Por Carlos Burgueño - Aplacadas las inquietudes por el futuro de las negociaciones con el FMI blindando las discusiones con la certeza que el 30 de septiembre se le pagará al organismo con los DEG, el ministerio de Economía se concentrará ahora en otro capítulo donde se requiere templanza para la discusión política. La intención de Martín Guzmán es que en el 2021 el déficit fiscal se mantenga bajo contención presupuestaria, y que no supere el 4,5% estimado en el presupuesto para este año; diseñado entre septiembre y octubre del 2020; cuando se preveía que este ejercicio sería de expansión económica y sin el azote de una segunda ola del covid-19. Lo importante del dato que se maneja, muy prudentemente, dentro del gabinete económico; es que para el año el gobierno de Alberto Fernández podría lograr un resultado final inferior a ese porcentaje. ¿Cuánto más bajo? Dependerá más de la política electoral que de la administración económica.

Guzmán ya hizo su parte. En los primeros seis meses del año el desequilibrio entre ingresos y gastos (sin pago de servicios de deuda), acumuló un 0,5%, el nivel más bajo en seis años para el mismo período. Esto se dio gracias al aporte de dos capítulos fundamentales; vinculados a los ingresos públicos. El primer aporte fundamental lo dieron los ingresos provenientes del Aporte Solidario Extraordinario; los que, según los datos de la AFIP, sumaron más de $223.000 millones; lo que prácticamente empata el déficit acumulado en los primeros seis años del 2020. El segundo capítulo lo marca la recaudación extra proveniente del comercio exterior, lo que le permitió a sector público nacional un ingreso extra de aproximadamente $180.000 millones según estimaciones privadas (Ecolatina). Hay un tercer factor importante: la mejora de la recaudación total real registrada por el organismo que maneja Mercedes Marcó del Pont, por encima de la inflación. Esto permitió que en el período inicial del ejercicio actual, la recaudación aumente 22% en términos reales, contra un alza de 6% en el gasto público.

Hasta aquí Guzmán mostró una prolijidad extrema. Pero el período más complejo ya comenzó. Ya le dejó en claro el ala política, en boca de la mismísima Cristina Fernández de Kirchner en un encuentro antes del viaje del ministro a la cumbre del G20 de Venecia, que se inició desde julio el tiempo de pensar en los votos y olvidar las restricciones fiscales. Y no sólo por el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, discusión ya cerrada dentro del Gabinete. Guzmán ya tuvo que rehacer las mediciones sobre el gasto público para poder garantizar el dinero para el bono de $5.000 a casi 6 millones de jubilados, lo que implica un aumento en el gasto no presupuestado por unos $30.000 millones. Este fue sólo el inicio. Este sector de la sociedad no deberá perder contra la inflación, con lo que habrá que reperfilar la política previsional en el último tramo del año. También Economía deberá contabilizar nuevas partidas para atender los salarios públicos, que tampoco deberán perder poder adquisitivo ante el IPC. Y resta una abultada cuenta a saldar por el costo de la importación de combustible, la que además tendrá que ser abonada en dólares. Esto más otras partidas que deberán estar disponibles en tiempo y forma a medida que avance la campaña electoral.

El gabinete económico afirma que esta preparado para el reclamo de todos estos miles de millones de pesos, y que la aceleración del gasto público en los próximos meses no afectará la meta fiscal final. Según algunas estimaciones privadas, y dependiendo de los escenario de ingresos y gastos, el déficit fiscal no podría ser menor al 3% y no superaría el 4,2%; siempre dependiendo del nivel de apertura del gasto que se habilite en el segundo semestre. Es, por ejemplo, la medición del último informe publicado por el IARAF, donde se ratifica un resultado final menor al 4,5%.