Por Juan Strasnoy PeyreEl Ministerio de Economía revirtió ayer el traspié de la primera licitación de deuda en pesos de agosto. En una segunda colocación, en la que recalibró su estrategia y redujo los plazos para seducir al mercado, colocó $94.800 millones. Al tratarse de una semana de vencimientos, esto le permitió al equipo de Martín Guzmán compensar los $77.500 millones que habían quedado sin renovar a comienzos de mes y alcanzar un porcentaje de refinanciación mensual del 105,5%. Ahora, apuesta a las nuevas herramientas lanzadas por el Gabinete económico en los últimos días para aumentar el fondeo neto en las próximas subastas y acotar el ritmo de crecimiento de la asistencia del Banco Central al Tesoro ante el temor de esto incremente las tensiones cambiarias.

Fuentes de la Secretaría de Finanzas calificaron el resultado de ayer como “muy positivo” y consideraron que “debería aportar tranquilidad”. “A veces se pone mucho énfasis en un resultado particular pero es un proceso dinámico. Dialogamos permanentemente con los actores del mercado y buscamos compatibilizar sus necesidades con las del Tesoro”, expresaron los funcionarios.

Es que el bajo porcentaje de rollover en la primera colocación del mes aceleró la emisión. En los primeros once días de agosto, el BCRA le giró al fisco $200.000 millones. Esto había sembrado algunas dudas sobre la posibilidad de cumplimiento de las metas del programa financiero de Guzmán, que prevé cubrir el déficit de 2021 en un 60% con asistencia monetaria y un 40% con deuda en pesos. Hasta julio esa pauta se había cumplido pero se desbalanceó a comienzos de agosto. Con la operación de ayer, en lo que va de 2021, el mix de financiamiento del fisco acumula un 63% de emisión y un 37% de deuda.

En Economía, consideran que se acomodó la dinámica mensual. Hasta el momento acumulan un financiamiento neto (por sobre los vencimientos) de unos $9.000 millones y esperan mejorar ese número en la última licitación de agosto, pautada para el viernes 27, en la que deberán renovar vencimientos por casi $93.000 millones.

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Con todo, el costo del resultado fue una drástica reducción de los plazos de emisión. La clave fue la reaparición de las letras a tasa fija (Ledes) muy cortas, que habían estado ausentes en la licitación previa. Más de la mitad del monto colocado ($49.309 millones) fue una Ledes con vencimiento el 29 de octubre, es decir, con una duración de poco más de dos meses.

Para esa letra, Economía había pautado por primera vez un precio máximo, que le garantizaba un piso de rendimiento real positivo a los inversores. Finalmente se colocó a una tasa nominal anual del 37,98% (algo por encima del piso predefinido), lo que implica una tasa real de casi 1%. “Hubo una compresión grande de rendimientos en el mercado secundario porque el mercado está más posicionado en el tramo corto de la curva. No quisimos tener un comportamiento oportunista, sino dar una señal de que queremos tener tasas reales positivas. Entre 1 y 2% real son niveles sostenibles en términos de lo que crece la economía y la recaudación”, afirmaron los funcionarios.

El Tesoro recibió 668 ofertas por un valor nominal de $112.145 millones. Adjudicó posturas por $99.976 millones nominales, que en términos efectivos implicaron ingresos por $94.798 millones. El 90,4% fue a instrumentos a tasa fija y un 9,6% a una Lecer a marzo, que pagó una tasa real del 2,7%. Entre los títulos a tasa fija, hubo tres Ledes (la mencionada a octubre y otras dos a diciembre y enero, que cerraron con tasas del 39,49% y el 40,49% respectivamente) y el bono TY22P, destinado a que los bancos remuneren encajes, que captó $18.680 millones al 30% nominal anual.

El flamante secretario de Finanzas, Rafael Brigo, quien reemplazó a Mariano Sardi y tuvo su primera prueba ante el mercado, aseguró que este resultado “permite dar previsibilidad a la ejecución del programa financiero y cumplir con la composición del financiamiento previsto en el Presupuesto 2021”. De acá a diciembre, enfrentará el desafío de refinanciar vencimientos de deuda en pesos por alrededor de $1,5 billones en el exigente contexto electoral.

Nuevos FCI de títulos públicos

En ese tren, el Gobierno sumó una nueva herramienta en el marco de su nueva estrategia para apuntalar las colocaciones de Finanzas y contener la aceleración de la emisión monetaria de los últimos meses. Ayer, a través de la resolución general 900/21, la Comisión Nacional de Valores (CNV) creó un régimen especial de Fondos Comunes de Inversión (FCI) Abiertos orientado a títulos de deuda pública nacional.

El 55% de estos vehículos de inversión deberá estar compuesto por títulos públicos adquiridos en colocación primaria, con un vencimiento menor o igual a un año. El 45% restante podrá ser invertido en otros FCI de liquidez de muy corto plazo, conocidos como money market o T 0, que habitualmente están colocados en cuentas remuneradas, cauciones y plazos fijos.

El atractivo ofrecido pasa porque el resto de los fondos T 1 (que tienen como destino pautado invertir en títulos públicos, corporativos, acciones o una combinación de estos) poseen un tope de inversión en FCI money market del 5%. “Es un vehículo más flexible a la hora de armar el portafolio con rendimientos superiores. Es una categoría intermedia entre fondos T 0 y T 1, una especie de T 0 plus o T 0 turbo, como le dicen algunos en el mercado”, enfatizó una fuente oficial.

El objetivo detrás de esta medida es movilizar fondos que hoy están posicionados en money market hacia las licitaciones del Tesoro. Con un mercado volcado hacia el cortoplacismo, esta clase de FCI reúne un patrimonio neto de alrededor de $1,3 billones y hoy representa algo más de la mitad del patrimonio total de la industria. Para ello, el equipo económico lanzó una serie de señales que buscan demostrarles a los inversores institucionales que las letras emitidas por Finanzas tendrán liquidez en el mercado secundario y que esto minimizará la volatilidad de sus cotizaciones.

Ocurre que esta herramienta, que entra hoy en vigencia, actuará en tándem con otras dos iniciativas impulsadas por el BCRA y Economía, anticipadas por este diario: la nueva operatoria de futuros de títulos públicos en el MAE y el Rofex, y el relanzado programa de Creadores de Mercado.

En el primero de los casos la liquidez será aportada por el Central, que ya empezó a operar en los futuros de Ledes a octubre. El viernes pasado el MAE habilitó esta operatoria para ruedas de negociación bilateral y el martes se sumó el Rofex. “Se hace mark to market diario y al final del contrato se hace el delivery del instrumento y del dinero”, le explicaron a Ámbito fuentes de estos mercados.

El atractivo pasa por la entrega al final del contrato, que por el momento se operan a fines de agosto y septiembre. El mecanismo es así: los inversores institucionales (FCI y aseguradoras), que busca evitar la exposición a altas volatilidades de precios, suscriben las letras que coloca Finanzas; luego, pueden pactar un contrato de futuros con el BCRA, lo que les permite vender el activo por anticipado sin esperar el vencimiento, lo que reduce los plazos y les asegura un determinado precio. Así, se garantizan liquidez al momento de venta sin depender de encontrar compradores en el mercado secundario.

La expectativa oficial es que esto ayude a estabilizar las tasas en el mercado secundario y favorezca una migración desde fondos T 0 a títulos públicos. En la misma línea actuará el programa de Creadores de Mercado, que comenzará con su período de evaluación inicial el 28 de agosto. En este caso, los aportantes de liquidez serán bancos y Alyc interesados en actuar como “market makers”, cuya responsabilidad pasará por participar de las licitaciones de deuda del Tesoro y por mantener cotidianamente ofertas de compra y venta de esos títulos en el mercado secundario. Fuentes oficiales contaron que se inscribió más de una decena de aspirantes a creadores de mercado.

Este combo se añade a otra medida que ya movilizó a las entidades financieras. En junio, el BCRA habilitó a los bancos a migrar la porción de Leliq que tenían integradas como encajes a títulos públicos (que ofrecen mayores rendimientos) de entre 180 y 450 días de plazo. Según estimaciones privadas, desde entonces, las entidades aportaron más de $200.000 millones al financiamiento del Tesoro.

En definitiva, Guzmán busca garantizarse el fondeo en meses donde las necesidades fiscales crecen, se acumulan abultados vencimientos de deuda y las típicas tensiones preelectorales complejizan el rollover.