas, al menos, quedaron claras. El motín de Máximo K ir ch ner fue también la
rebelión de la familia K ir ch nercont rala administración de Alberto
Fernández. Llegado el momento, la vicepresidenta se desmintió a sí misma,
porque antes había hecho trascender que comprendía a su hijo, pero no compartía
su decisión. Su hijo tenía la posibilidad de renunciar a la presidencia del
bloque peronista en Diputados y seguir siendo diputado (los fueros son siempre
valiosos). Su madre carece de esa oportunidad; si ella renunciar a ala
vicepresidencia,debería regresara casa porque no es senadora. Ya vivió dos años
sin cargos y sin fueros (2015-2017) y fueron un infierno. Nunca más. De hecho,
descartó presentarse como candidata presidencial el año próximo, según confesó
a su feligresía, porque ya habrá cumplido 70 años, veinte de los cuales, desde 2003,
los pasó, dice, con más estrés que sueño, con más miedos que certezas.
Gran
parte de las tensiones que vivió en esas dos décadas las buscó ella, no son
inherentes al cargo ni a las funciones. Su personalidad es así; la angustia
llega antes que ella a cualquier parte adonde va. Sin embargo, Alberto
Fernández no debería confundirse: él no será el candidato de Cristina en las
próximas elecciones presidenciales. Ella elegirá otro para ocupar la más
importante poltrona del Estado. Cristina será candidata a senadora nacional por
la provincia de Buenos Aires, que en 2023 renovará los senadores que eligió en
2017. Se puede renunciar a los honores, pero nunca a los fueros.
El
cuartelazo cristinista complica también a Juntos por el Cambio, que no quiere
un desacuerdo con el Fondo Monetario. “El default con el Fondo no puede ser una
opción para nosotros”, señaló Mauricio Macri en la última reunión de la
conducción nacional de la coalición opositora. El proyecto de Cristina es
claro: unir en un mismo mosaico ideológico a la oposición de Juntos por el
Cambio y a la franja albertista del Gobierno. Y quedarse ella con el liderazgo
de la oposición al acuerdo con el FMI. Es una discusión para un número de
políticos que entra cómodamente en un taxi.
La
mayoría de la sociedad, más del 70 por ciento, según todas las encuestas,
quiere un acuerdo con el Fondo porque sabe que la alternativa será mucho peor.
Veinte años es un tiempo reciente para la memoria colectiva. Hace veinte años
que la Argentina se declaró en default con los bonistas privados; el país se
precipitó entonces a una de las crisis políticas, económicas y sociales más
profundas que vivió. Nadie quiere volver a semejante colapso. El debate sobre
el préstamo del Fondo, sobre las condiciones que pide el organismo o sobre las
reglamentarias revisiones trimestrales, es promover una tormenta en un vaso de
agua, cuando ya queda poca agua.
La
oposición en Diputados dará el quorum necesario, pero no sabe todavía si se
abstendrá luego o si votará a favor. Depende de qué sea lo que el Gobierno
envíe al Congreso. La última información que les llegó a los
líderesparlamentarios de Juntos por el Cambio es que el Gobierno mandará un
proyecto de ley para autorizar solo el préstamo del Fondo Monetario y que los
detalles que ya se conocen (baja del déficit fiscal, limitación para emitir
dinero destinado al Tesoro) irán en un anexo corto.
Esto
es: el Gobierno no mandará la carta de intención ni el memorándumfinal de
entendimiento. Es la mejor solución. Tanto para Juntos por el Cambio como para
el propio Frente de Todos. Una autorización general al Gobierno para recibir el
préstamo, sin las incómodas condiciones del préstamo. Una abstención de la
oposición le permitiría al Gobierno sacar la autorización con mayoría simple.
Sergio Massa asegura que ya tiene unos 140 diputado s para aprobar el acuerdo
sin la compañía institucionalde Juntos por el Cambio. Son demasiados para
cualquier especialista en contar votos.
Máximo
Kirchner promoverá la abstención de 20 o 30 diputados propios; los de Juntos
por el Cambio son 116 si se abstuvieran todos, y deben contabilizarse los votos
de rechazo, entre los que estarán los de la izquierda y los de los liberales de
Javier Milei y José Luis Espert. Quedan no más de 90 o 100 diputados. Con ese
escaso número el Gobierno podrá aprobar el acuerdo, aunque su debilidad será
manifiesta y explícita. Otro escenario se levantaría si Juntos por el Cambio
decidiera votar a favor.
En
el Senado también habrá abstenciones, pero el escándalo político ya habrá
estallado en Diputados, que es lo que quiere Cristina Kirchner. Por eso, mandó
a decir a Mayans que es mejor que ese proyecto ingrese al Congreso por
Diputados y no por el Senado. Siempre fue al revés, porque el oficialismo tiene
en el Senado una relación de fuerzas más amable. Eso sucede siempre que Alberto
y Cristina están detrás de la misma idea. Ahora no lo están.
La
oposición se comprometió a no aprobar nuevos impuestos o aumentos de impuestos
ya existentes. Si hubiera nuevos gravámenes, estos deberán pasar luego por el
Congreso, según la Constitución, ya sea a través de puntual es proyectos dele
yo incluidos en el nuevo presupuesto de 2022, si es que el Gobierno decide
enviar un nuevo presupuesto para este año. El primer proyecto fue rechazado por
la oposición en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, aunque ahora,
después del principio de acuerdo con el Fondo, sería letra muerta si hubiera
sido aprobado.
Dicho
de otro modo: aprobar en términos generales el préstamo con el Fondo no
significaría una autorización automática para aumentar o crear impuestos. Estas
decisiones requerirán de otro trámite parlamentario.
El
tiempo que tiene el Gobierno para acordar con el staff del Fondo Monetario se
estrecha a un puñado de días, no más de una semana. Faltan cinco semanas hasta
el 22 de marzo, cuando el Gobierno deberá hacer frente a un vencimiento de 2869
millones de dólares con el Fondo. Ocho días después, el 31 de marzo, vencerá el
tiempo de espera que le dio el Club de París para negociar con el Fondo y no
caer en default también con este organismo, al que no le pagó 2000 millones de
dólares. La aprobación por parte del directorio del Fondo necesitará entre 10 y
15 días y las gestiones en el Congreso argentino se llevarán otras dos semanas.
La
Argentina nunca experimentó un default con los organismos multilaterales, a
pesar de haberse aventurado en todas las transgresiones posibles. Un default
con el Fondo Monetario no tiene precedente en el mundo. ¿Cómo se remontaría
semejante situación? ¿Cómo, después de que la Argentina declaró en 2001 el
default con los privados más grande de la historia? ¿En qué grado de
aislamiento e insignificancia quedaría el país? Solo se sabe que, si se cayera
en default con el Fondo, para que un futuro gobierno entable una nueva
negociación deberá pagar todos los vencimientos que hayan ocurrido hasta ese
momento. Un monto inmenso. Grecia cayó en default con el FMI y cuando quiso
regresar a una negociación la Unión Europea debió prestarle el dinero para que
pagara los vencimientos que se habían acumulado. Luego, el Fondo le dio el
dinero para que devolviera el préstamo de Europa. Europeos y funcionarios del
Fondo hicieron semejante pirueta financiera para no romper los reglamentos
internos del FMI. Pero Grecia tenía a Europa a sus espaldas; la Argentina no
tiene a nadie. Por eso, la oposición, que espera regresar al gobierno en 2023,
detesta la idea de un default.
El
Presidente manifestó personalmente su alegría porque el Fondo no había impuesto
“reformas estructurales” al país. Rara alegría. Importa poco lo que opine el
Fondo Monetario, pero el país necesita reformas estructurales si quiere salir
del sendero que va hacia un destino donde todo será peor. Por reformas
estructurales se entiende, por ejemplo, la reforma previsional. ¿Puede la Anses
seguir financiando los salarios de tres millones de jubilados que no hicieron
aportes previsionales nunca? Una reforma posible sería crear un subsidio a la
vejez, que se financiaría con otros recursos del Estado, mientras la Anses se
dedicaría a atender con más justicia los salarios de los jubilados que
aportaron durante 30 años y se jubilaron en tiempo y forma. Otra reforma es la
laboral. El reconocido economista Mario Blejer, que estudió las razones de la
decadencia argentina, descubrió que uno de los motivos de ese declive perpetuo
es la decisiva influencia de los sindicatos en la vida pública. Los sindicatos
se dedican a cuidar a los argentinos que trabajan (y a sus propias cajas) y no
les importan los argentinos que no trabajan o que trabajan en negro, que son
casi la mitad de los trabajadores. Esa influencia expulsa a muchos argentinos
del mercado laboral y obtura la creación de nuevas inversiones del sector
privado. Una tercera reforma es la impositiva. La Argentina es el segundo país
del mundo con más carga impositiva sobre su población, la que trabaja o produce
en blanco, desde ya. Por la vía de impuestos directos o indirectos, los
argentinos deben destinar el 50 por ciento de sus ingresos para pagarle
impuestos al Estado. Medido anualmente, un argentino que trabaja en blanco debe
destinarle al Estado los salarios que van desde enero hasta junio. Solo a
partir de julio empieza a disfrutar de lo que cobra por su trabajo. ¿Por qué la
alegría del Presidente? La decadencia también tiene su encanto.
Un
momento decisivo para la actitud de la oposición en el Congreso será el
discurso que pronunciará el Presidente el 1º de marzo ante la Asamblea
Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias. ¿Qué Alberto se sentará y
hablará en el principal estrado del Congreso, justo al lado de su
vicepresidenta? ¿Será un político con un discurso consensual, que reclamará con
buenos modales el apoyo de sus opositores, o será el Presidente descolocado,
capaz de ofender con sus palabras a los que no piensan como él? ¿Será, acaso,
la persona que este martes destrató al fiscal Diego Luciani, cuando este lo
interrogó sobre los presuntos hechos de corrupción en las adjudicaciones de la
obra pública cuando Cristina era presidenta? Alberto Fernández agravió al
fiscal diciéndole que “tiene un problema de comprensión”.
El
fiscal, un hombre con buen prestigio en los tribunales, replicó, preciso y
cortante: “No me falte el respeto, doctor”, le dijo al Presidente, a quien no
nombró como presidente. La dignidad del cargo se gana fuera de las urnas.
En
las elecciones presidenciales norteamericanas de 2008, en plena crisis
financiaría tras la caída del banco L eh manBrothers, el entonces
presidenteGeorgeW.Bushy el candidato demócrata Barack Obama firmaron un acuerdo
para destinar 750.000 millones de dólares a la dañada economía de los Estados
Unidos. “Debí elegir entre el oportunismo electoral y la responsabilidad ante
el Estado y ante el pueblo de los Estados Unidos. Elegí la responsabilidad”,
escribió Obama en sus memorias, cuando ya era expresidente.
En
2002, en Brasil, el entonces candidato presidencial Lula da Silva difundió una
“Carta al pueblo” en la que se comprometía a continuar con las políticas
económicas fundamentales del presidente Fernando Henrique Cardoso. Brasil se
tranquilizó. La economía de Cardoso le había permitido a Brasil salir de la
inflación alta. En días ya agónicos, la política argentina debe decidir si le
sigue gustando más el oportunismo que la respo ns abi lid ad.ß
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