Sábado 18 - Por Fernando Meaños - Los cambios en el gabinete de Alberto Fernández anunciados en la noche del viernes fueron profundos y afectaron a figuras importantes de su gobierno. Tras la derrota electoral en las PASO, su detonante fue la carta pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que reprochó abiertamente la gestión de la economía. En concreto, habló de “una política de ajuste fiscal equivocada que impactó negativamente en la actividad económica”.

Pese a tan duros reproches que no podían tener otro destinatario principal que el ministro de Economía, Martín Guzmán, la renovación del gabinete no abarcó hasta ahora funcionarios del área económica. La excepción fue la de Julián Domínguez, nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, en reemplazo de Luis Basterra, de quien no se habían escuchado noticias desde que se destapó la crisis política post-electoral.

Fuentes cercanas al Presidente revelaron a Infobae, que por el momento los ministros cuyos reemplazos no fueron anunciados seguirán en sus cargos. Eso implica que, además de Guzmán, permanecerán en sus funciones Matías Kulfas en Desarrollo Productivo, Claudio Moroni en Trabajo, Gabriel Katopodis en Obras Públicas y Alexis Guerrera en Transporte. La permanencia de todos ellos está ajustada a lo que marque una crisis política que nadie da por resuelta y la dinámica de la elección parlamentaria que tendrá lugar el 14 de noviembre.

La renovación tampoco incluyó a dos funcionarias que habían llegado a ofrecer sus dimisiones en el marco de la presión del kirchnerismo sobre el primer mandatario, como la titular del PAMI, Luana Volnovich, y la de la Anses, Fernanda Raverta. Ambas responden en forma directa a Cristina Kirchner y, aunque no son ministras, manejan dos organismos de presupuestos abultados y relevancia política.

Otros dos integrantes del gobierno con responsabilidades clave en la Economía, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, permanecieron al margen de las disputas de esta semana y no fueron incluidos en ninguna de las dos listas: ni en la de los funcionarios que pusieron su renuncia a disposición ni en la de los apuntados por el kirchnerismo como responsables de los errores marcados por la vicepresidenta en su carta.

Pesce tiene vínculos personales de larga data con ambos protagonistas de la contienda, el Presidente y su Vice. Cerca del titular del BCRA destacan que desde ambos sectores le reconocen que todos los contratiempos de esta semana no impactaron en el mercado de cambios, un terreno de extrema sensibilidad en tiempo electorales. Es sabido que nadie gana elecciones con el dólar a los saltos.

El núcleo de las críticas del kirchnerismo duro se centró en Martín Guzmán y Matías Kulfas. Ambos ministros resistieron el embate y buscan avanzar con la implementación de una serie de medidas que, se supone, ayudarán al gobierno a torcer la suerte electoral de las PASO, entre las que aparecen la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo o la suba del mínimo no imponible para los asalariados de $150.000 a $180.000.

En el Banco Central, que preside Miguel Pesce, esperan que Martín Guzmán suba las tasas para financiar el gasto que pidió Cristina Kirchner

Pero el tema clave está en el gasto público y en la exigencia a Guzmán de “relajar la mirada fiscalista”, tal como le pidió Axel Kicillof. La vicepresidenta lo refrendó en su carta pública: “Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año… con pandemia y delicadísima situación social”. Una acusación tan dura prácticamente responsabilizó a Guzmán por la derrota electoral y lo obligará a acelerar la generosidad de la billetera para gobernadores e intendentes que quieren recuperar votos. Los audios de la diputada Fernanda Vallejos seguramente no lo ayudaron

Tal como explicó Infobae, el Presupuesto estipula un déficit del 4% del PBI para este año, por lo que está previsto que los 2,4 puntos que según Cristina “falta ejecutar”, sean efectivamente gastados. No serán un ahorro (un sacrilegio para el oficialismo frente a una elección) sino que Guzmán ya tenía previsto gastar la mayoría de ese dinero de aquí al 14 de noviembre. Por otra parte, el gasto público siempre se concentra en los últimos meses del año, mucho más en los años electorales.

¿Cómo enfrentó hasta ahora Guzmán esa embestida? En primer lugar, siempre negó que en su gestión se haya hecho un “ajuste”, como dijo CFK, porque “reducir el déficit fiscal no es lo mismo que reducir el gasto público”, como hace “la derecha”. Si pudo mejorar la situación fiscal durante la primera parte del año, además, no es porque haya gastado menos sino porque le llegaron ingresos extra, a través de la suba de la soja, de la ampliación de capital del FMI y de la suba de la recaudación por el rebote de la economía y el aumento de la inflación, que infla los ingresos y licúa los gastos reales.

En sus próximos pasos tras la renovación del gabinete, la prioridad será colocar plata en la calle. Cualquier impacto en la deuda o en la inflación, será tema de discusión en otro momento, porque el tiempo corre. ¿Tendrá margen Guzmán, después de todo lo ocurrido esta semana, para hablar de “tranquilizar la economía” y de la “sostenibilidad de la deuda”, sus mantras habituales?

Sin ánimos de agregar internas a un gobierno al que justamente le sobran, en el BCRA deslizan una queja. Advierten que parte de la ola de gasto que se viene deberá financiarse con deuda y que para eso el ministro deberá ser “menos amarrete” con las tasas que hasta ahora vino ofreciendo al mercado. Con mejores tasas, alegan, podría captar los 4 billones de pesos que hoy se encuentran “esterilizados” en pases y Leliq. ¿Para qué emitir más, si lo que sobra es liquidez?, es la pregunta que se hacen en el BCRA. Por esa vía, tendrá que hacer lo que le pide la política: poner plata en el bolsillo de la gente. Y cuanto antes, mejor.