Domingo 4 - Por Maia Jastreblansky - El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el Presidente para modificar la ley de vacunas despejó el camino legal para que la Argentina acceda a los productos fabricados en los Estados Unidos. De aquí en más resta ajustar detalles de plazos de entrega y cantidades para la firma de los contratos directos con los laboratorios y culminar los pasos diplomáticos para recibir la cuota de la donación de la administración de Joseph Biden.

Respecto de la donación de vacunas, ambas partes de la negociación bilateral son optimistas sobre la posibilidad de resolver el trámite de forma expeditiva. Hablan de una resolución de “corto plazo” que podría demorar días, a lo sumo semanas.

La asesora presidencial Cecilia Nicolini es la principal articuladora por el lado de la gestión de Fernández y tiene como interlocutora frecuente a Gayle Smith, coordinadora para la Respuesta Global al Covid y la Seguridad Sanitaria del Departamento de Estado. Se trata de la funcionaria designada por Biden para la “diplomacia de la vacuna”. De las conversaciones también participan el Ministerio de Salud y las embajadas de ambos países.

Según pudo reconstruir la nacion, la Argentina podría recibir –por fuera de las compras nuevas–, entre 2 y 3 millones de vacunas estadounidenses. Una parte de esa cifra será la donación de la Casa Blanca y la otra se integraría el paquete de 9 millones de vacunas que la Argentina ya adquirió al fondo Covax. Hasta ahora la Argentina recibió solo 1.944.000 dosis a través de ese mecanismo de la OMS.

Washington anunció la donación de unos 13 millones de vacunas para América Latina, que contempla dosis de Pfizer, Johnson & Johnson (Janssen) y Moderna. México, Canadá, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Ecuador y Uruguay ya recibieron su cuota, que oscila entre el medio millón y los tres millones de dosis (ver aparte).

Aunque se trate de una donación, Estados Unidos no podía avanzar si la Argentina no contaba con un marco legal aceptable para los laboratorios. Esto es porque las compañías exigen tener “indemnidad” total antes de que su producto comience a ser aplicado en un país. Por eso el DNU borró de la ley de vacunas la “excepción a la indemnidad en casos de negligencia”. Es decir que ahora los laboratorios quedan eximidos de pagar una indemnización en caso de que haya un daño en un paciente.

El DNU fijó que en ese caso la Argentina responderá con un “Fondo de Reparación Covid-19”, que será el equivalente al 1,25 del valor por dosis de las vacunas suministradas. Todo esto debe quedar plasmado en un contrato donde se les otorgue la indemnidad a los laboratorios.

“La donación requiere un acuerdo con el laboratorio y con el país que dona, creemos que eso se va a poder concretar más rápido. La semana que viene tendremos reuniones importantes y en función de eso avanzar con los convenios bilaterales”, dijo ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Y agregó: “Ya enviamos una carta a Covax informándoles esta ampliación del marco legal”.

Contratos de compra

Respecto de la posibilidad de que el Gobierno compre dosis de forma directa a las compañías norteamericanas, fuentes oficiales confirmaron a la nacion que “el trámite de los contratos está avanzado” y que hay negociaciones activas para adquirir dosis tanto con Pfizer como con Johnson & Johnson y Moderna.

“Con el nuevo marco regulatorio y la cuestión jurídica despejada, lo que resta resolver son los cronogramas de entrega y la disponibilidad de dosis que puedan entregar. Y a partir de ahí fijar un acuerdo en función de la oferta y de las necesidades del país”, explicó una fuente oficial a la nacion.

El Gobierno, según pudo reconstruir este medio, no está solo mirando el corto plazo: quiere asegurarse dosis también para el año próximo, ante la hipótesis de que todos los inoculados necesitarán repetir la aplicación u obtener un tercer refuerzo.

La cuestión más urgente, no obstante, es que la Argentina pueda acceder a vacunas pediátricas, fundamentalmente para inocular a niños y adolescentes que padecen enfermedades graves. Pfizer es, hasta ahora, una de las pocas vacunas autorizadas en el mundo para uso en menores de 18 años (obtuvo la aprobación de la FDA de los Estados Unidos en mayo). Ahora resta que la Anmat haga lo propio en la Argentina, lo que implica un trámite administrativo a partir de la nueva documentación que envíe el laboratorio.

En el caso de Janssen, el laboratorio presentó la documentación ante la Anmat el 4 de diciembre de 2020, según los registros oficiales. Aún no fue autorizada para su uso en la Argentina.