Por Gabriela Origlia - CÓRDOBA.– Para los referentes de las economías regionales, el proyecto de ley del oficialismo de promoción de la agroindustria es positivo, pero afirman que no alcanza para fomentar inversiones.

La clave, coinciden las fuentes consultadas por es avanzar hacia el desmantelamiento de los derechos de exportación (retenciones) y trabajar más para bajar los costos de logística, que golpean fuerte a las industrias que están lejos de los puertos.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández presentó la iniciativa, que se denomina “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo, sustentable y exportador”, que incluye beneficios de amortización acelerada, IVA inversiones, compra de insumos y valuación de la hacienda, entre otros.

Eduardo Rodríguez, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, subrayó que hay aspectos positivos en el proyecto, como el recupero del IVA y la amortización rápida de la inversión, pero enfatiza que “lo más complicado” para el sector son las retenciones del 12%. “Nos hacen un daño enorme, no podemos competir

la nacion,

internacionalmente. Somos generadores de divisas y este impuesto nos golpea”, resumió.

Apuntó que la brecha cambiaria se agrega a los problemas, porque los insumos están dolarizados, más allá de que se paguen en pesos, ya que los proveedores les aplican los aumentos del mercado paralelo. “Eso y los fletes que subieron muy fuerte desde el inicio de la pandemia completan el combo con las retenciones”, explicó.

El proyecto presentado fue diseñado con la participación del Consejo Agroindustrial; los participantes del trabajo advierten que no es el original, pero sí “toma varios de los puntos” como su alcance federal, la cobertura de una diversidad de actividades y la cobertura de diferentes tamaños de empresas y de productores, elaboradores y exportadores.

La presidenta de la Federación Olivícola Argentina, Patricia Calderón –también integrante del Consejo– subrayó que se seguirá reclamando “en paralelo” para reducir y terminar con las retenciones a las economías regionales que todavía las tienen.

“Una amortización acelerada de los bienes incorporados por la empresa que decida invertir es una forma de colaborar, lo mismo que computar el saldo favorable de IVA; igual que fomentar el uso de fertilizantes mediante un crédito fiscal por una parte de ese gasto. Son puntos que favorecen a inversores”, indicó y sostuvo que están a la expectativa de cómo avanza la norma y cómo se reglamenta.

Para Calderón se trabaja para “fomentar” nuevas inversiones aunque el proyecto es “solo un primer paso”. “La agroindustria tiene un potencial desaprovechado en todo el país –continuó–. La idea es que nos dejen trabajar, que no nos pongan obstáculos, que nos permitan invertir, dar trabajo y exportar. En algunas economías regionales los resultados se podrán ver en seis meses y en otras en tres o cinco años, pero lo importante es avanzar en un camino de crecimiento”.

Santiago de San Román, exportador de legumbres de Creston Group, coincidió en que todos los puntos incluidos en la iniciativa son “buenas”, pero insistió en que el problema es que “después llega al 2% de las empresas y termina siendo una ilusión”. Ratificó que en el norte del país, hay producciones “inviables” si se quiere hacer todo el proceso en blanco; “la presión de los vecinos del norte que son nuestros competidores es muy fuerte, operan mucho en negro y nos dejan fuera de competencia”, dijo.