Por Carlos Burgueño - En una semana, Argentina sondeará una alternativa financiera internacional que le permitiría sortear con mayor tranquilidad los vencimientos que se le deben cumplir al Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de fin de año por unos u$s3.600 millones. En la cumbre del G-20 que se concretará en Venecia entre el 9 y el 10 próximos; el organismo financiero internacional dará precisiones sobre cómo, cuánto y cuándo será la distribución de los u$s650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), entre los países que tienen la cuota de socio con el Fondo al día.

Argentina ya sabe que recibirá unos u$s4.450 millones por esta vía, entre septiembre y agosto de este año. Sin embargo, Argentina podría negociar algo más de dinero. No directamente ante el FMI, sino con alguno de los Estados que también recibirán ese dinero, pero no lo utilizarán; y, en consecuencia, estarían en condiciones de prestarlo a terceros países. Argentina está interesado en negociar alguna operación de este tipo, con estados “friendly”. El primer candidato es China, seguido de alguno europeo. El dinero del que se podría hablar no es mucho, pero serviría largamente para cumplir con los pagos al FMI de septiembre y diciembre (unos u$s1.800 millones cada liquidación); sin necesidad de tocar ni las reservas ni los DEG propios. Y, en consecuencia, saltando los problemas políticos dentro del oficialismo donde se discute utilizar el dinero que gire el FMI para paliar las consecuencias internas de la pandemia, y no para cumplir con los compromisos de deuda.

Se supone que el dinero extra que pueda conseguir el país con estas negociaciones bilaterales, no estaría atado al compromiso directo que el propio FMI impuso de ser aplicados para las consecuencias del covid-19 en las economías; sino que podrían tener libre disponibilidad para atender situaciones financieras internacionales. Sería cada uno de los países propietarios de ese dinero luego del giro del FMI, los que podrían dictaminar el destino que consideren conveniente. Incluyendo ayuda a terceros países con problemas de vencimientos de deuda, algo que el propio FMI dijo que quiere evitar con los DEG.

La alternativa de tomar prestado parte de los DEG de terceros países que no los utilicen y quieran colocarlos a algún interés conveniente, será discutida en la cumbre de Venecia por Martín Guzmán. El ministro de Economía será el enviado argentino al evento, donde además tendrá otra misión concreta: tomar contacto cara a cara con la principal responsable del caso argentino ante el FMI, la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozac. La economista norteamericana y Guzmán serán los principales responsables hacia delante, de negociar y quizá hasta cerrar, el acuerdo de Facilidades Extendidas para repagar la deuda por u$s44.500 millones correspondientes al Stand By que el país firmó en 2018 con Mauricio Macri en el Gobierno. Y cuyo primer y gran pago será en marzo de 2022 por unos u$s4.040 millones.

Kozac cuenta con el apoyo total de Kristalina Georgieva, y es una de las economistas empoderadas desde la llegada de la búlgara al máximo sillón del FMI. Más aún luego de la salida programada de Alejandro Werner, de la dirección general para el Hemisfério Occidental en abril pasado. Kozac ya manejaba antes el caso argentino, frente al eclipse que Werner había tenido dentro del organismo ante el evidente fracaso del Stand By firmado con el país. No es que el economista argentino/mexicano sea directamente el culpable. Sucedía que era el único que había negociado en 2018 que aún permanecía en el FMI. Antes que él, la francesa Christine Lagarde y el norteamericano David Lipton habían dejado el organismo. Kozac, por orden de Georgieva, se hizo cargo de las negociaciones con Argentina desde fines del año pasado, y es desde febrero de este año la responsable de discutir los términos técnicos, monetarios, fiscales y macroeconómicos del eventual Facilidades Extendidas que firme el país.

El protagonismo de Kozac no necesariamente es negativo para la Argentina. La economista norteamericana detenta el cargo de directora adjunta del departamento Occidental; y, sin Werner, es la responsable del área con facultades literales de tomar decisiones. Fue designada como parte del equipo que debería fiscalizar al país, desde el primer momento que Alberto Fernández llamó a renegociar el Stand By vigente pero suspendido cuando este llegó al poder. En sus visitas a Buenos Aires como parte del equipo que dirige el venezolano Luis Cubbedu, mostró buena sintonía con Guzmán, el embajador local ante el FMI, Sergio Chodos, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.