Por Daniel Aprile - En los próximos días la Mesa de Enlace mantendrá encuentros con dirigentes rurales de distintas localidades de la zona centro. Buscará el apoyo de diversos sectores de la economía para organizar una protesta luego de las elecciones de medio término. El próximo viernes será un día clave ya que los dirigentes viajarán a Jesús María (Córdoba) para reunirse con productores y referentes locales.

Según fuentes consultadas, en el sector agropecuario es vox populi que el conflicto sería inevitable tras la ratificación del Gobierno de la teoría de la baja de precios gracias a las restricciones en las exportaciones puesto que eso implicaría que no se flexibilizarían las ventas al exterior en el corto plazo.

Javier Rotondo, Presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) participó de la última asamblea de productores en Río Cuarto y aseguró a Ámbito que “este tipo de gobiernos necesitan un enemigo de turno para tapar sus propios errores. Ese enemigo somos nosotros”. Rotondo forma parte de quienes ven un conflicto inminente.

Por ahora no se descartó la realización de una jornada de protesta, que de realizarse incluiría manifestaciones a la vera de la ruta en localidades emblemáticas para los reclamos del campo, tales como Ceibas en Entre Ríos, San Nicolás en Buenos Aires, Rosario en Santa Fe y Río Cuarto en Córdoba, entre otras. Un ala dura del campo impulsaría además un cese de comercialización de entre 7 y 14 días que incluiría hacienda y granos y sumaría nuevamente a otros sectores damnificados de la economía.

Se trataría de una jugada fuerte del agro porque no sólo no hay aceptación social para apoyar el reclamo de un sector que si bien tiene problemas, goza de buena salud si lo comparamos con otras actividades, sino porque además dentro de la agroindustria hay poco quórum para llevar adelante una medida que perjudicaría a consignatarios, frigoríficos y demás actores del negocio. Nicolás Pino, titular de la SRA, propone no llegar a aun lockout y aseguró a Ámbito que “si nos quejamos de la repetición del error del Gobierno por el cierre de las exportaciones, nosotros no podemos tener la misma reacción que en aquél entonces”.

Todo esto ocurre mientras el Consejo Agroindustrial Argentino y la industria frigorífica intentan por todos los medios dialogar e insistir con pedidos de audiencia a los funcionarios de los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, con la idea de que se puedan flexibilizar las restricciones que rigen para exportar carne.

Dentro de ese plan desentonaron los dichos de Daniel Roa, referente del sindicato de la carne en la provincia de Santa Fe, quien sugirió que habían comenzado los despidos en las plantas frigoríficas de la zona. La respuesta de la industria no tardó en llegar. Javier Peralta, Secretario de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), aseguró a Ámbito que "es totalmente falso que se hayan producido despidos como consecuencia de las medidas adoptadas y prorrogadas. Sí es cierto que los trabajadores de los frigoríficos exportadores cobran un 40% respecto de lo que venían percibiendo antes de la prohibición y esto se debe a la baja productividad que tienen las plantas”.

Las restricciones a la exportación de carne competen a todos los actores de la cadena pero un cese de comercialización de hacienda no le conviene a prácticamente a nadie, porque frenaría la dinámica de un negocio que aún funciona y castigaría la cadena de pagos. Por otra parte, la experiencia indica que las medidas de protesta en el campo se sabe cuándo comienzan pero no cuándo ni cómo terminan y ese es un riesgo que por ahora nadie en la dirigencia rural esta disputado a correr.