Por Esteban Lafuente - Con las estimaciones de los gastos y los ingresos que el Gobierno espera para cada año, la ley de presupuesto confirma beneficios en impuestos y define cuánto le cuesta al Estado mantener esas bonificaciones, regímenes especiales o medidas que buscan proteger o promocionar un rubro o sector. En 2022, el Poder Judicial y la provincia de Tierra del Fuego mantienen sus privilegios.

Son los que, en la jerga del presupuesto, se definen como “gastos tributarios” y comprenden todas las situaciones en las cuales el Estado deja de recaudar impuestos. Incluye exenciones, regímenes de promoción, reducción de alícuotas y leyes especiales para regiones o sectores económicos y otros rubros. Como dice el texto enviado al Congreso, son “los casos en los que existen pérdidas definitivas de recaudación”, que dan cuenta de ganadores y perdedores.

Mientras que para 2022, el presupuesto estima un déficit primario de 3,6%, los “gastos tributarios” representan 2,6% del PBI ($1,6 billones). Dentro de ese rubro, se contabilizan los recursos que se dejan de recaudar por la exención del impuesto a las ganancias a jueces y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial. Por ese concepto, en 2021 no se recaudarán $52.448,6 millones, cifra equivalente al 0,12% del PBI. Ese monto equivale, por ejemplo, a un poco más de la mitad de los fondos que supondría entregar una nueva ronda del IFE (en 2020 se asignaron $10.000 para casi 9 millones de personas en cada edición).

Para 2022, el presupuesto proyecta que la exención de Ganancias a los jueces implicará fondos no recaudados por $72.914 millones.

De todas maneras, esta exención no está exenta de polémica, porque no aplica a todos los funcionarios: quienes fueron designados desde enero de 2017 sí deben pagar Ganancias, mientras que siguen exentos aquellos que tenían su cargo antes de esa fecha. El argumento esgrimido para sostener este esquema es la “intangibilidad de los sueldos de los magistrados”, sector que se encuentra entre los salarios más altos del sector público.

“Es un tema polémico desde el punto de vista de que hay una tensión entre lo que es la garantía de la intangibilidad de los sueldos y la capacidad económica y contributiva de quienes perciben esos salarios y lo que hace a la equidad tributaria”, dijo a César Litvin. LA NACION

“Un asalariado que gana más de $150.000 empieza a pagar Ganancias y un funcionario judicial que gana más de esa cifra no paga. Eso es un tema de debate, porque ambos tienen la capacidad contributiva. Se logró una solución ‘hacia adelante’, pero queda insatisfecha la doctrina que si no paga quien tiene capacidad contributiva se está vulnerando la equidad”, concluyó.

Otra de las exenciones del impuesto a las ganancias se aplica asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas. Este año, lo no recaudado en este rubro asciende, según el presupuesto, a $43.352,8 millones (0,1% del PBI), mientras que en 2022 esa cifra se estima en $57.371,6 millones.

Con respecto al IVA, existen exenciones a diferentes rubros, que este año implicarán $214.744 millones no recaudados (0,5% del PBI). Entre ellos, se encuentran las prestaciones médicas a obras sociales ($91.316,8 millones), los servicios educativos ($34.628,5 millones) y los medicamentos ($34.852,5 millones).

Al mismo tiempo, hay sectores o rubros que tienen alícuotas reducidas (carnes, frutas, legumbres y hortalizas frescas; la medicina prepaga; las panaderías o la construcción de viviendas, entre otros). En conjunto, estos esquemas implican que en 2021 se dejarán de recaudar $302.959,4 millones (0,7% del PBI).

Los gastos tributarios estimados en el presupuesto también computan a diferentes esquemas de promoción a sectores específicos, que incluyen reducciones en impuestos, exenciones, crédito fiscal y otro tipo de bonificaciones. En el presupuesto 2022 enviado al congreso se consideraron 17 de estos esquemas.

El más relevante en términos de fondos no recaudados es el de promoción económica en Tierra del Fuego (ley 19.640), creado en 1972 y que tiene vigencia en principio hasta 2023. Este régimen, que incluye liberación del IVA para compras y ventas, exención del impuesto a las ganancias, exención de derechos de importación y alícuota reducida de impuestos internos sobre productos electrónicos para firmas radicadas en la isla, implicará que este año el Estado dejará de recaudar $150.723,3 millones (0,35% del PBI). Para 2022, la proyección oficial es que el régimen representará una recaudación no concretada de $220.482,4 millones (0,37% del PBI).

Otro de los regímenes comprendidos es el de promoción de la economía del conocimiento, creado con la ley 27.506, que reemplazó a la anterior ley de software, que otorga beneficios en Ganancias y las contribuciones patronales, como mecanismo para fomentar el empleo en el sector. Este año, este régimen implicará unos $16.698 millones que el Estado deja de recaudar (0,04% del PBI). En cuanto al monto, el total representa un 11% del monto correspondiente al régimen de promoción en Tierra del Fuego.

En el presupuesto 2022, además, se estima que el régimen de economía del conocimiento tendrá una caída tanto nominal como en relación con el PBI. Según el presupuesto, este esquema implicará el año próximo que el Estado dejará de recaudar $15.867 millones por las medidas de fomento al sector (0,03% del PBI). Es un 7% de lo que implicará el régimen vigente para las empresas fueguinas.