Por Cristian Mira - El Escenario - Las pocas esperanzas que tenían en la Mesa de Enlace y en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) de conseguir una flexibilización del cepo a las exportaciones de carne quedaron anuladas a las cero de ayer con la publicación de la resolución respectiva en el Boletín Oficial que lo prorrogó hasta el 31 de octubre.

Aunque, como informó la nacion la semana pasada, el Gobierno había decidido la extensión del cepo, quienes mantuvieron reuniones del sector privado con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, abrigaban una leve esperanza de que en la norma se asumiera el compromiso de promover algunos cambios en el cepo que aliviaran las tensiones con los productores. Entre otras medidas, esperaban que se exceptuara de la restricción a la llamada “vaca china”, que se permitiera exportar a plantas frigoríficas que no habían vendido al exterior en 2020 o que grupos de productores pudieran presentar sus proyectos. Nada de eso sucedió.

Esos mismos negociadores creen que si alguna de esas excepciones hubiera sido contemplada con un plazo de vigencia más breve del cepo, se podía evitar el conflicto. “Blindaron todo”, dijo un conocedor de las discusiones con el Gobierno.

El motivo de la intransigencia es simple: las elecciones. En las conversaciones con el sector privado, los funcionarios se sinceraron. Dijeron que los votos de los consumidores eran más numerosos que los de la producción y de la industria. Además, veían que los reclamos del campo no provocaban empatía en los sectores urbanos. “Seguimos así, estamos tranquilos”, replicaron, frente a los reclamos de flexibilizar el cepo.

Ese ánimo de tranquilidad solo fue alterado por Israel. Desde Tel Aviv le hicieron saber al gobierno argentino que estaban dispuestos a aplicar una política espejo si no se permitía la autorización de las exportaciones de carne kosher. Israel había privilegiado a la Argentina en detrimento de otros proveedores, como Polonia, para abastecerse de los cortes vacunos. Tras las quejas y las advertencias, la Casa Rosada dio marcha atrás.

En ese contexto, en el negocio de ganados y carnes vaticinan que se abrirá una nueva etapa de confrontación con el Gobierno y que se prolongará durante un buen tiempo. En la resolución conocida ayer se establece que el cupo de hasta un 50% de lo vendido en 2020 seguirá vigente hasta el 31 de octubre: apenas dos semanas antes de las elecciones legislativas. Será difícil que el Gobierno adopte una medida que pueda ser interpretada por sus votantes como una “concesión a los reclamos de los poderes concentrados”.

Frente a eso, la dirigencia rural intentará ser más enfática para explicar que con el cepo a las exportaciones no solo pierden los ganaderos y los industriales, sino que pierden todos: los consumidores (porque a largo plazo habrá menos producción de carne debido a que los ganaderos pierden incentivos para invertir), la economía (porque caerá el ingreso de divisas por exportaciones), los trabajadores de los frigoríficos (ya hay plantas que operan solo tres días a la semana) y el Estado (cae la recaudación por la menor actividad económica del sector). Eso fue lo que ocurrió en los primeros gobiernos kirchneristas desde que Néstor Kirchner comenzó a intervenir en el mercado de la carne con la suba de derechos de exportación y, luego, con el cierre liso y llano de las ventas externas. Al final del segundo mandato de Cristina Kirchner ni los consumidores comían carne barata ni se producía más carne.

Los expertos del negocio creen que la politización de la carne vacuna, un mal endémico del país, puede transformarse en un boomerang para el Gobierno en los próximos meses. Si prospera el plan de “poner más plata en el bolsillo de la gente” antes de las elecciones, creen que una parte de ese eventual aumento del consumo irá a la carne. “Y eso derivará en un nuevo aumento de precios”, vaticinan. Si eso ocurre, la inutilidad de restringir exportaciones quedará nuevamente demostrada.