Por Lucila Marin - El registro de las protestas muestra que en junio hubo 499 piquetes y en lo que va del año, 2474, una suba del 60% en comparación con el mismo período de 2020, cuando había mayores restricciones de circulación por la pandemia. El aumento de los conflictos callejeros tiene como principales protagonistas a las agrupaciones piqueteras y a desocupados, que reclaman trabajo y asistencia alimentaria.

Cortes en el Obelisco, un acampe en el Ministerio de Desarrollo Social, otro frente a la Casa Rosada pidiendo por la libertad de Milagro Sala, interrupción de la línea Roca por un reclamo de trabajadores ferroviarios tercerizados, una protesta en Retiro y, como si fuera poco, un desalojo en Lomas de Zamora. Todas esas manifestaciones ocurrieron en un solo día, el jueves pasado. Una jornada parecida a las que solía haber antes de la pandemia. Pero no fue una excepción. En los últimos días, los cortes y reclamos son cada vez más frecuentes. Ayer hubo cinco marchas programadas: una concentración en el Aeroparque, otra en el Obelisco y otra en la Plaza de Mayo, una protesta de los trabajadores de Garbarino y reclamos de los trabajadores en el Hospital Durand.

En junio hubo 499 piquetes y en lo que va del año, 2474, una suba del 60% en comparación con el mismo período de 2020, cuando había mayores restricciones de circulación por la pandemia de coronavirus. Los datos se desprenden de un informe de Diagnostico Político, una consultora que mide el fenómeno desde 2009.

El mayor aumento tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, que registró 79 piquetes.

Le siguieron Santa Fe (45), Neuquén (42), Chubut (35) y Misiones (31). Los distritos menos conflictivos fueron La Pampa (2), San Luis (2) y Santiago del Estero (2).

“La recuperación que se esperaba para esta época no está. Hay gente que se ha caído del mapa por conflictos que la crisis ha acentuado”, explica el historiador Jorge Ossona, especialista en los conflictos del Gran Buenos Aires, y agrega: “La situación económica pega brutalmente en las clases populares”.

El profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas explica que la pandemia ha interrumpido varias dinámicas sociales, quebró una red solidaria de subsistencia y produjo un daño en el tejido social. “Las ferias, por ejemplo, están cerradas. La gente no puede poner su puesto y los demás tampoco pueden comprar o intercambiar ropa, constantemente tocan el timbre pidiendo ayuda”. Al identificar los motivos de los reclamos, Ossona señala que se combinan desde los que piden por trabajo hasta los que reclaman alimentos, ya que la situación excedió la capacidad de los comedores.

“Hay organizaciones que tienen localización territorial donde logran canalizar sus quejas”, explica el historiador, pero apunta que la mayoría de estos movimientos son periféricos a los principales, que se han integrado al Gobierno. “Están ganando mucho predicamento porque son los menos favorecidos en la entrega de planes”, apunta.

Estas organizaciones son precisamente las que protagonizaron los piquetes en el marco de los nuevos fenómenos de protesta contra el kirchnerismo. Las agrupaciones sociales lideraron las protestas, con 123 manifestaciones en lo que va del año, seguidas por los grupos de desocupados, con 107; los vecinos autoconvocados, 86; los trabajadores privados, 74; las fuerzas partidarias, 45, y los trabajadores estatales, 43. Los 21 piquetes restantes corresponden a otros actores sociales.

“La situación social se ha ido agravando. Ha crecido mucho la miseria. Se eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y luego del levantamiento de la cuarentena quedó el registro de un millón de personas fuera del mercado laboral, y continúa la precarización”, explica Eduardo Belliboni, dirigente y vocero del Polo Obrero, que participó de la marcha del jueves pasado en donde el Frente de Unidad Piquetera, que reúne a 35 organizaciones de perfil opositor, reclamó el aumento del salario mínimo vital y móvil.

Belliboni señala además que este aumento de reclamos es la consecuencia de un presupuesto “que se calculó por la base de una inflación que se sabía que no iba a ocurrir”.

El dirigente considera que actualmente no hay un canal para estos reclamos “producto de un alineamiento político”, ya que las centrales obreras están ausentes y las organizaciones sociales que se han integrado al Estado (como la facción encabezada por Menéndez, de Barrios de Pie, o Movimiento Evita) invirtieron el rol que debían tener.

Mientras tanto, en la cartera que dirige Daniel Arroyo, blanco de muchos de los reclamos, niegan que la situación exhiba un aumento de la conflictividad social. A pesar de reconocer que al recorrer los barrios la mayoría de la gente se queja, especialmente por el precio de los alimentos, señalan que hay mayor movimiento económico y se están reactivando las “changas”. Sumado a esto, mencionaron una baja en la demanda en los comedores.

Con esos argumentos, en el Ministerio de Desarrollo Social se muestran optimistas de cara a las elecciones y piensan que estos reclamos no tendrán impacto, ya que en los barrios populares “todos tiran para adelante”.

Una vez más, descartaron que se vuelva a establecer el IFE, pero confían en el aumento del Plan Potenciar, ilusionados con los resultados observados, aunque reconocen que la situación social “es crítica”.

Atrás parecen haber quedado los bajos niveles históricos registrados el año pasado. En los últimos meses es cada vez más notorio el aumento de la conflictividad social en las calles. Según Ossona, se trata de “un fenómeno que se va agrandando, como una levadura que va subiendo al compás de este contexto”.