Por Silvia Stang - En
un fallo favorable a un colegio de abogados, pero que tendrá efectos no solo
limitados a esa institución, la Cámara Federal de Rosario le ordenó a la Anses
facilitar y agilizar la obtención de turnos por parte de quienes necesitan
tramitar, por ejemplo, altas de jubilaciones y pensiones. Además, los jueces de
la Sala A de la mencionada cámara de apelaciones instaron al organismo a
disponer que en las unidades de atención al público se trabaje “al máximo que
permita el aforo correspondiente” (exceptuando al personal que sea de riesgo) y
que los empleados que no estén en forma presencial “presten servicio real
diario de forma virtual o remota”.
La medida cautelar
dictada por los jueces en favor del Colegio de Abogados de Rosario ratifica en
líneas generales una que había sido emitida en primera instancia en abril
último. El escrito judicial establece que los turnos “para el inicio de las
jubilaciones y pensiones y demás trámites” que pidan los abogados “de la
segunda circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe (Rosario)” sean
otorgados “en un plazo no mayor a 45 días”. En la práctica, según explicó en
diálogo con Hugo Hernández, la nacion presidente del Instituto de Derecho
Constitucional del citado colegio, y también según otras fuentes, los turnos se
dan a 60 días. La demora afecta por igual a los abogados que actúan en nombre
de terceros y a los usuarios que tramitan por cuenta propia sus prestaciones.
La modalidad con la
que se hace el otorgamiento de turnos es igual para todo el país e incluye a
usuarios particulares y a abogados con poderes de terceros; por eso, más allá
de que sea el colegio profesional de una ciudad el que logró el fallo, se
entiende que la solución dispuesta, en caso de cumplirse lo ordenado por los
jueces, tendrá en la práctica un alcance general en el sistema.
La resolución
judicial incluye la orden a la Anses de que disponga un horario fijo y
preestablecido que sea informado a los usuarios en el cual se acceda
diariamente al pedido de turnos desde la web. Según explicó
Hernández, desde
hace un tiempo los turnos se habilitan, hasta su agotamiento, en horarios
diferentes cada día, sin que exista previsibilidad respecto de cuándo se los
puede conseguir.
En una presentación
hecha en el marco de la causa a mediados de agosto, la Anses había pedido que
el reclamo se declarara abstracto, en función de las mejoras que, según dijo el
organismo, hubo en los últimos meses. Se había argumentado, por caso, que en
cumplimiento de una circular interna de junio de este año “todo el personal de
este organismo (salvo las excepciones previstas) ya se encuentra abocado al
régimen laboral de presencialidad en los ‘esquemas de burbujas’ de conformidad
con los protocolos sanitarios vigentes”. También se había señalado la
existencia de mejoras edilicias y de actualizaciones en el sistema de trámites bajo
la modalidad virtual.
“En el fondo, el
problema es la falta de turnos en cantidad suficiente para la demanda que
existe –advirtió en diálogo con el abogado la nacion previsionalista Adrián
Tróccoli–. Hubo también amparos individuales para lograr que la Anses los
otorgara, pero no puede ser que esa sea la solución; esos reclamos son parte de
lo que satura los tribunales”.
Las dificultades
incluyen también al sistema de atención virtual, según las advertencias que
hacen desde hace meses diferentes instituciones que agrupan a los abogados.
“Todo se podría solucionar con el sistema de atención virtual, que en la
práctica no funcionó como se esperaba”, sostuvo Tróccoli.
Menos jubilados
nuevos
Las dificultades,
que comenzaron cuando la Anses empezó a suspender los turnos y luego cerró sus
puertas por la cuarentena, se reflejaron en las prestaciones dadas de alta: en
todo 2020 se habilitaron 120.390 nuevas jubilaciones, según datos de la
Secretaría de Seguridad Social, un número que es inferior a la mitad del promedio
anual de nuevos jubilados (248.384) de los tres años previos. Eso fue parte del
ajuste fiscal concretado por el gobierno de Alberto Fernández, con el que se
afectó el gasto previsional.
Recién en el
segundo trimestre de este año, según se desprende de la estadística oficial,
hubo una mejora en los números: en los primeros tres meses del año se otorgaron
algo menos de 33.000 altas de jubilaciones, en tanto que entre enero y junio
los casos fueron 96.258.
Las dificultades
para conseguir turnos y las demoras en la gestión de trámites virtuales tienen
sus consecuencias concretas en los bolsillos, porque el día en que se asigna el
turno para iniciar el trámite es el momento en que comienza a calcularse el
haber. Por eso, cuando el beneficio se pone al pago se abona también el
retroactivo, que es el ingreso que se acumuló desde que se consiguió el turno
(en el caso de la gestión presencial) y el mes en que se cobra por primera vez.
Ese monto no tiene actualización alguna, lo que provoca que, por la inflación,
cuanto más demora el alta del beneficio una vez iniciado el trámite, más poder
adquisitivo se perderá.
Conducta proactiva
En el caso de
Rosario, los jueces camaristas Aníbal Pinedo y Fernando Barbará se refirieron,
entre las consideraciones del fallo, a la necesidad de “pasar de una conducta
defensiva [con respecto al Covid-19] a una conducta proactiva”, para “defender
la salud humana de las empleadas y empleados públicos, pero también el
funcionamiento de las instituciones básicas de Estado de Derecho”.
En el expediente se
menciona que antes de la pandemia el plazo de concesión de turnos para
concurrir a las unidades de atención era de 48 horas a 30 días.
En la justificación
al llamado hecho a la Anses a regularizar los servicios, el fallo sostiene: “En
el carácter de funcionarios públicos, estamos obligados a tener una mirada y
una planificación con perspectiva institucional mayor a la reacción individual que
podemos experimentar como simples ciudadanos sin cargas colectivas”. Y se
concluye que no puede pensarse hoy en una etapa de “pospandemia”, porque la
situación derivada del Covid-19 es “un proceso que va a perdurar, que es
continuado y se va a prolongar quizás unos años”.
Además, se advierte
que está en juego el derecho al acceso a prestaciones sociales “de personas de
extrema vulnerabilidad”, en referencia a quienes tienen una discapacidad, cuyos
beneficios resultaron especialmente demorados, por la tardanza en el inicio de
la atención de las comisiones médicas.
Tras mencionar
datos expuestos por los amparistas y por el organismo demandado, el juez Pineda
concluyó que “el sistema de atención, tanto virtual como presencial, resulta
–prima facie– insuficiente para garantizar el inicio de las jubilaciones y
pensiones y demás trámites”.
Lo que resulta de
esta y otras causas, evaluó Tróccoli, es que los abogados y la Justicia tratan
de poner las cosas en equilibrio frente a la acciones de los poderes Ejecutivo
o Legislativo. “La función del Poder Judicial es poner límites; en este caso
puso una obligación mínima, que incluso es menor de la que tendrían que haber
dispuesto”, concluyó.
Mientras persisten
el conflicto por los turnos y las demoras que comenzaron hace un año y medio
para quienes necesitan comenzar a cobrar su prestación, anteayer la Anses
informó que resolvió 25.886 jubilaciones a mujeres, otorgadas mediante el
mecanismo de contar años de aportes por hijos según lo dispuesto por un decreto
de necesidad y urgencia de mediados de julio pasado. Y se especificó que se
iniciaron 46.388 expedientes, por lo que ya se le dio finalización al 55%.
En uno de los
últimos escritos que los representantes del organismo habían elevado a los
jueces de Rosario, se indicó que para esos beneficios en particular, que
comenzaron a darse poco antes de las elecciones primarias, se implementaron
“esquemas extraordinarios de trabajo” con extensión de horarios.
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