Por Laura Serra - A pesar del rechazo opositor, el Gobierno dará hoy, con la firma del dictamen en comisiones, el primer paso para avanzar con el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, que prevé flexibilizar la mayoría de dos tercios necesaria para designar al procurador general.

Sin embargo, el camino no se muestra totalmente despejado: al oficialismo le faltarían seis votos de diputados aliados para lograr el quorum y llevar la iniciativa al recinto. Juntos por el Cambio rechaza la reforma y miembros de otros bloques opositores, como el que integra Graciela Camaño, también anticiparon que votarán en contra. La ofensiva kirchnerista para aprobar la reforma, que le permitiría designar un procurador afín, genera una fuerte tensión política.

Paso a paso. Tal parece ser la estrategia del oficialismo para aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal en la Cámara de Diputados, donde la oposición se mantiene reacia a avanzar con una iniciativa que, de sancionarse, eyectaría automáticamente de su cargo al actual procurador interino, Eduardo Casal, un enemigo declarado del kirchnerismo.

El primer paso se dará hoy, con la firma del dictamen en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. El segundo, su tratamiento en el recinto, todavía no tiene fecha porque el oficialismo aún no aseguró el quorum.

Al Frente de Todos, que comanda Máximo Kirchner, le faltan 11 diputados para alcanzar los 129 necesarios para arrancar la sesión. Por ahora solo dos aliados –José Ramón y Pablo Ansaloni– confirmaron que se sentarán en sus bancas para apoyar la iniciativa oficialista. A ellos se sumarán, casi con seguridad, sus compañeros del interbloque Unidad y Equidad Federal, los misioneros Diego Sartori, Ricardo Wellbach y Flavia Morales.

El trío había anticipado que apoyaría el proyecto si se le incluyeran cambios al texto, concesión que el ministro de Justicia, Martín Soria, estaría dispuesto a hacer. Siempre que estos no alteren uno de los objetivos claves que persigue el kirchnerismo: flexibilizar la mayoría de dos tercios de los votos que exige la ley actual para designar, por parte del Senado, al nuevo procurador.

Con estos apoyos, al oficialismo le restan seis voluntades para alcanzar el quorum. Una cuesta difícil de remontar. Podría eventualmente sumar a la neuquina Alma Sapag, quien ya anticipó su rechazo a la iniciativa, pero su posición ha sido siempre dar quorum en las sesiones. Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), también crítico del proyecto, no confirmó si dará su apoyo para arrancar la sesión, pero su socio Carlos Giordano, de la Izquierda Socialista, ya dio una pista al anticipar que no participará del quorum.

Tampoco lo harían los diputados Felipe Álvarez y Antonio Carambia (Acción Federal), aunque el oficialismo confía en convencerlos.

Si bien el Frente de Todos no tiene asegurado el apoyo de sus aliados para llevar el proyecto al recinto, sí tiene garantizada la mayoría en las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales para darle hoy dictamen favorable. La fecha de la sesión, sin embargo, sigue siendo una incógnita; lo sugestivo del asunto es que ni Máximo Kirchner ni Sergio Massa, presidente del cuerpo, iniciaron aún el “operativo disuasión”, que, por lo general, antecede a toda sesión que se anticipa complicada.

En Juntos por el Cambio no se confían y sospechan que el oficialismo esconde un puñal bajo el poncho. Por de pronto, sus jefes de bloque Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) ya advirtieron que si el oficialismo pretende llevar el dictamen en la sesión prevista para esta semana, romperán el acuerdo pactado con el Gobierno para prorrogar por un mes las elecciones primarias y generales en virtud de la pandemia. Es el proyecto más relevante que tiene previsto discutir mañana la Cámara baja, y el Gobierno tiene especial interés en que sea aprobado por amplia mayoría.

“Si esta ley para quedarse con el control de los fiscales avanza, estará quebrado el mínimo diálogo institucional que debe primar en un país que está en la más profunda de las crisis”, advirtió Negri.

En paralelo, la oposición de Juntos por el Cambio inició una campaña furibunda por las redes sociales para frenar la avanzada del oficialismo sobre el Ministerio Público. Advierte que, de aprobarse, la reforma le facilitará al Gobierno la remoción de aquellos fiscales que no le sean afines; también, la designación de un procurador leal con solo la mayoría absoluta de los votos en el Senado, que el kirchnerismo ya tiene asegurada.

Tironeada de uno y otro lado de la grieta, la veintena de diputados opositores que se mantienen equidistantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio anticipan sus posiciones. El bloque Consenso Federal, integrado por el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini, ratificó que no dará quorum ni apoyará la media sanción del Senado.

“No son tiempos de reformas judiciales, sino de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente, como los aumentos de precios, la escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo”, dijeron.

Eduardo “Bali” Bucca y su compañero de bloque, el justicialista Andrés Zottos, se ubicaron en la misma línea, al igual que el socialista Enrique Estévez. La tucumana Beatriz Ávila también confirmó su rechazo, mientras que el rionegrino Luis Di Giacomo, quien suele acompañar al Gobierno, esta vez marcaría su distancia por la enemistad manifiesta entre su jefe político, Alberto Weretilneck, y el ministro Soria.