Por Julián Guarino - La ecuación tiene dos partes. Por un lado, y bajo un inédito hermetismo, el ministro Martín Guzmán pareció ser, en las últimas horas, y de menor a mayor, convidado a una intensa negociación con el FMI, ayudado desde Washington por el representante argentino en el FMI Sergio Chodos. Las variables que ayudaron a ese mayor dinamismo hay que buscarlas en las distintas gestiones que “la política” estadounidense habría aceptado realizar con sus colegas del ala técnica y económica. Lo “insólito” radica en que existe un amplio sector del Gobierno que no sólo no participa de esas negociaciones, sino que además no accede siquiera a un leve indicio de contexto. Nada. Casi una especie de aventura solitaria de Guzmán que podría emerger del túnel en las próximas horas con alguna propuesta para evaluar junto al presidente Alberto Fernández. Por supuesto hay que incorporar en esta secuencia al venezolano Luis Cubeddu, pero también para a la estadounidense Julie Kozak, al frente de la misión que desde el año pasado mantiene su residencia en estas tierras, ahora junto a Ben Kelmanson, poseedor de las llaves de la oficina local.

Si hay una novedad, es que el pago que debe realizarse mañana por u$s 731 millones ha sido tomado de rehén. Pareciera que el Gobierno está dispuesto a gatillar ese desembolso si, de máxima, logra que el FMI se acerque lo más posible a la propuesta de Guzmán o, en todo caso, si el Gobierno logra avanzar lo suficiente como para abrir una nueva fase de la negociación con algunas garantías en el haber. Es decir que la confirmación del pago depende de una sutil percepción: si todo el Gobierno considera que la instancia de negociación ha dado algún fruto (aunque aún no se haya llegado a un acuerdo) entonces se autorizaría el pago con el compromiso de seguir la conversación y respetar lo pactado hasta ese punto. Claro está que no sólo la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda deben corroborar esa apreciación de avance real -muchas veces subjetiva- en función de la aversión a la ruptura negociadora. Sabido es que el presidente Fernández ha sido partidario en las últimas horas de blindar la negociación y despejar el escenario de cualquier declaración pesimista a diferencia de la vicepresidenta que, desde Honduras, cargó duro contra los organismos multilaterales de crédito. Ahí radicaría el esfuerzo de Guzmán por ganar algo de tiempo, dejando trascender desde anoche que había un acercamiento “en lo fiscal”, uno de los puntos de conflicto con el FMI.

Al menos dos fuentes de Gobierno que participan de las conversaciones con el FMI señalaban ayer que se habían logrado “avances”, lo que remitía a la posibilidad de que la Argentina mantenga la chance de conservar su autonomía para definir qué clase de política fiscal debería aplicar al menos en los próximos dos años, es decir, 2022 y 2023. Sería entonces un acuerdo de Facilidades Extendidas sin el compromiso de reformas estructurales en el corto plazo. A la vez, implicaría cierta flexibilidad en los términos que se venían negociando hasta ahora referentes a en qué momento el organismo comenzaría a exigir el equilibrio en las cuentas públicas.

La posición de la Argentina hasta el momento era de un déficit cero en el año 2027, mientras que el FMI pedía hacerlo en 2024. Si bien no hay detalles al respecto, todo indica que la Argentina habría logrado aplazar, al menos en parte, dicho año dicho compromiso. Desde esa perspectiva, la política local y el Frente de Todos en particular, tienen algo de lo que agarrarse, toda vez que esa mecánica sirve para patear los vencimientos hacia adelante y trasladar la discusión a un eventual próximo período de gobierno. Si se lo piensa, lo más caro para Argentina por estas horas es el tiempo debido a la delicada situación macro y de reservas. Con tiempo, el Gobierno puede ver la posibilidad de refinanciar los pagos o incluso hacer desembolsos con el excedente de la cuenta corriente. Pero si la expectativa está puesta en que crezcan las exportaciones, entonces el tiempo es vital.

La otra parte de la ecuación, que hasta ahora se silencia, es la del tipo de cambio y la inflación. Si el FMI pide devaluación, es decir unificar los tipos de cambio, entonces el shock inflacionario puede atentar contra la estabilidad, un argumento que suelen utilizar los exégetas de la dolarización. Una inflación del 50% de base fogoneado por un compromiso de unificación del tipo de cambio en un periodo corto de tiempo puede inhibir cualquier acuerdo ventajoso en lo fiscal por el enorme deterioro social en el poder adquisitivo y en las condiciones de vida. Cabe preguntarse si es meritorio cerrar un acuerdo que no garantizaría despejar la incertidumbre y acumular tensiones sociales que dependerán entonces de un desempeño macroeconómico superlativo de los sectores claves y exportadores y de una redistribución contundente de la riqueza vía progresividad impositiva y políticas de subsidios para no naufragar.