Por Luciana Vázquez - Toda política internacional es para el kirchnerismo sobre todo una instancia de la política doméstica. Ya no solo en el sentido de un uso coyuntural de la gira internacional como herramienta para licuar conflictos partidarios o nacionales, recuperar legitimidad y reconstruir poder: a esa intencionalidad del viaje del presidente Alberto Fernández por Europa la semana pasada se suma otra. No solo hay en el kirchnerismo una voluntad decidida por apelar a un uso político del pasado y de los datos del presente; también se da ahora el uso político del mapa global y sus debates en función de la confirmación de los intereses políticos locales.

Biden, sus políticas económicas y la interpretación interesada por parte del binomio presidencial. Israel y los bombardeos de Hamas. La crisis de la pandemia y los números internacionales. México y la versión de izquierda de un López Obrador de derecha. Venezuela como no dictadura. Latinoamérica, su política y el lawfare como ordenador de la utopía política que desatiende las precisiones de cada país.

El sesgo de la gestión kirchnerista para analizar los procesos globales y su preferencia por adosarles interpretaciones autóctonas a mecanismos sociales, políticos y económicos ajenos no es accidente, sino programa. El mundo exterior es el stock al que recurrir para zanjar y dirimir guerras locales. Paradojas, cuanto más se cita al mundo, más lejos queda ese mundo en el cuarto kirchnerismo.

El mundo es un pañuelo y las iniciales que lleva bordadas son las de un conjunto muy acotado de conceptos de corto alcance con el que el kirchnerismo pretende interpretar el universo. Ajuste versus justicia social. Un escenario sanitario de mano dura como única salida a la crisis argentina del Covid. Pueblo subsidiado versus ricos egoístas. Un orden mundial de expoliadores capitalistas de vacunas y dólares, en una versión remozada de patria sí, colonia no. El lawfare como la gramática de la puja por el poder.

Hay un Pro que cree en el lawfare y queda en Chile. Se trata del Partido Progresista, fundado por Marco Enríquez Ominami, el amigo chileno del kirchnerismo, sobre todo, de Alberto Fernández. Ominami es una de las figuras claves en la creación del Grupo de Puebla, y en su país atraviesa un proceso judicial que considera injusto.

En ese punto, el uso intencionado de la política exterior por parte de Fernández alcanzó otra instancia en Chile a raíz del caso Ominami: ya no simplemente el juego de datos y declaraciones para sesgar lecturas de episodios internacionales y llevar agua al molino político propio en la Argentina, sino la intervención decidida del Presidente en un proceso judicial de otro país con el objetivo de reforzar una lectura interesada, la de la guerra judicial o lawfare, uno de los excesos interpretativos más cuestionados entre aquellos a los que adhiere el kirchnerismo.

El dato es este: el lunes de la semana pasada, el Pro chileno publicó en su web oficial un información sobre Fernández que indica que el presidente argentino, “en su calidad de abogado”, dice el comunicado, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como amicus curiae y aportó un “análisis jurídico” de la situación de Ominami, cuyos derechos políticos están siendo violados, según Fernández.

El comunicado de pro incluye afirmaciones de Fernández de febrero en alusión a ese documento y el caso de Ominami. “Hace siete años que está siendo procesado, investigado e involucrado en una causa penal por una investigación que afecta a alguien que fue su asesor, ni siquiera a él”, sostuvo Fernández en la cita escogida por Pro.

La desmesura de esta movida es que un presidente extranjero se inmiscuya en un proceso judicial a partir de los márgenes que le otorga el lawfare regional como interpretación.

Fuentes irreprochables e independientes de Chile aclaran la cuestión: lejos de ser perjudicado en los procesos que se le siguen, Ominami ha sido ampliamente beneficiado. En el caso en que se lo investigaba por delitos tributarios, en el marco del financiamiento de su campaña presidencial, Ominami, como otros políticos de diversos partidos políticos en Chile, quedó sobreseído por un tecnicismo. En la medida en que el órgano que investiga ese tipo de delitos, el Servicio de Impuestos Internos chile no, no inició una“querella nominativa”, es decir, no lo investigó a él, sino a su asesor clave, Cristián Warner, será este el que deberá enfrentar el proceso judicial y sus consecuencias. El debate en Chile es cómo la clase política toda se benefició de ese tecnicismo y no el lawfare que perjudicaría a Ominami.

Ellawfare funciona para el Grupo de Puebla como el eje de una constitución de la Patria Grande, es el territorio común en el que se encuentran esos ciudadanos privilegiados, los expresidentes de corte populista en América Latina. El lawfare le da sentido a esa supuesta comunidad internacional.

El Grupo de Puebla es en sí mismo una prueba de la elasticidad internacional con la que analiza Fernández el mundo. El presidente de México, Manuel López Obrador, es citado entre sus integrantes, también por el presidente argentino, como una de las figuras más representativas de lo que representa el Grupo de Puebla como nuevo orden latinoamericano y capitalismo alternativo. Sin embargo, expertos internacionales desmienten esa lectura.

“No importan las alternancias, el PRI, el PAN, o Morena, desde los años 90 esa es una política de Estado. El compromiso absoluto con el modelo exportador librecambista, plena integración en el mercado internacional, reglas de juego económico liberal. López Obrador no cambió eso”, dijo la respetada experta internacionalista Natalia Saltalamacchia desde México hace unos meses.

La nueva simplificación kirchnerista que se extiende sobre el mundo alcanza ahora a Estados Unidos. Las políticas expansivas de apoyo social de Joe Biden en plena pandemia acarrean elogios de la vicepresidenta Cristina Fernández y sinonimias ingeniosas por parte del presidente en eso de llamarlo “Juan Domingo Biden”. Algo así como un “¿vieron?, Biden también es peronista y tenemos razón”.

Lo cierto es que en EE.UU. hay un gran debate por estos días que complejiza necesariamente la simplificación peronizadora del kirchnerismo.

Una columna publicada por The Wall Street Journal la semana pasada despertó gran revuelo en Estados Unidos en ese sentido. La columna lleva la firma del economista argentino Christian Broda, doctor en Economía por el MIT, y de Stanley Druckenmiller, uno de los inversores más legendarios del mercado financiero. “La FED está jugando con fuego”, es el título de su columna. El principal cuestionamiento a Biden es que está desplegando políticas de estímulo gigantescas justo cuando la economía de EE.UU. se está recuperando a niveles históricos. La velocidad del rebote ya le estaría quitando sentido a la política de estímulos del peronista Biden y la estaría convirtiendo en un riesgo.

Para Larry Summers, tal vez el pensador económico más importante del Partido Demócrata de los últimos 20 años, la de Biden es la combinación de política monetaria y fiscal más peligrosa desde la posguerra.

El periplo europeo de Alberto Fernándezfue prolífico en esas miopías. La declaración de la Cancillería en relación con el bombardeo de Hamas a Israel la semana pasada resultó el ejemplo más crítico de ese mecanismo, exhibición de una comprensión peligrosa mente acotada de lo que estaba en juego. Pero la pande mi a viene siendo desde hace meses la burbuja perfecta para la puesta en escena del uso político que produce la narrativa internacional kirchnerista. El período 2020 se centró en el storytelling de las filminas de contagios y muertes, que generaron conflictos con Suecia: el gobierno de ese país tuvo que corregir públicamente la interpretación de las estadísticas que proponía Fernández.

Cuando una dirigencia política se cierra sobre sus falacias, deja de aprender y de evolucionar. El kirchnerismo está en ese proceso y la Argentina, entonces, está en un problema mayor. No solo el peso de sus deudas sociales concretas–pobreza, desempleo, inflación, destrucción educativa, crisis sanitaria–, sino también los riesgos de la cerrazón conceptual del kirchnerismo, que insiste desde hace años en disfrazar de progreso lo que es atraso y acampar decidido en esos errores.