Sábado 9 - Por Néstor O. Scibona - Nunca soplan buenos vientos si no se sabe hacia dónde hay que ir, afirman los que navegan a vela. Un desconcierto similar vive la Argentina debido a la simultánea ausencia de un programa macroeconómico integral y de una política energética que vaya más allá de la coyuntura. Sobre todo, con los cambios globales para la etapa pospandemia y la transición hacia el uso de energías menos contaminantes ante la alarmante aceleración del cambio climático.

La falta de coordinación entre la economía y la energía causó estragos en el arranque del siglo XXI, ya que el congelamiento de tarifas durante años, a costa de subsidios crecientes e indiscriminados, desembocó a fin de 2015 en una doble crisis de las cuentas fiscales y externas. La historia se repite ahora. Pero con un futuro más complicado por la transición energética global, que impone una virtual cuenta regresiva al aprovechamiento del enorme potencial de petróleo y gas de Vaca Muerta. El motivo son los futuros impuestos a la emisión de carbono impulsados por organismos internacionales (ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), en función del objetivo de “descarbonizar” la energía en 2050.

La Argentina, como miembro del G20, asumió ese compromiso en el Acuerdo de París, si bien sus emisiones equivalen al 0,6% del total mundial (encabezado por China y los Estados Unidos) y solo la mitad corresponde específicamente al sector energético.

“Hay tiempo para diseñar una estrategia energética a 30 años porque cada país deberá definir la suya; pero no tanto como para perderlo”, afirma Jorge Lapeña, exsecretario de Energía y presidente del Instituto General Mosconi (Iaegm).

Precisamente, este desafío fue abordado en el seminario virtual “Futuro Energético” organizado esta semana por el Iaegm, donde unos 15 especialistas trazaron un pronóstico más que preocupante a raíz de la crónica ausencia de políticas horizontales y su reemplazo por sucesivos parches.

Para Ricardo Carciofi (UBA/ IIEP), la necesidad de coordinar la política económica con la energética y dinamizar inversiones para revertir la declinación productiva de los combustibles fósiles, se contrapone con un cuadro de estancamiento económico, alta inflación, distorsión de precios relativos, racionamiento de divisas, ausencia de crédito público e imposibilidad fiscal de sostener subsidios generalizados, que agudiza las tensiones internas en el Frente de Todos. “Es como construir un edificio sin cimientos”, grafica.

También advierte que los desequilibrios y las regulaciones en el sector repercuten sobre el Tesoro Nacional y obligan a un replanteo integral. A su juicio, éste debería incluir precios no alejados de los internacionales para maximizar el uso de las reservas de petróleo y gas mientras sea factible su aprovechamiento económico, ya que el horizonte de mediano plazo señala una pérdida de valor. Y, paralelamente, avanzar en la ampliación de fuentes renovables. “No puede haber objetivos sin un plan estratégico que oriente la transición”, dice.

Entre las inconsistencias menFernando ciona la ley de Biocombustibles y las inversiones condicionadas a su fuente de financiamiento, como la aprobación del plan de NASA (Nucleoeléctrica Argentina), que incluye una nueva central nuclear con tecnología (Hualong) y financiación de China, sin que el tema haya sido tratado por el Congreso ni sometido a un examen detallado.

Según algunos especialistas, la construcción de esa central (con reactor de uranio enriquecido y agua natural, no utilizado en el país) demandaría ocho años y un costo total de 13.000 millones de dólares que, financiado a 10 años de plazo, incrementará el endeudamiento en US$1300 millones anuales.

En la misma línea, Nicolás Gadano, especialista en Oil&Gas, afirma que el proyecto de ley de Hidrocarburos enviado al Congreso es un conjunto de regímenes de promoción de inversiones y no una reforma, salvo para el almacenamiento de gas natural, que ocupa solo 2 de sus 116 artículos. Además, cuestiona su vigencia por 20 años sin un marco de planificación para la transición hasta 2050 y más aún cuando el petróleo y gas representan el 85% de la matriz energética. En cuanto al desarrollo de Vaca Muerta subraya que enfrenta las trabas comunes a toda la economía, como el cepo a las exportaciones, giro de utilidades, alta presión tributaria e incertidumbre macroeconómica.

“En vez de atacar estos problemas con un plan integral, el Gobierno dice que no va a cambiar el marco, pero sí establece excepciones, privilegios y ventanas de oportunidad que se extienden en el tiempo. Salvando las distancias, es un esquema similar al de los planes sociales pero aplicado a las empresas petroleras”, explica.

Entre sus cuestionamientos al proyecto, señala la multiplicidad de objetivos imposibles de alcanzar (abastecimiento interno, exportaciones, inversiones en origen, yacimientos de baja productividad, proveedores locales, cuestiones de género, etc.). Y que, dentro de la modalidad K de “micro-management y discrecionalidad”, impone diferentes bases para beneficiar la producción incremental por cuencas y distintos derechos de exportación dentro y fuera del programa. A esto agrega que la fijación por ley del impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) como ad valorem, arrasa con la necesidad de gravar progresivamente el contenido de dióxido de carbono.

Salvataje

Además, Gadano advierte que el proyecto incluye un salvataje de YPF a través del régimen de grandes inversiones en downstream (refinación, tratamiento de gas, transporte), al permitirle cancelar con parte del ICL los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores. A su juicio, implica transferirle recursos como si la petrolera fuera 100% estatal, confunde su estatus con 49% de accionistas privados y su rol en el mercado. De ahí que proponga una discusión sobre el futuro de YPF, así como el de empresas públicas “sin destino”, como Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) o Ieasa (ex Enarsa).

Navajas, economista jefe de FIEL, plantea que la agenda para 2023 deberá incluir la consistencia macroeconomía-energía de corto y largo plazo, así como una reforma regulatoria de precios y tarifas vinculada a la transición eléctrica, que abarque subsidios estatales de suma fija (no de precios más bajos) y tarifa social (TS). Y, a base de diferentes aportes académicos, enumera 15 sugerencias.

Entre ellas se destacan una reforma del impuesto al carbono, con un piso de US$50 por tonelada, extendida a todo el sector energético; decidir si su recaudación se integra al esquema de subsidiosTS o se destina a financiar infraestructura para la transición energética con apoyo explícito de organismos multilaterales; coordinarla con programas de eficiencia energética; reformar el mercado eléctrico mayorista y perfeccionar las licitaciones a mediano plazo de gas, sin subsidios y con competencia. También migrar la tarifa social hacia cargos fijos focalizados, diferenciada por regiones y componente estacional (verano, invierno); no integrar la TS de gas y electricidad a un ingreso básico universal por razones de flexibilidad a futuro y coordinar una reforma federal de los impuestos y cargos a la energía eléctrica, para evitar que se “cuelguen” de las tarifas y puedan coparticiparse para financiar infraestructura.

En el cierre del seminario, Lapeña habló de la ventana de oportunidad que ofrece Vaca Muerta para incrementar las exportaciones y el ingreso de divisas. Pero solo en la medida en que pueda alinear sus costos a los precios internacionales del petróleo y el gas para ser competitiva y la inversión privada permita construir un gasoducto hasta el puerto con una planta de licuefacción para exportar GNL a China, porque un Estado en virtual default no está en condiciones de hacerlo.

La falta de coordinación entre la economía y la energía causó estragos en el inicio del siglo XXI

Los desequilibrios y las regulaciones en el sector energético repercuten sobre el Tesoro, advierte el especialista Ricardo Carciofi.