Sábado 28 - Por Rafael Mathus Ruiz - WASHINGTON.–
Cuando ya transcurrieron casi dos años desde el primer contacto del gobierno de Alberto
Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las conversaciones para
delinear un nuevo programa y refinanciar la deuda con el organismo continúan y
aún resta recorrer un largo camino antes de que el acuerdo final esté escrito,
firmado y aprobado.
“No
está cerrado el acuerdo con el Fondo”, dijo ayer Alberto Fernández, pese a las
versiones que se ventilaron esta semana. El Presidente advirtió que las
discusiones sobre las tasas de interés y los plazos siguen. Son los dos pedidos
que el ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió de Cristina Kirchner. “No
estoy apurado por firmar ese acuerdo”, cerró el Presidente en su entrevista con
Radio 10.
Guzmán
anunció en noviembre del año pasado que el Gobierno buscaría refinanciar la
deuda por unos US$45.000 millones que dejó Mauricio Macri transformando el
acuerdo
stand-by
de 2018 en un acuerdo de facilidades extendidas (EFF, según sus siglas en
inglés), la línea de crédito más larga que ofrece el Fondo, diseñada para un
programa a diez años que incluye un período de gracia inicial de cuatro años.
Desde
entonces, Guzmán y los funcionarios del FMI mantienen reuniones técnicas para
delinear el plan económico oficial, que debe recibir la aprobación, primero,
del mismo staff, y luego del board del Fondo, controlado por las naciones del
G-7. la ambición inicial de Guzmán era tener listo ese programa a principios de
este año, pero los cálculos políticos del Frente de Todos lo forzaron a cambiar
la estrategia y postergar todo hasta, al menos, después de las elecciones, un
escenario que en Washington y en Nueva York consideran intocable.
Paradójicamente,
la postergación de las negociaciones le impedirá al Gobierno utilizar los 4334
millones de dólares que giró el Fondo a las reservas del Banco Central para
apuntalar la recuperación a la pandemia, tal como anhelaba el cristinismo.
Guzmán utilizará esos fondos casi con certeza para cancelar los vencimientos de
septiembre y diciembre del préstamo original de Macri, que suman unos US$3900
millones. De haber cerrado la negociación, el nuevo acuerdo hubiera permitido
cancelar los vencimientos del préstamo de Macri con desembolsos frescos del
nuevo programa, y tener más recursos para paliar el golpe de la pandemia del
coronavirus.
Pero
para llegar a un nuevo acuerdo con el FMI deben completarse varias etapas
previas. Guzmán debe finiquitar las discusiones técnicas con Julie Kozack y
luis Cubeddu, los dos funcionarios del Fondo que llevan el caso argentino, y
alcanzar un “acuerdo a nivel técnico”, o staff-level
agreement,
en la jerga del organismo. Ese primer acuerdo marca el fin de las negociaciones
del Gobierno con el staff, lo que implica que ya se llegó a definir un sendero
de ajuste del déficit fiscal, las metas monetarias, de inflación y de
crecimiento, además del menú de reformas estructurales, una condicionalidad
habitual en los programas EFF.
Una vez
cerrado el acuerdo técnico, el Gobierno deberá ir al Congreso. Este fue uno de
los pedidos centrales del FMI. luego del fracaso del programa de Macri, que
nunca contó con el respaldo del kirchnerismo, en el Fondo apuntan a evitar
repetir la historia, y por eso quieren que el nuevo acuerdo esté blindado
políticamente.
Además
el EFF tiene una vida de 10 años que supera al actual gobierno de Alberto
Fernández aun en el escenario de que el Frente de Todos gane la elección de
2023, y el Fondo quiere garantizar su continuidad ante un eventual cambio de
gobierno. Para eso, el nuevo programa deberá tener el respaldo del Frente de
Todos y de Juntos por el Cambio.
Asumiendo
que el programa acordado por el Gobierno y el staff consigue ese apoyo político
sin sufrir cambios o retoques –la oposición puede exigirlo para aprobarlo–, el
paso siguiente es la aprobación final del Directorio Ejecutivo del Fondo. Para
conseguir esa aprobación, el Gobierno necesita la venia del G-7, en particular
del gobierno de Joe Biden, ya que EE.UU. es el socio principal del Fondo y el
único que tiene poder de veto en el board.
las
primeras señales que ha ofrecido la Casa Blanca han sido positivas. El Tesoro
dijo que “un marco sólido de política económica” obtendría el apoyo de EE.UU. y
la comunidad internacional, y los principales gobiernos europeos –acreedores en
el Club de París– también han mostrado buena predisposición. El acuerdo de
Macri generó roces entre el gobierno de Trump y los socios europeos, que
pretendían un acuerdo más duro. Ahora, dado el contexto de la pandemia, el
gobierno de Fernández contaría con un poco más de margen. Pero de todos modos
debería presentar un plan sustentable. Nadie quiere otro fracaso.
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