Sábado 18 - Por Martín Kanenguiser - La fuerte crisis política que se generó en el Gobierno dificultará la aprobación de un acuerdo de largo plazo y flexible como el que pretenden tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidente Cristina Kirchner.

Si hasta las elecciones primarias el organismo que conduce Kristalina Georgieva -quien enfrenta su propios conflicto por el escándalo de la manipulación de un informe del Banco Mundial- estaba seguro de que la firma de un acuerdo se daría al menos después de los comicios de noviembre, las dudas ahora se multiplicaron en Washington.

El Fondo -el staff y sus países socios- no se sienten cómodos con la posibilidad de negociar un acuerdo a 10 años -que incluye en forma irrenunciable reformas estructurales- con un gobierno debilitado, en ningún caso. Y si había dudas respecto de la implementación del acuerdo que se pueda llegar a firmar antes de este enfrentamiento verbal entre Alberto y Cristina, ahora se esperará a la resolución (o no) del conflicto, más allá del cambio inmediato de gabinete que se espera.

Por este motivo, calificadas fuentes consultadas por Infobae en Washington y Buenos Aires prevén que, en el mejor de los escenarios, puede haber un acuerdo firmado antes de fines de marzo próximo, tal como lo prometió el ministro Martín Guzmán, pero subrayaron que -más que nunca- los desembolsos que deberá hacer el Fondo al país estarán sujetos al “track récord”, es decir, al cumplimiento efectivo de las metas del programa.

No se trata de un detalle técnico: la Argentina debería pagarle al FMI 19.000 millones de dólares en 2022 y en el presupuesto enviado esta semana al Congreso no solo no prevé ese gasto, sino que además supone que recibirá de los organismos internaciones un financiamiento neto de USD 12.500 millones.

Esta meta -para muchos economistas, inalcanzable-, implica que tanto el FMI como los bancos multilaterales le giren al Gobierno ese dinero, más allá del rollover habitual. O sea: exige que el país cumpla el nuevo acuerdo al pie de la letra, o se verá en la necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento, difíciles de imaginar con el mercado internacional voluntario de deuda cerrado para el país.

“Es difícil pensar que el presidente o la vice puedan poner sobre la mesa un programa como el que pretenden firmar. Y la oposición tampoco va a jugar el rol que imagina el Gobierno, porque al FMI, más allá de consultar a los demás actores políticos, lo que le interesa es saber qué piensa y qué puede hacer quien gobierna, cuya capacidad de cohesión en este caso parece haber quedado dañada”, indicó, rotundo, un ex ejecutivo del organismo que conduce Georgieva.

Sin brindar detalles, un vocero del Palacio de Hacienda indicó que el ministro mantiene un contacto habitual con el Fondo, mientras que ayer el vocero del organismo, Gerry Rice, repetía ayer que hay diálogo pero no plazos para alcanzar un final feliz.

Más categórico, otro ex representante del país indicó: “Pensar en un acuerdo en estas condiciones es imposible, con un Gobierno débil que debería tener voluntad y capacidad de implementar reformas estructurales ineludibles como las que exige un programa a 10 años como el que busca el país”.

A mitad de camino, otro relevante ex funcionario del staff sostuvo que “el FMI no va a querer que la Argentina entre en default con una deuda tan grande”, en referencia al crédito de USD 45.000 millones otorgado en el gobierno de Mauricio Macri. Pero aclaró que el acuerdo “no será sencillo como lo imagina el presidente Fernández”, sobre todo después de la incorporación como director del Departamento del Hemisferio Occidental de Ilan Golfajn, el economista ortodoxo brasileño defensor acérrimo de la unificación cambiaria, la independencia del banco central y de la suba de las tasas de interés.

 “Los problemas del partido Argentina-Brasil por las eliminatorias van a parecer pequeños al lado de esta confrontación”, agregó, con un tono de humor, sin dejar de manifestar su preocupación por la delicada situación institucional del país.

Los problemas de Georgieva

A este cataclismo puertas adentro de la Argentina se suma la compleja situación de Georgieva por el descubrimiento de que, durante su gestión en el Banco Mundial, habría colaborado con la manipulación de datos para favorecer la posición de China en un ranking global de negocios (Doing business), a cambio de un apoyo de ese país a la capitalización de la entidad, según un informe del propio banco.

Cabe recordar que la economista búlgara ocupó el rol de gerente general en el banco y varios expertos en Washington señalaron que esa maniobra no se podría haber hecho sin su consentimiento explícito, que ella negó en forma rotunda.

“Esto la deja más débil y manipulable” fue la sentencia a coro de las fuentes consultadas desde Washington, donde el Tesoro de EE. UU. liderado por Janet Yellen informó que “investigará” esta manipulación, básicamente por el enojo que provoca en el Congreso de ese país que un organismo multilateral que principalmente financian los contribuyentes norteamericanos favorezca nada más y nada menos que a China.

Por lo tanto, si el presidente Alberto Fernández o el ministro Guzmán imaginaban que Georgieva podía ser la llave para flexibilizar el cierre de las negociaciones, ahora su peso relativo se debilitó frente al staff y frente al directorio.

De todos modos, un experimentado negociador argentino relativizó que Georgieva pueda ser, con o sin este escándalo, más condescendiente que los principales accionistas del organismo que conduce: “Ella nunca le dijo al presidente Fernández que el acuerdo podía ser diferente al que se firma con otros países y acaba de ratificar ese pensamiento al designar a Ilan al frente de la región; repito: acaba de nombrar ella a un economista ortodoxo para liderar la negociación con Argentina”, sentenció el economista local mejor conectado con los funcionarios de los países desarrollados. El resto, aclaró, son las fantasías que siempre surgen lejos de los centros de poder.