Por Juan Strasnoy Peyre - Tras la derrota en las PASO y en medio de las tensiones abiertas en el oficialismo, el Gobierno le pagará mañana al Fondo Monetario Internacional cerca de u$s1.880 millones. Se trata del primer vencimiento de capital que abonará el país del multimillonario crédito Stand By que tomó Mauricio Macri en 2018. Para ello, echará mano a los derechos especiales de giro (DEG) que envió el propio organismo en agosto, como parte de la distribución de liquidez entre sus países miembro para hacer frente a los efectos de la pandemia.

La cancelación del compromiso ya fue confirmada por el decreto 622/2021 publicado el sábado en el Boletín Oficial, que formalizó el ingreso de los DEG. El DNU también dispuso un mecanismo contable para aplicar estos recursos al pago de esta deuda mientras continúa la negociación por un nuevo programa con el FMI y para habilitar, al mismo tiempo, una ampliación del margen futuro de financiamiento del Banco Central al Tesoro.

Según supo Ámbito, el Ministerio de Economía ya labró la orden de pago para este miércoles. El préstamo está nominado en DEG, el activo de reserva del fondo cuya valuación se determina por una canasta de cinco monedas soberanas. El vencimiento de mañana es por 1.327 millones de DEG, que de acuerdo a la cotización de ayer equivale a u$s1.883 millones.

Para el pago, se utilizarán los derechos especiales de giro distribuidos por el Fondo, de los cuales a Argentina le tocaron el equivalente a u$s4.334 millones. Estos recursos se irán casi en su totalidad en los tres pagos que el Ejecutivo realizará al organismo en lo que resta del año: el de mañana más u$s390 millones de intereses en noviembre y u$s1.885 millones de capital en diciembre.

Así lo dispuso el mencionado DNU, que incorporó los DEG al Presupuesto 2021 y dispuso su uso para cancelar todos los compromisos con el FMI hasta fin de año por un total de casi $393.000 millones. Más allá de que no puedan descartarse de plano otros escenarios, esta medida resultó también una señal de que difícilmente haya un acuerdo sellado antes de 2022.

La contabilización de los DEG

Como contó este diario, ese decreto apeló a un mecanismo contable de dos pasos que, además de habilitar los pagos de deuda con esos recursos, liberó un mayor margen de financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria. Por un lado, el Tesoro le vende los DEG que recibió en agosto al BCRA a cambio de $422.174 millones. Con esos pesos, inmediatamente Hacienda le cancela adelantos transitorios (AT, una de las vías de asistencia al fisco) al Central por la misma cantidad. Por otro lado, el Tesoro emite una letra intransferible a diez años que se la coloca al BCRA a cambio de los DEG que le vendió y, con eso, se pagarán los vencimientos con el Fondo.

El primero de los movimientos es el que liberará un mayor margen de asistencia financiera del Central al Tesoro para ser utilizado en caso de ser necesario: de un espacio disponible de financiamiento vía AT de $514.000 millones se pasa a uno de $1.016 millones. En el mercado leyeron esto como una maniobra, en medio de las disputas dentro del oficialismo, para financiar la ampliación del gasto en lo que queda de la campaña electoral hasta noviembre mediante un shock de emisión.

Sin embargo, en Economía aseguran que, pese a los anuncios económicos que realizará el Gobierno en las próximas horas, la intención es atenerse a la pauta fiscal y financiera presupuestada, que establece pedir sólo $200.000 millones más de AT hasta fin de año. Es que a pesar de las tensiones políticas y los planteos del kirchnerismo de abandonar el “ajuste fiscal”, el proyecto de Presupuesto 2022 presentado por Martín Guzmán (y todavía sujeto a debate interno) busca sostener la disciplina en las cuentas públicas ante el temor de que una mayor impresión de pesos incremente las presiones sobre el dólar. En todo caso, el margen abierto le da aire al programa financiero del próximo año, que proyecta cubrir el 37% del déficit fiscal total (4,9% del PBI) con adelantos transitorios del BCRA por $1,08 billones.

Además, como contó Ámbito, la contabilización de los DEG como ingreso primario permitirá reducir en algo más de un punto porcentual el déficit primario de 2021. En el proyecto de Ejercicio 2022 que envió al Congreso el miércoles pasado, Guzmán recalculó la previsión del rojo primario para este año y lo redujo de 4,5% del PBI a 4% pero sin considerar los derechos especiales de giro. Fuentes de Economía confirmaron que, al incorporarse los DEG, la meta de déficit anual en realidad pasa a ser de 3% del producto.

La negociación con el FMI

El pago de esta semana corresponde al préstamo que tomó el Gobierno de Cambiemos luego del estallido de la crisis cambiaria en 2018 para llegar a las elecciones de 2019 sin defaultear la deuda en dólares con acreedores privados que había contraído en 2016 y 2017 por alrededor de u$s100.000 millones. La segunda versión de ese crédito Stand By fue por u$s57.000 millones, de los cuales llegaron a desembolsarse unos u$s45.000 millones. Cerca de la mitad de ese monto se utilizó para pagar vencimientos con bonistas privados y el resto financió la salida de capitales del país, algo que prohíbe el propio estatuto del Fondo.

El programa estipuló, además, que Argentina debía devolver ese dinero en apenas tres años, con un calendario de vencimientos impagables. Por caso, en 2022 se tendrían que pagar u$s19.000 millones y otro tanto en 2023. La refinanciación de esos compromisos es lo que ahora busca acordar el Gobierno a través de un nuevo programa, de cuyas premisas fundamentales poco se conoce por ahora aunque determinarán buena parte del rumbo económico del país en los próximos años. Hubo una reciente señal de parte del Fondo con la designación al frente del Departamento para el Hemisferio Occidental del exbanquero central de Brasil, Ilan Goldfajn, un economista de perfil monetarista que es considerado como un “halcón” por sus allegados.

Por el lado del Gobierno, seguirá al frente de la negociación Guzmán, quien sobrevivió a los cambios de Gabinete oficializados ayer. El ministro negocia un programa de Facilidades Extendidas, el de mayor duración dentro de las opciones que ofrece el FMI pero que suele incluir exigencias de reformas estructurales. Otorga hasta diez años de extensión para el repago con un período de gracia de hasta cuatro años, un plazo que tampoco luce viable teniendo en cuenta el monto en cuestión y la escasez de divisas que atraviesa el país. Es por eso que una de las apuestas oficiales es incluir una cláusula en el acuerdo que habilite a migrar a futuro a un nuevo tipo de programa con mayor duración, en caso de que el organismo apruebe una nueva línea de crédito. Es algo que hoy está en discusión en el FMI y en el G20, y que podría instrumentarse a partir de la creación de un fondo de resiliencia constituido con parte de los DEG que recibieron los países ricos.

Otro de los puntos en discusión, que según fuentes oficiales está bastante encaminado, es la eliminación de los sobrecargos que aplica el organismo por los créditos que superan el 187,5% de la cuota del país, como es el caso argentino. De concretarse, esto permitiría reducir en u$s950 millones por año los intereses a pagar en adelante. Lo que aún se desconoce son los detalles de las metas fiscales, monetarias y cambiarias que reclama el Fondo. Por lo pronto, el proyecto de Presupuesto 2022 de Guzmán adelanta una continuidad de la reducción gradual del déficit y del financiamiento del Tesoro por parte del BCRA.

Tras el acuerdo alcanzado en junio con el Club de París para establecer un “puente de tiempo” para el pago de la deuda remanente con ese conjunto de países acreedores, el límite para cerrar un nuevo programa con el FMI quedó estipulado para el primer trimestre de 2022.