Por Yanina Otero
- Fue una de las promesas de Alberto Fernández durante la apertura de sesiones del Congreso en marzo pasado y que incluso
ratificó en las últimas semanas. El campo aguarda
definiciones respecto a la ley agroindustrial que promete beneficios
impositivos y fiscales para llevar las exportaciones del sector hasta los
u$s100.000 millones al año. Algo
similar ocurre con el lanzamiento del postergado Plan Ganadero para incrementar
la producción de carne en el mercado interno.
Según detallaron
días atrás desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) el anteproyecto de ley está en la mesa de
los funcionarios del gabinete de Economía de Alberto Fernández, mientras se
viven horas de definiciones en el oficialismo respecto al rumbo político y
económico de la gestión.
Por su parte, los
fabricantes nacionales de maquinaría agrícola mientras crecen en ventas,
apalancados por los altos precios internaciones de los commodities del agro,
plantean la necesidad de que el Congreso también avance en una ley de fomento y
diferenciación para las maquinas fabricadas en el país.
Según explican
referentes del sector, el actual escenario, planteado poselecciones PASO,
despliega desafíos todavía más urgentes para la gestión y los proyectos ligados
al campo son un gran interrogante pero que también podrían oficiar como pilares
de la reactivación económica que necesita la Argentina.
“Estamos viendo
este escenario con expectativa y preocupación. Este tipo de
situaciones son típicas de las coaliciones parlamentarias europeas, donde
cuando pierden una elección, enseguida hay una renovación de Gabinete, pero
allá hay estabilidad macroeconómica y política. En nuestro país esta coalición
debe resolver con madurez y velocidad los cambios que quiere introducir, pero
no puede tardar más de 24 horas”, explicó
un referente del sector en diálogo con Ámbito.
Panorama
A este contexto, se
suma además un clima de máxima tensión con los representantes de la Mesa de
Enlace luego de que el Gobierno decidiera intervenir las exportaciones de carne
vacuna con el objetivo de contener los precios en el mercado interno que
llegaron a mostrar un incremento interanual superior al 80%.
Lo cierto es que la
relación entre el actual Gobierno y los líderes gremiales del agro nació
prácticamente resquebrajada. Cuando el covid todavía no era una pandemia y el
Gobierno de Alberto Fernández apenas tenía meses de gestión, el campo fue el
primer sector económico en plantarse en la vereda de enfrente con una medida de
fuerza.
Corrían los
primeros días de marzo de 2020 y la Mesa de Enlace convocaba a un cese de
comercialización de granos en reclamo del incremento de las retenciones de la
soja desde el 30% al 33%.
En total, el campo
ejecutó en lo que va de gestión Alberto Fernández tres paros agropecuarios y en
las últimas semanas amenazaron con una cuarta medida de fuerza que finalmente
no llegó a concretarse. En tanto, la Sociedad Rural Argentina, plantea la
posibilidad de avanzar con un reclamo judicial, con el apoyo de las otras
entidades, para que se liberen los envíos de carne.
Concretamente, el balance entre el mercado interno y las
exportaciones, con precios internacionales de los commodities en máximos
históricos, se convirtió en el principal punto de enfrentamiento entre el
gremialismo rural y los funcionarios nacionales y la puja todavía sigue.
Por lo pronto, lo
que se espera para los próximos meses es una caída considerable en el ingreso
de divisas del campo y esa también es una espada de Damocles para el Gobierno en
el mediano plazo. Es que por cuestiones estaciones lógicas de la campaña, el
productor ya sembró el trigo y liquidó gran parte de la cosecha de soja y maíz,
hasta diciembre no se espera un fuerte ingreso de dólares del sector. Es por
ello que el poder de fuego del BCRA para contener los distintos tipos de cambio
también será más acotado.
Según explican
referentes económicos, los cimbronazos políticos también desalientan decisiones
de inversión y/o liquidación de granos por parte de los productores, planteando
un escenario aún más complejo.
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