Por Silvia Stang - En los cinco primeros meses del año, el Gobierno redujo el gasto asignado a jubilaciones y pensiones en un 9,4% respecto del mismo período de 2020, comparado en términos reales, es decir, según las cifras corregidas por la inflación. Así lo indica un informe elaborado por el Ieral, de la Fundación Mediterránea, que también señala que entre el primer semestre de 2017 y el de este año el haber promedio del sistema perdió un 18,5% de su poder de compra (en la variación influyen los aumentos nominales y el valor de las nuevas jubilaciones), y que en 15 años el número de beneficiarios creció un 112%, impulsado por las moratorias. La baja interanual del gasto real para los jubilados también está consignada en un informe del Observatorio Fiscal Federal de la Facultad de Derecho de la UCA y la Fundación Hanns Seidel.

En el caso de este último estudio, se consigna el gasto en prestaciones previsionales del primer cuatrimestre de este año, de 1.022.116 millones de pesos, que, comparado a valores constantes con los de igual lapso de 2020, muestra una caída de 9,2%. “El principal componente del gasto del sector público nacional está constituido por las prestaciones previsionales, y este concepto ha registrado una clara retracción”, se afirma en el informe de ese centro de investigaciones.

La disminución del dinero erogado en términos reales con respecto al año pasado responde al hecho de que la recomposición de los haberes estuvo por debajo de la inflación y también a una caída del número de beneficios pagados por la Anses, un dato que surge de la estadística de la Secretaría de Seguridad Social.

Según un análisis de la información de esta última fuente oficial, tal como ya informó la nacion, entre enero de 2020 y marzo de este año se redujo a la mitad la cantidad promedio de altas de beneficios jubilatorios otorgados por el sistema que gestiona la Anses, en comparación con el período de los tres años previos (se pasó de 20.700 a 10.300 casos mensuales), algo principalmente explicado por el cierre de oficinas del organismo de la seguridad social durante unos meses de 2020, por las demoras en asignar turnos (una vez que abrieron) y en las respuestas a los trámites virtuales.

En cuanto a lo ocurrido frente a la inflación, si se comparan, por ejemplo, los haberes de marzo de 2020 con los del tercer mes de este año, resultan superiores nominalmente en un 29,45%, mientras que el índice de precios tuvo una variación interanual que alcanzó el 42,6%; esa brecha implica una caída de poder adquisitivo de más de 9%. De todas formas, es cierto que, además de las subas generalizadas, hubo ingresos adicionales, pero solamente para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Este año se otorgaron dos pagos extras, de hasta $1500 cada uno, en abril y mayo; fue una compensación por la inflación, que en el primer trimestre fue del 13%, mientras que el aumento de los ingresos según el nuevo índice de movilidad resultó en marzo de 8,07%.

En un análisis de mediano plazo, el informe del Ieral, hecho por los economistas Marcelo Capello y Laura Caullo, muestra que el gasto previsional de la Nación, medido como porcentaje del producto bruto interno (PBI), había alcanzado el 9,7% en 2020, mientras que en 2005 había sido de 3,9%, y en 2001, de 5,4%. El incremento estuvo en gran medida vinculado con los planes de moratoria, que permiten una jubilación sin contar, a la edad dispuesta para el acceso al beneficio (60 años las mujeres y 65 años los varones), con los 30 años de aportes que exige la ley.

Según muestran los datos de la Secretaría de Seguridad Social, la participación de los casos con moratoria entre las altas de jubilaciones es actualmente, y desde 2017, de entre 54% y 62%. En años previos ese índice había sido más elevado, y en 2015 había llegado al 87%: la razón fue que en 2014 se había aprobado una flexibilización de requisitos para acceder a los planes subsidiados de pago en cuotas de los aportes no hechos en su momento.

El peso de las moratorias

De las prestaciones actuales, entre jubilaciones y pensiones hay unas 3,6 millones que requirieron moratoria y algo más de 3,1 millones que no la necesitaron.

Eso es una muestra de la fragilidad en las condiciones laborales sufrida por muchas personas. Y la suba del número de beneficiarios ocurrió al mismo tiempo en el que no hubo mejoras significativas en cuanto a la tasa de formalidad de los trabajadores que están en la etapa activa. Así, mientras que en 2006 había 2,1 aportantes por cada beneficio puesto al pago, en 2020 esa relación había caído a 1,4, según el informe del Ieral.

De los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec previos a la pandemia se desprende que la mitad de las personas con alguna ocupación laboral (asalariadas o cuentapropistas) no tenían aportes jubilatorios, a lo que se suma el problema de las trayectorias laborales formales, que suelen ser intermitentes, lo cual hace difícil alcanzar los años de aportes requeridos por el sistema.

Medido en moneda constante, señalan Capello y Caullo, el gasto del sistema previsional nacional creció 167% entre los años 2000 y 2020, a una tasa de 6% anual promedio, aunque con amplia disparidad según la parte de la línea de tiempo que se mire. “Por ejemplo, en 2007, con la incorporación de beneficios por la moratoria previsional, el crecimiento del gasto real fue de 40%, mientras que en 2002, con la crisis por la salida de la convertibilidad, hubo una reducción del 20% en térobtener minos reales. Y, entre 2018 y 2020, el gasto correspondiente al instituto de seguridad social, excajas provinciales y organismos descentralizados cayó 6% en términos reales”, indica el informe.

Además, según se consigna, si se hacen las cuentas a valor constante del peso (según precios de abril de 2021), en los primeros cinco meses del año el gasto promedio fue de $262.549 millones, 9,4% más bajo que el de 2020 y 17,7% más reducido que el de igual período de 2018.

Según los datos del ya mencionado Observatorio Fiscal Federal, por su parte, el gasto previsional de los cuatro primeros meses de este año fue, en términos de porcentaje del PBI, más bajo que el de 2018. Ese indicador para 2021 fue estimado en 7,9%, mientras que para 2020 se lo calculó en 9,4% y, para 2019, en 8,1%.

Si se miran los números de años completos, ahora nuevamente según el informe del Ieral, el gasto más elevado, a valores constantes, fue el de 2018; a partir de allí, hubo caídas y, particularmente en 2019, la baja interanual fue de 5,2%. Ese año las jubilaciones perdieron un 13% de su poder adquisitivo. En 2020, con la fórmula de movilidad de la ley de 2017 suspendida y con decisiones discrecionales para las recomposiciones tomadas por el Poder Ejecutivo, las jubilaciones también cayeron en su valor real, en niveles de entre 0,6% y 8,7%. En caso de haberse aplicado la fórmula dejada en suspenso en 2020, en ese año la suba de haberes le habría ganado a la inflación.

En el informe de la consultora se recuerda que en las últimas décadas el sistema tuvo una serie de cambios que alteraron su estructura de financiamiento (que es mixta, ya que contempla aportes y contribuciones y también recursos de impuestos como el IVA o el que pesa sobre las operaciones bancarias), y la dimensión del gasto comprometido.

“Desde hace décadas las cuentas no cierran y el sistema ha incrementado su déficit año tras año, que debió ser cubierto con ingresos tributarios”, se advierte. Y se cuantifica la brecha, al señalarse que el déficit previsional genuino (cuando se consideran solo los aportes y contribuciones destinados a la seguridad social) pasó “de un 0,5% del PBI en 2010 aun 4,8% en 2020”.

En el Ieral advierten que esa fuerte suba del desequilibrio, que acompañó a la incorporación de un gran número de beneficiarios, tuvo su impacto en el valor de los ingresos jubilatorios: mientras que entre el primer semestre de 2013 y ese período de 2021 el haber mínimo real cayó 26,5%, entre la primera mitad de 2017 y ese lapso de 2021, el valor del haber medio disminuyó 18,5%.