Por  Jaime Rosemberg - Tras la compra de la mayoría de las acciones de la metalúrgica Impsa, fundada por la familia Pescarmona, en el kirchnerismo se multiplican las voces a favor de avanzar con estatizaciones en otras actividades económicas, como puertos, vías navegables y empresas energéticas.

El Poder Ejecutivo prepara desde la Secretaría Legal y Técnica un decreto que extiende el control del Estado en “todas las vías navegables”. Desde el kirchnerismo duro apuntan también a estatizar puertos y el manejo del canal de Magdalena para la salida de embarcaciones hacia el Atlántico. También hay voces del oficialismo que promueven la estatización de Edenor, vendida a finales del año pasado por el grupo Mindlin.

Los sectores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner no pierden la esperanza de revertir el fracaso de la estatización de Vicentin, impulsada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien ayer celebró el avance estatal en Impsa y aseveró que el daño de la pandemia exigirá “más Estado”.

Vías navegables, puertos y canales. Pero también el comercio de granos, la electricidad y hasta el petróleo. Día tras día se multiplican las voces a favor de avanzar con estatizaciones en el Frente de Todos, que hablan de “recuperar soberanía”, e insisten en que “llegó el momento” de debatir “un mayor control del Estado” en sectores estratégicos de la economía del país. Y amplían la tensión en el Gobierno, frente a los sectores que resisten un avance estatizador.

Proyectos de ley, encuentros por Zoom y posturas en los medios dan cuenta de la ofensiva, y extienden un debate que choca con intereses empresarios y que se transformó en otro de los escenarios de batalla entre el kirchnerismo más duro y la postura del presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros. La presión se asocia así con otras áreas de conflicto, como la negociación con el FMI.

Con la pelea por la “estatización” de la hidrovía Paraná-paraguay como principal bandera de batalla, los referentes del kirchnerismo duro (todos con relación estrecha con la vicepresidenta Cristina Kirchner) tuvieron esta semana un guiño presidencial concreto: la “recapitalización” de Impsa, empresa energética que pertenecía al grupo Pescarmona y fue “recuperada” por el Estado, que tendrá un 65 por ciento de sus acciones. “El daño económico causado por el virus requerirá de más Estado, de un Estado inteligente y comprometido, de más colaboración de las empresas privadas, de más solidaridad entre todos los argentinos”, aseveró ayer la senadora Anabel Fernández Sagasti, en un texto en el que respaldó la compra de acciones de Impsa.

“¡Este es el camino! Celebro la decisión del Estado nacional y prodel vincial de avanzar en la capitalización de Impsa”, tuiteó, a su vez, la diputada Fernanda Vallejos, ariete de la expresidenta en la Cámara de Diputados y una de las impulsoras en el Congreso de la estatización de la hidrovía, actualmente en manos de la empresa belga Jan de Nul, asociada con la argentina Emepa. Los contrapuntos llegaron al propio Presidente, quien descartó que el Estado pueda hacerse cargo del dragado del río Paraná e instruyó al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, a prorrogar la actual concesión. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo prepara desde la Secretaría Legal y Técnica (con aval del propio Taiana) dos decretos para autorizar una “licitación corta” a través de la Administración General de Puertos y, por otro lado, un “mayor control” del Estado en “todas las vías navegables”, incluido el cobro de peajes a las embarcaciones que circulan por la hidrovía.

“La mayoría de las concesiones menemismo no han dado resultado. En este caso, hay un nivel de contrabando y subfacturación enorme. El Estado puede producir barcazas en el astillero Río Santiago, recuperar las dragas que le prestó a la empresa e intervenir”, afirmó a la nacion Claudio Lozano, director del Banco Nación y uno de los impulsores de la ola “soberana”. “No hay una vocación estatista en el Gobierno, pero sí creemos que hay situaciones de evidente fraude, en las que el Estado puede intervenir”, sostuvo el funcionario y dirigente de la CTA.

Además de la hidrovía, desde el kirchnerismo duro apuntan a estatizar puertos (la inmensa mayoría están en manos de las provincias o de empresas privadas) y la habilitación (ya avanzada y en proceso de licitación) del canal de Magdalena para la salida de embarcaciones hacia el océano Atlántico, en lugar del actual, en Punta Indio, que hace escala obligatoria en Montevideo. “El de Magdalena es un canal natural, y salir por allí evitará que se paguen impuestos en Uruguay”, afirma el exlegislador José Cruz Campagnoli, de Espacio Puebla, otro de los sectores que adhieren a la necesidad de que el Estado “asuma el control” en diversos ámbitos de la economía.

Desde el Ministerio de Transporte, mirado con recelo por los oficialistas que desconfían del “massismo”, ponen paños fríos a las iniciativas. Sostienen: “No podemos improvisar en momentos en que necesitamos dólares y hay que sacar la cosecha”. Coinciden con el Presidente en que es “imposible que el Estado” asuma el control de la hidrovía, y recalcan que luego de algunos días el gobernador Axel Kicillof pasó de pedir la estatización de esa vía navegable a reclamar “un mayor control del Estado” en los peajes.

Desde la oposición van mucho más lejos. “Al kirchnerismo no le importan los puertos ni la hidrovía. No tienen plan integral, y van por la caja”, desafió Gonzalo Mórtola, responsable del área de Puertos durante la gestión de Cambiemos. “Van en contra de lo que pasa en el mundo, donde los puertos son controlados por concesionarios. Pasa en Rotterdam, en Hamburgo y también en Veracruz, México”, ironizó el exfuncionario en referencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aliado clave de la Casa Rosada.

Más allá de la discusión por las vías navegables, otros proyectos rondan por la cabeza de legisladores, militantes y no pocos funcionarios. Uno de ellos es la reestatización de Edenor, vendida a finales del año pasado por el grupo Mindlin a una sociedad integrada por José Luis Manzano y Daniel Vila. “El ENRE aún no autorizó ese traspaso, y con lo que Edenor nos debe nos podríamos hacer cargo sin poner un peso”, sostiene un importante funcionario. Otra “ventana de oportunidad” se da con YPF, que “hoy es una empresa comercial con mayoría estatal. Tenemos la posibilidad de que sea de utilidad pública si la transformamos”, comentó otro funcionario. Una senadora oficialista, la rionegrina Silvina García Larraburu, presentó a principios de mes un proyecto para el retorno de la Junta Nacional de Granos, nacida en los años 30 e implementada por Juan Perón en su primer período de gobierno para controlar el flujo y precio de los cereales y sus subproductos en el país.

En el sector de los “halcones” no pierden la esperanza de revertir el fracaso del primer intento, aquella intervención y frustrada expropiación de Vicentin, impulsada en el Senado por la senadora Fernández Sagasti, hace exactamente un año. Mientras esperan que “avancen” las causas por presunta estafa contra los dueños de la empresa, en el Gobierno señalan: “Hoy muchos actores nos vuelven a pedir que intervengamos” para sostener la compañía cerealera y sus puestos de trabajo. “Por ahora hay mucho barullo y pocas ideas concretas”, se atajan desde la Casa Rosada. La presión de la “ola de soberanía” parece recién estar comenzando.