Por Fernando Gutièrrez - Además del imperdible "cara a cara" que enfrentará al ministro Martín Guzmán con la diputada Fernanda Vallejos en la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, la discusión por el programa económico del 2022 promete traer varias emociones desde el punto de vista político.

Por lo pronto, todos se preparan para el que acaso sea el debate más extraño: un proyecto de  ley en el que la oposición macrista está de acuerdo con las grandes líneas planteadas por Guzmán y una bancada oficialista que hará las principales críticas e intentos de modificación.

Es cierto que en la Argentina de hoy ya pocas cosas pueden sorprender, pero que Guzmán tenga que defender su presupuesto ante los legisladores de su propia fuerza política y que encuentre respaldo en el macrismo desbloquea un nuevo nivel de extravagancia política.

Sin embargo, es lo que está por ocurrir. El proyecto de Guzmán tiene una serie de objetivos con los que el kirchnerismo ya adelantó que discrepa, porque considera que van en línea de una política de ajuste fiscal y que no se condice con la consigna de mejorar el nivel de ingreso de los sectores más empobrecidos.

En el otro bando, los diputados macristas ven como una señal sana el hecho de que Guzmán continúe en la senda de reducción del déficit fiscal y que se proponga recortar el rubro de subsidios a los servicios públicos.

Por lo pronto, Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, ya avisó que el proyecto enviado por Guzmán "se discutirá".

"Uno puede prever matemáticamente cuál debería ser tal o este aumento pero también tiene que ver y mirar y observar cómo está la sociedad. Uno no puede actuar en base, simplemente, a cuentas matemáticas sino que tiene que ver también cómo eso impacta en la realidad y en el día a día de nuestra gente", dijo el dirigente en una entrevista radial cuando le preguntaron sobre las proyecciones de Guzmán sobre las tarifas de servicios pùblicos.

Traducido, que el resultado electoral impone un cambio de criterio, y que el hecho de que Guzmán haya sido ratificado en su cargo –con el llamado telefónico de Cristina Kirchner incluido- no significa que no haya una clara intención de intervenir los aspectos más polémicos de su gestión.

Como dejó en claro con su "honestidad brutal" la diputada Vallejos, la percepción que tienen en el oficialismo es que Guzmán realizó un ajuste fiscal sobre la base de sub ejecución de partidas de obra pública y con recortes de ingresos, sobre todo de los jubilados.

Y ahora se dejó entrever, además, la preocupación por la intención de Guzmán de "topear" en 1,5% del PBI el monto del subsidio a los servicios públicos en 2022. Fue un tema por el cual ya hubo una pelea interna este año, de la cual Guzmán salió mal parado: no sólo no pudo concretar su objetivo original de limitar a 1,7% del PBI ese déficit sino que intentó destituir al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, quien se oponía a la política de actualización tarifaria del ministro.

En la redacción del proyecto de presupuesto, Guzmán insistió con el tema y dejó en claro que los subsidios indiscriminados deben ser un tema del pasado y que, en adelante, regirá un esquema segmentado en el cual únicamente aquellos sectores en los cuales la ayuda estatal se justifique tendrán la tarifa reducida. La otra cara de esa definición es el reinicio de las subas tarifarias para la gran mayoría de la clase media, una situación que en el kirchnerismo ven con preocupación no sólo por el impacto a nivel del humor social que tendría ese "tarifazo" sino también por la posibilidad de que pueda funcionar como un aliciente adicional para la inflación.

Massa y Guzmán buscan un difícil equilibrio

Quien tiene la difícil tarea de buscar el consenso es el presidente de la Cámara, Sergio Massa, a quien se le presenta la situación extraña: son mayores los reparos que le presentan los diputados oficialistas que los opositores.

Ya empezó los sondeos con los jefes de bloques –Máximo Kirchner y Mario Negri, respectivamente- para tratar de acercar posiciones. Y tiene en claro que es difícil que la oposición acompañe un proyecto sin que antes no se haya avanzado dentro del propio oficialismo para limar asperezas.

Es por eso que el propio Guzmán empezó su difícil misión de equilibrista: defender sus números sin que eso parezca que está ahondando las desavenencias políticas con el kirchnerismo.

Lo intentó mediante declaraciones periodísticas en las que, después de elogiarla profusamente, dijo que Cristina Kirchner estaba equivocada al hablar de ajuste fiscal. El argumento de Guzmán es que la disminución del déficit fiscal no necesariamente implica un ajuste en el gasto público, ya que si la economía está en crecimiento el gasto puede financiarse con un mayor nivel de recaudación tributaria.

En definitiva, trata de mantener su consigna de que "reducir el déficit no es de derecha", una postura con la que ha ganado aplausos de parte de los auditorios empresariales pero que nunca ha despertado gran entusiasmo en filas kirchneristas.

Todos los indicios apuntan a que no le resultará fácil a Guzmán justificar que en 2022 haya "apenas" un déficit de 3% en un contexto en el que el Gobierno se propone un shock de ingreso que pueda estimular el consumo en las clases bajas. Es un momento en el que se habla de ajustes salariales y de planes de asistencia social por encima de la inflación, así como de la implantación permanente de un "salario universal" que llegaría a un universo de al menos dos millones de personas.

Por otra parte, hay una innegable desconfianza personal hacia Guzmán derivada del hecho de que el presupuesto aprobado hace un año preveía un margen de déficit de 4,5% pero el ministro terminó el primer semestre con sólo un 0,5% de desbalance. Fue ante esa situación que todas las consultoras, aun previendo un aumento del gasto en "modo electoral", consideraron que el rojo de las cuentas fiscales no superaría este año un 3%.

Guzmán, finalmente, dijo que aceleraría ciertos rubros vinculados a la obra pública de manera de que, a fin de año, se estaría llegando a un déficit de 4%. Y justificó que el medio punto que le falta para cubrir la previsión se explica por el ingreso fiscal extraordinario ocurrido este año con el boom de los precios agrícolas.

Los impuestos en la mira

Lo cierto es que el kirchnerismo quiere garantizarse que no haya pudor a la hora de usar los recursos públicos para impulsar la economía. Puesto en los términos de la diputada Vallejos, que no predomine una "visión neoliberal" sobre el gasto sino la concepción "keynesiana y kaleckiana".

Es por eso que Guzmán deberá extremar su capacidad de persuasión hacia la propia interna. Su argumento principal es que en 2022 las arcas de la AFIP se engordarán con el ingreso de un 46,7% más que este año. Como la inflación oficial prevista es de 33%, esto implica que la recaudación tributaria crecerá en términos reales un 10% respecto de este año, y sin crear ni subir ningún tributo.

Ahí se prevé otro motivo de debate, porque los candidatos oficialistas dijeron durante la campaña previa a las PASO que tienen la determinación de promover una "matriz tributaria progresiva" en la que los segmentos de mayores ingresos paguen más.

Se habló específicamente de mayores alícuotas para el Impuesto a los Bienes Personales, se insinuó una suba en las retenciones a las exportaciones agrícolas y también en los últimos días se recalentó el debate sobre una nueva versión del aporte extraordinario a las Grandes Fortunas.

Esta presión coincide con la política de alivio a los sectores de ingresos medios, y que se está traduciendo en medidas como la propuesta de Sergio Massa para condonar las deudas con la AFIP y las Anses para organizaciones sin fines de lucro –como clubes de barrio, fundaciones y asociaciones civiles-. También se apunta a perdonarle la deuda por IVA y Ganancias a las microempresas que tengan impagos por montos menores a los $100.000.

Sumando estos beneficios más las extensiones de moratorias actualmente vigentes, se prevé que el costo fiscal de esta amnistía alcance los $13.000 millones. Para tener una dimensión de la cifra, equivale a un 60% de lo recaudado el mes pasado por el impuesto a las Grandes Fortunas.

Guzmán muestra su "costado social"

Con ese marco, la presión kirchnerista se hará más fuerte para garantizar las fuentes de ingreso que puedan financiar un programa de asistencia social potenciado. Y en la vereda de enfrente, los más proclives a defender un presupuesto sin aumentos ni creación de nuevos impuestos –como el que presentó Guzmán- serán los legisladores de la oposición.

Será, sin dudas, un debate interesante de ver. Hasta ahora, Guzmán ha demostrado cierta cintura política para mostrar una vocación de reducción del déficit –y facilitar así el acuerdo con el FMI- pero al mismo tiempo argumentar que no habrá un recorte de la ayuda estatal.

Por caso, el ministro dio una respuesta directa a quienes lo acusan de "insensible" ante el drama social de la pobreza con un incremento en el gasto destinado a la asistencia social. Pasará a ser de 1,22% del PBI, en comparación con el 1,17% de este año. Como además se tratará de un PBI más grande -porque se prevé terminar este año con un crecimiento económico de 8% y el año próximo sumar otro 4%-, ese monto representará en dinero un incremento mayor que lo que refleja el porcentaje.

Sin embargo, esa "generosidad" del Presupuesto 2022 en materia de inclusión social implica también un guiño hacia quienes están preocupados por las limitantes fiscales. Porque Guzmán viene resistiendo la presión de las organizaciones piqueteras que reclaman la implantación de un "salario universal".

Esa iniciativa tendría un costo de 2,9% del PBI, imposible de financiar sin provocar una turbulencia fiscal, con su correlato inflacionario. De manera que Guzmán puede afirmar que escuchó el reclamo por una mayor asistencia, porque está incrementando la ayuda actual, pero con un monto que representa menos de la mitad de lo que piden los referentes de las organizaciones sociales.