Por Laura Serra - Con amplia mayoría en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, el oficialismo avanzó anoche en Diputados con el dictamen para la reforma del Ministerio Público Fiscal, que reduce el número de votos necesarios para elegir al jefe de los fiscales. De ese modo, buscará designar a un funcionario afín en reemplazo del procurador interino, Eduardo Casal. La reforma, que aumentará el control político sobre los magistrados y condicionará las investigaciones a funcionarios y exfuncionarios, fue duramente resistida por la oposición, que la definió como un reaseguro para la “impunidad”.

Con el dictamen en mano, el oficialismo podría llevar el proyecto al recinto en el momento menos esperado. De todos modos, aún necesita sumar media docena de apoyos para conseguir el quorum y aprobar la iniciativa impulsada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que estuvo congelada durante seis meses desde su aprobación en el Senado.

Tras seis meses de permanecer paralizada en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo resucitó la reforma de la ley de Ministerio Público: anoche, tras un fuerte enfrentamiento con la oposición, se aprestaba a imponer su mayoría en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales para despachar el dictamen correspondiente. Sin embargo, la iniciativa genera tantos rechazos en el arco opositor que los oficialistas todavía no alcanzan la mayoría para llevarla a sesión y convertirla en ley.

En efecto, al bloque del Frente de Todos le falta reunir todavía media docena de votos para alcanzar el quorum y sancionar la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado y es propiciada por el kirchnerismo para eyectar de su cargo al actual procurador interino, Eduardo Casal. Ni siquiera sus tradicionales aliados –salvo el mendocino José Ramón y un puñado de legisladores– están dispuestos a acompañarlo en esta iniciativa que amenaza la estabilidad de los fiscales.

Igualmente, el kirchnerismo decidió romper con el aletargamiento e impulsó el dictamen de comisión con la perspectiva, tal vez, de desenfundarlo en el recinto en el momento menos esperado.

No es el mismo texto que aprobó el Senado en noviembre pasado. Tras consultar con las distintas asociaciones de magistrados, el ministro de Justicia, Martín Soria, accedió a incluirle modificaciones con la esperanza de disuadir a los diputados opositores más lábiles. Esos cambios, empero, no alteran los objetivos centrales del proyecto: el más polémico es el que reduce la exigencia de los dos tercios de los votos en el Senado para designar al nuevo procurador mediante la mayoría absoluta de sus miembros. De aprobarse la ley, el kirchnerismo impondría sus votos para desplazar a Casal y nombrar un procurador afín.

“A esto nos quieren llevar, a que el debate sobre la designación del procurador general lo defina no el Congreso, sino la unidad básica del kirchnerismo, y no lo vamos a permitir”, exclamó el radical Luis Petri. “Lo más honesto y genuino sería que el oficialismo plantee una ley de amnistía para todos aquellos protagonistas de hechos de corrupción en los que el kirchnerismo está involucrado”, asestó.

El diputado Gustavo Menna (UCR) advirtió que este proyecto “pulveriza la autonomía y la independencia del Ministerio Público”. “De aprobarse, este organismo terminará sovietizado, sometido a la vigilancia de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público”, agregó.

Desde el oficialismo, Leopoldo Moreau se encargó de retrucar, con ironía, las críticas opositoras. “Este debate es de una enorme hipocresía –replicó, enardecido–. Se rasgan las vestiduras en nombre de la república, pero el gobierno de Mauricio Macri encaró la campaña más hostil y agresiva contra la exprocuradora (Alejandra) Gils Carbó, quien fue designada por una inmensa mayoría del Senado. El ‘prófugo’ Pepín Rodríguez Simón había amenazado con perseguir a las hijas de Gils Carbó si no renunciaba”.

A su turno, Silvia Lospennato, de Pro, desató la furia oficialista. “Siete de cada diez argentinos son pobres, 70.000 argentinos murieron de coronavirus sin vacuna, la economía se derrumba, el desempleo es galopante y lo único que le interesa al oficialismo es destruir la independencia del Poder Judicial para avanzar en su proyecto autocrático”, asestó.

Modificaciones

La diputada Vanesa Siley fue la voz del oficialismo para defender la iniciativa y anunciar los cambios al texto con media sanción del Senado. Acicateó a Juntos por el Cambio al recordarles que el proyecto oficialista recoge varias propuestas que habían formulado legisladores radicales y de Pro durante el gobierno de Mauricio Macri. Como poner un plazo al mandato del procurador general, hoy vitalicio, y flexibilizar las mayorías en el Senado para la designación del procurador general.

El oficialismo también accedió a modificar el artículo referido al jury de enjuiciamiento del Ministerio Público para “equilibrar” su composición. Para ello, propuso bajar de tres a dos los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, uno por la mayoría y otro por la minoría.

Los restantes cinco miembros serían un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer) elegidos por concurso.