Por Joaquín Morales Solá - Nadie lo dijo con más claridad que el
Fondo Monetario ni nadie saldó con más diplomacia un debate argentino crucial.
¿El Gobierno tiene o no tiene un plan económico? Después de un rodeo verbal
elegante, Gita Gopinath, la jefa de los economistas del organismo, señaló ayer
que ellos están esperando un programa “sólido y creíble” de parte del gobierno
argentino, que aborde “los desequilibrios que tiene el país”. Es decir, durante
dos años el ministro de Economía, Martín Guzmán, parloteó largamente con el
Fondo sin llevarle un plan concreto. Algunos le llaman a eso sarasa; otros le
dicen sanata. En conclusión, no hay plan. Decepción para los que creían que la
administración de Alberto Fernández le había hecho llegar al FMI un esbozo de
programa que mantenía oculto aquí. La novedad sucede en las vísperas de
vencimientos con el organismo por cerca de 1100 millones de dólares, que
sucederán entre el viernes y el martes próximo. El Gobierno no adelantó hasta
ahora si pagará esos vencimientos o si comenzará el proceso de default con el
Fondo, que podría concluir en marzo, cuando vencerán compromisos por 2600
millones de dólares. Esto ocurrirá si antes el Gobierno no llegara a un acuerdo
con el organismo para refinanciar el crédito por 44.000 millones de dólares que
tiene pendiente. El acuerdo está lejos en materia de números y metas, según se
desprende de las declaraciones de Gita Gopinath.
Hay claramente dos líneas dentro de la administración para enfrentar las
negociaciones con el Fondo. Una la lidera el propio Presidente, quien, a pesar
de sus discursos aguerridos contra el organismo, prefiere un acuerdo porque
sabe que el peor acuerdo (siempre perfectible luego) es mejor que una ruidosa
ruptura. “El Presidente quiere llevar serenidad a la economía y a la sociedad y
sabe que el acuerdo con el Fondo forma parte esencial de ese proyecto”, dice un
funcionario que suele escuchar al jefe del Estado. Conoce, sobre todo, las
consecuencias de un default con el organismo. Ningún otro organismo
multilateral (Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo)
le prestarán un dólar más al país. La estructura productiva del país, agropecuaria
o industrial, solo podrá comprar insumos en el exterior con el pago previo en
efectivo. Esas compras estarán condicionadas, a su vez, por la disponibilidad
de dólares del Banco Central, donde recurrirán los empresarios para cambiar sus
pesos por dólares. Ninguna empresa extranjera, además, podrá tomar créditos en
el exterior para invertirlos en la Argentina.
Es probable que el Gobierno deba hacer un ajuste más fuerte sin acuerdo
que con acuerdo y que deba, también, decidir una devaluación más importante si
se concretara la ruptura final con el Fondo. “Alberto no quiere ser otro De la
Rúa”, sintetiza aquel funcionario. Fernando de la Rúa renunció prematuramente a
la presidencia, en efecto, pocos días después de que el Fondo decidiera romper
la relación con la Argentina. En este caso sería peor: nada indica que el
organismo quiera ahora romper con la Argentina; la eventual ruptura sería una
decisión del gobierno argentino.
La otra línea la comanda –cuándo no– Cristina Kirchner, obseestá.
sionada como está con retener el poder en 2023. Retener el poder es una idea
común a todos lo que lo alcanzaron, pero no todos están dispuestos a hundir al
país en una sus peores crisis porque creen que de otra manera los aguarda la
derrota electoral. En los alrededores del Instituto Patria, se sostiene que es
falsa la idea de que existe una buena relación entre la vicepresidenta y Martín
Guzmán. “Él va a verla porque Alberto le dice que trate de convencerla, pero
Cristina le ha dicho hasta ahora que no quiere un acuerdo en las condiciones
que plantea el Fondo”, cuentan los que escuchan a la expresidenta. Les envió
algunos mensajes claros a los incrédulos: la carta de hace una semana en la que
lustró su antimacrismo fue, en rigor, una advertencia sobre sus reparos (para
llamarlos de un modo elegante) hacia el organismo.
Luego, para que no quedaran dudas, Carlos Zannini, jefe de los abogados
del Estado y fiel subordinado de la vicepresidenta, le pidió a la jueza federal
María Eugenia Capuchetti que llamara a declarar a los funcionarios del Fondo
que habían participado del crédito otorgado a Mauricio Macri. El jefe directo
de esos funcionarios internacionales era David Lipton, entonces subdirector
ejecutivo del Fondo. Ahora, Lipton es jefe de asesores de la poderosa
secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen. Yellen tiene en sus manos
gran parte del acuerdo o el desacuerdo del Fondo con la Argentina; es la que
controla la opinión final de la actual directora ejecutiva del Fondo,
Kristalina Georgieva, porque esta le debe a Yellen la continuidad en su actual
cargo. Georgieva fue seriamente cuestionada por decisiones que tomó en sus
anteriores funciones en el Banco Mundial; estaba a punto de caer en el Fondo
cuando Yellen la tomó de los pelos y la sacó del agua. Yellen, además, es la
que ordena la posición de Estados Unidos en el organismo multilateral y en su
directorio. Lipton conoce el caso argentino de primera mano. En esos
berenjenales se metió Zannini, como un guerrero ciego y empedernido de guerras
ya perdidas.
Pero ¿por qué Cristina cree que un acuerdo con el Fondo sería peor que
cualquier otra alternativa? Los técnicos del organismo han planteado que el
país debe empezar a bajar el déficit de sus cuentas públicas. Nadie le cree a
Guzmán cuando se pavonea asegurando que el año pasado logró bajar el déficit.
El déficit bajó, en efecto, pero gracias al impuesto especial a la riqueza, que
fue excepcional, al buen rendimiento de las exportaciones agropecuarias y al
monumental ajuste que les hicieron a los ingresos de los jubilados. El 70 por
ciento de los jubilados cobra hoy menos de 30.000 pesos por mes; es decir,
menos de 150 dólares, según el precio del billete norteamericano en el mercado
paralelo. El 70 por ciento de los jubilados está bajo la línea de la pobreza,
de acuerdo con el nivel de ingresos que fija el propio Indec para establecer
quién es pobre en la Argentina.
El Fondo reclama una política más seria para reducir los gastos del
Estado, pero, sin embargo, no le pide déficit cero, como se lo pidió a Macri. Y
también plantea la necesidad de una devaluación del peso frente al dólar
oficial de, al menos, el 20 por ciento para empezar a normalizar el mercado
cambiario, que tiene múltiples precios para el dólar. Una anomalía, a todas
luces. La supuesta autocrítica del Fondo al modo en que el organismo le dio el
crédito a Macri señala, con otras palabras, que fue muy concesivo y no exigió
reformas estructurales. Algunas de esas reformas se la están reclamando a
Alberto Fernández. Cristina se sacude de furia en su sillón vicepresidencial.
Con todo, lo que más le molesta a Cristina son las revisiones
trimestrales que suele hacer el Fondo en los países con los que tiene un
acuerdo por créditos otorgados. O que el organismo no postergue vencimientos,
sino que otorgue nuevos créditos para pagar aquellos vencimientos y para hacer
un nuevo programa. Pero esas son condiciones que están en el reglamento del
Fondo. “Discutirle al Fondo su reglamento es como discutirle sus resoluciones a
la AFIP. No sirve de nada”, dice un economista que conoce los mecanismos del
organismo internacional. Es probable que Cristina tenga razón en una
conclusión: un programa con el Fondo podría significar, a la larga, la derrota
del Gobierno en las elecciones presidenciales de dentro de dos años. Pero hay un
problema sin solución: la opción, una ruptura sin programa, sería mucho peor.
Incapaz de reconocer sus propios errores, la vicepresidenta (en esto la
acompaña convencido el Presidente) prefiere culpar solo a Macri de la infame
encerrona en la que Pero Macri heredó, a su vez, el descalabro económico que le
dejó Cristina Kirchner. Si esos dos líderes antitéticos pudieran coincidir en
el diagnóstico, la solución sería menos complicada de lo que parece.
Cuando más lo necesita a Joe Biden, el presidente argentino no está
dispuesto a renunciar a su visita a Putin ni al boato propio de los encuentros
presidenciales. Entre Biden y Putin no hay una simple discordia; hay aprestos
de guerra entre esos líderes. Hay tropas movilizadas a uno y otro lado de la
frontera de Ucrania con Rusia; hay personal diplomático norteamericano que
debió abandonar precipitadamente Ucrania. ¿Imagina Alberto Fernández que
conseguirá un crédito del gobierno ruso? Difícil. Rusia no es una potencia
económica y necesita ahora de todos los recursos que tiene, aunque solo esté
armando el teatro de una guerra. La otra escala del Presidente será China, un
país que tampoco cuenta con la simpatía de Biden. Más bien, el presidente
norteamericano considera a China como el competidor real de Estados Unidos por
la influencia en el mundo y, sobre todo, en América latina. ¿Alberto Fernández
le pedirá a China un préstamo? Quienes conocen la complicada nomenclatura china
sostienen que solo podría haber un anticipo de inversiones ya programadas por
unos 5000 millones de dólares. Pero tampoco sería una alternativa al Fondo
Monetario, porque los chinos lo mandarán al Presidente a arreglar de una buena
vez por todas con los técnicos del organismo. China es el tercer accionista del
Fondo. Cuando el gobierno discute de dinero con el Fondo, está discutiendo
también sobre dinero de los chinos. Como discute dinero de los norteamericanos,
los alemanes, los japoneses, los franceses o los españoles, entre muchos más,
porque todos aportan con sus impuestos a las arcas del Fondo Monetario. El
Gobierno hasta podría negociar con el Fondo, si está bien predispuesto, la
devolución de los pagos por casi 3.000 millones de dólares que le hizo en los
últimos dos años. Sería la senda racional, pero la política argentina es
irracional por naturaleza.
¿Qué significarían 5000 millones de dólares de China? Mucho y poco.
Mucho frente a la sequía actual de dólares, pero poco al ritmo en que el Banco
Central debe deshacerse de reservas en un clima de desconfianza colectiva y de
compromisos productivos. En los dos años de Alberto Fernández se evaporaron
casi 30.000 millones de dólares del Banco Central.
Macri dejó reservas netas por 13.000 millones de dólares (las nominales
eran de casi 44.000 millones) y el año pasado hubo un superávit comercial de
casi 15.000 millones de dólares. Ahora no quedan reservas netas, aunque las
nominales están en 38.000 millones. ¿Se quedó el Gobierno con esos dólares? No.
¿Se los llevaron los amigos de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner?
Tampoco. Solo sucedió que el Gobierno pagó vencimientos de deuda pública, que
los argentinos reclaman siempre dólares para atesorar y que la estructura
productiva del país está atada a los insumos importados, que se pagan con
dólares. Ese es el país que Cristina no ve o no quiere ver, cegada por la
ideología, los prejuicios y las supersticiones.ß
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