Por Jaime Rosemberg - El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 1º de febrero. Sin bien el temario está compuesto mayormente por proyectos ligados con la producción, el presidente Alberto Fernández incluyó una iniciativa de corte netamente político y que promete generar un fuerte debate con la oposición: la reforma del Consejo de la Magistratura.

El proyecto oficial, que propone elevar a 17 los miembros del órgano que elige y controla a los jueces, fue presentado días antes del fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la composición actual del Consejo, de 13 miembros, impulsada en 2006 por Cristina Kirchner.

Puntual y con paso raudo, el secretario de Energía, Darío Martínez, llegó ayer a la Casa Rosada para una reunión pautada con Alberto Fernández. “Volvete, estoy con otras cosas, yo te llamo”, le escribió el Presidente cuando quedaba claro que no llegaría a la cita.

Más allá del frustrado encuentro, y entre los temas pendientes de su gestión (segmentación de tarifas, consecuencias de los recientes cortes de energía, relación con las empresas), Martínez impulsa en el Congreso una nueva ley de hidrocarburos que está en abierta contradicción con el proyecto del ministro de Producción, Matías Kulfas, impulsor de la denominada ley de movilidad sustentable, resistida por petroleras y algunas automotrices. La iniciativa de Martínez no fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias. La de Kulfas, sí (ver aparte).

Martínez se referencia en el Instituto Patria, el búnker de Cristina Kirchner, mientras que Kulfas es uno de los ministros que responden al Presidente y es resistido por un sector del kirchnerismo.

Anunciada en septiembre pasado por el propio Martínez, la nueva ley de hidrocarburos ofrece beneficios cambiarios e impositivos para las empresas que proyectan inversiones en combustibles tradicionales, sobre todo en el yacimiento Vaca Muerta. Pero las mismas empresas se pusieron en guardia al enterarse que el proyecto de Kulfas (con el aval del ministro de Economía, Martín Guzmán), propone la inédita prohibición de fabricar vehículos que funcionen a base de combustibles líquidos (nafta y gasoil) desde el 1° de enero de 2041 y favorecer la energía eléctrica como reemplazo de los combustibles fósiles. “Desalienta a la industria, al petróleo y al gas. Somos potencia mundial en cuanto a estos recursos. Y nadie va a venir a invertir a la Argentina porque saben que acá no hay futuro”, dijo días atrás a TN Gabriel Bornoroni, presidente de Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), que nuclea a las estaciones de servicio de todo el país.

“Paradójicamente, el Ejecutivo quiere que ese proyecto se trate en las inminentes sesiones extraordinarias del Congreso junto a otro de promoción a la industria de hidrocarburos para generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo. Parece que hay petróleo malo y petróleo bueno”, comentaron sin ocultar su enojo fuentes del sector petrolero.

“Prohibir la venta de vehículos a combustión interna para 2041 es contradictorio con el proyecto de incrementar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta para apalancar el crecimiento económico y la generación de divisas frente a la restricción externa que tiene contra las cuerdas a la macroeconomía”, agregaron las fuentes.

Los empresarios aseguran que los funcionarios de uno y otro lado se “tiran la pelota” mientras impulsan, cada uno por su lado, sus respectivos proyectos. “Hablan como si no formaran parte del mismo Gobierno”, afirmó otro representante de las industrias que se consideran afectadas y que ponen en duda las inversiones de esos sectores en los próximos años.

La disputa entre Martínez y Kulfas excede en mucho las cuestiones técnicas. “A Kulfas, La Cámpora no le va a aprobar nada”, sostuvo una fuente al tanto de las negociaciones parlamentarias. Martínez, quien días atrás defendió sin medias tintas el proyecto de una empresa noruega para la exploración petrolera en el Mar Argentino, viene forjando también una relación de confianza con el Presidente, con quien habló “veintidós veces”, según contaron cerca de Fernández, durante la crisis energética en medio de la intensa ola de calor.

En octubre pasado, y al presentar el proyecto, Kulfas explicó que la norma apunta a trabajar tres sostenibilidades: la ambiental, la macroeconómica y la social. “La sostenibilidad ambiental para pensar en el transporte del futuro compatible con el ambiente; la sostenibilidad macroeconómica para trabajar en un sector que pueda generar divisas y sea exportador; y la dimensión social para crear empleo en todo el país”, sostuvo el ministro, junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y el titular de Adefa, Daniel Herrero.

Desde el Ministerio de Producción, y si bien reconocieron el malestar de “algunas empresas”, relativizaron a la nacion las diferencias con Martínez y afirmaron que el proyecto tiene “buena recepción”, incluso entre las automotrices.

También recordaron que la semana pasada, consultado por este tema, Kulfas afirmó: “La transición ecológica va a llevar no menos de 20, 30 años. Y en el medio van a convivir las apuestas que estamos haciendo tanto a los hidrocarburos como a las nuevas energías, como las energías renovables”. También agregaron que “el ministerio de Producción participó de la elaboración de la ley de hidrocarburos”. El ministro redobla su apuesta por los molinos eólicos, los paneles solares y el hidrógeno verde, “el combustible del futuro, totalmente ecológico”.

“Es un proyecto para un país rico, no para un país con más del 40% de pobreza”, insistieron sectores que se oponen a la norma.ß