Por Agustín Maza - La crisis política que vivió el Gobierno luego de las PASO dejó expuesta dos visiones disímiles dentro del Frente de Todos respecto a la dinámica del gasto público.

La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó a que en lo que va del año se gastó menos de lo presupuestado y reclamó un cambio sustancial para los próximos meses. Mientras tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hace equilibrio entre los pedidos de un sector de la coalición y el límite que representa la restricción fiscal y externa.

Para la vicepresidenta, tal como consignó en su carta pública del jueves, el resultado electoral respondió al “ajuste fiscal” que llevó a cabo el Gobierno durante 2021. No obstante, ella reclama que se haga efectiva la meta del déficit fiscal del Presupuesto de 4,5% del PIB mediante una aceleración sustancial del gasto.

“Como está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estado Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia”, escribió.

Por su parte, la visión de Guzmán contrasta en los hechos con la de la principal socia de la coalición, ya que hasta julio el déficit fiscal había marcado “sólo” 0,7% del PIB. De todas formas, el ministro fue ratificado en su cargo por la propia Cristina, llamado privado mediante, y por el presidente Alberto Fernández, en un contexto que derivó en cambios en el Gabinete.

El Presupuesto 2022 enviado al Congreso por el titular de Hacienda recortó el déficit esperado para 2021 a 4% PIB mientras se esperan anuncios de medidas económicas para los sectores más castigados, y los no tanto, durante esta semana.

¿Hubo ajuste?

El Presidente justificó públicamente su postura, o sea la de Guzmán, a través de un informe del viceministro de Economía de Axel Kicillof durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y actual director de la consultora PxQ, Emmanuel Alvares Agis.

En el trabajo se deja en claro que el Estado puede jugar un importante rol contracíclico en tiempos de crisis, pero que en el caso de Argentina esa respuesta está supeditada a la cantidad de reservas internacionales con las que el BCRA pueda financiar  el crecimiento de las importaciones que viene asociado con la expansión del nivel de actividad.

Existe un conocido cálculo de elasticidad que asegura que por cada punto de crecimiento del PIB, las importaciones aumentan 3 puntos. Este no es un dato menor para un país que tiene por reestructurar una deuda de US$ 45.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que además tiene cerrada la posibilidad de endeudarse.

El trabajo de PxQ se pregunta entonces cuál es la cantidad de reservas “utilizables” con las que cuenta el BCRA para hacer frente a un posible aumento del crecimiento y por consiguiente de demanda de divisas.  “Como resulta evidente, la posición de reservas del Banco Central de cara al año electoral 2021 era la peor que le tocó enfrentar al Frente de Todos en la historia (US$ 8.356 millones) y esto fue un obvio condicionante a la hora de poder expandir el gasto”, señalaron.

Cierto es que en un contexto de 42% de pobreza, pandemia, altos niveles de desempleo, inflación, y la lista podría seguir, la sociedad espera respuestas por parte de quienes tienen el control del Estado. También es real que hay sectores de la sociedad a los que la recuperación no les está llegando y crece la brecha entre los asalariados formales, por un lado, y quienes se mueven en la informalidad o cobran una asistencia del Estado o una jubilación.

Sin embargo, la vicepresidenta catalogó de “ajuste” la política llevada adelante por Guzmán. Ahí hay una diferencia conceptual importante, porque desde Economía explican que no debería contabilizarse el “gasto Covid” de 2020, ya que el virus no pegó igual durante este año. Cristina no está de acuerdo con esa visión, por lo que el rumbo del Gobierno parece ser el mismo, pero la discusión es de velocidades.

“En principio, parece razonable que el gasto público sea hoy más bajo que el segundo trimestre del 2020, cuando la movilidad se había reducido al 20% de lo normal y la mitad del aparato productivo del país funcionaba bajo algún tipo de restricción”, consideró el reporte de PxQ.

Y añadieron que el nivel de actividad de 2021 se encuentra en todos los meses por encima del promedio de 2020, año de la pandemia. Por tanto, “tendría sentido que el gasto público de un año sin pandemia fuera menor que en el año de la pandemia, máxime si el país sufre de un faltante de divisas”.

“Es imposible caracterizar la situación del gasto público de 2021 como un ‘ajuste’. El gasto público -neto de inflación- se incrementó 12% en 2021 cuando se excluye el gasto extraordinario por el Covid-19 de la base de comparación de 2020″, concluyó el informe de Alvares Agis.

¿Se puede aumentar el gasto?

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) repasó algunos datos del Ministerio de Economía de los primeros siete meses de 2021 y los comparó con el mismo periodo de 2020.

Allí observaron que el gasto público primario (excluyendo el pago de intereses) aumentó 34% que, ajustando por inflación, implicó una caída del 8% en términos reales. Por su parte, el gasto en prestaciones sociales (jubilaciones, asignaciones familiares y ayudas asistenciales) aumentó 21% que, ajustado por inflación, mostró una baja del -17%. Finalmente, el gasto en subsidios a la luz, gas y transporte subió 80% por lo que, ajustando por inflación, mostró un aumento de 29% en términos reales.

En concreto, estos datos muestran que el gasto público creció de manera nominal, pero que la inflación terminó licuándolo en términos reales. “No es que el Gobierno no aumentó el gasto, como plantea la vicepresidenta, sino que la inflación lo licuó”, consideró Idesa.

Para el instituto, esta manera espontánea de hacer el “ajuste” en las cuentas públicas es muy “ineficiente y regresiva”. Las prestaciones sociales (que en general benefician a sectores más vulnerables) cayeron en términos reales, mientras que los subsidios a la luz, gas y transporte (que en su mayor parte benefician a segmentos medios y de altos ingresos) crecieron por encima de la inflación.

Respecto a este último punto, el estudio de PxQ coincidió en que el mayor incremento del gasto se explica por el incremento de los subsidios a la energía. “Si el Gobierno hubiese optado por incrementar las tarifas de los servicios públicos en línea con lo contemplado en el Presupuesto 2021 y ese ahorro lo hubiese destinado al gasto en seguridad social, este gasto se podría haber incrementado 4% por encima de la inflación”, sostuvieron.

Impacto de las medidas

Luego de una semana de alta tensión, el Gobierno buscará salir del pantano y “relanzarse” con algunas caras nuevas, sin tocar las figuras centrales de la economía (Matías Kulfas y Guzmán), y con una batería de medidas para inyectar ingresos “por abajo”.

Un informe de FMyA estimó que hasta agosto el déficit primario fue “sólo” 1% del PIB, mientras que el Presupuesto marca que el año cerrará en 4%. Es decir, puede gastar hasta 3 puntos del PIB hasta fin de año y aun así cumplir la meta fiscal planteada a finales de 2020 (de 4,2% PBI).

El trabajo comentó que los próximos anuncios del Gobierno “están dentro de lo esperado” y calculó el impacto fiscal de cada una de las posibilidades. Suponiendo un nuevo IFE de $15.000 para 3 millones de personas, esto representaría 0,1% PIB, y un bono extraordinario a todos los beneficiarios de AUH (4,3 millones) y un bono al 80% de jubilados (7 millones) de $6.000, representaría 0,16% PIB. “Ya asumimos más gasto entre las PASO y las generales. El mayor gasto igualmente estará concentrado en diciembre, por la estacionalidad de fin de año (aguinaldos)”, apuntó FMyA.

La pregunta qué debe hacerse, como siempre, es cómo se financiarán estas medidas. Hasta ahora el Gobierno viene utilizando la estrategia de financiarse en el mercado de deuda local, al que durante 2022 se le dará todavía mayor importancia, y con emisión monetaria.