Por Sofía Diamante - Mientras se espera que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se vea hoy cara a cara nuevamente en Roma con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la Argentina el kirchnerismo le marca la agenda al ministro y limita su margen de maniobra para decidir sobre la política económica.

Guzmán participará hoy con Georgieva de un seminario organizado por la Pontificia Academia de Ciencias (PAC), que responde al Papa Francisco, y del cual estará presente también Yanet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, el país con mayor poder en el directorio del Fondo. Se trata de un encuentro que ayudará a mejorar las relaciones para lograr un nuevo acuerdo con el FMI, que no solo permita posponer el pago del crédito recibido de US$44.000 millones, sino que brinde una señal para postergar también el vencimiento de US$2400 millones con el Club de París a fin de mes.

El contexto internacional para lograr un nuevo acuerdo es inmejorable: el incremento del precio de la tonelada de la soja le permitirá al Ministerio de Economía aumentar su recaudación por retenciones en alrededor un punto del PBI, según estimaciones de la consultora EcoGo, y a fortalecer las debilitadas reservas del Banco Central.

Sin embargo, el ministro encuentra limitaciones dentro de la coalición de gobierno. Por ejemplo, el Senado, que preside la vicepresidenta Cristina Kirchner, tratará hoy el proyecto de ley que diseñó el legislador Oscar Parrilli y presidente del Instituto Patria, que condiciona el uso de los US$4300 millones que enviará el FMI el próximo semestre a medidas que ayuden a paliar los efectos de la pandemia, y no a cancelar deuda con los organismos multilaterales. Para que se convierta en ley, faltará también que se trate el proyecto en Diputados, si se aprueba hoy en la cámara alta.

Como el dinero es fungible, Guzmán todavía tiene la posibilidad de usar reservas del Banco Central para cancelar la deuda con el Club de París, de manera de evitar pagar las sobretasas que cobraría el organismo por pasarse de la fecha de pago. Los derechos especiales de giro (DEG, el dinero del FMI) luego ayudarían a volver a fortalecer el balance de la entidad monetaria.

Igualmente, el ministro está intentando negociar un preacuerdo con el Fondo, que le permita volver a posponer el vencimiento con el Club de París sin mayores costos. La negociación más tensa tiene que ver con el gasto que la Argentina destina al sector energético: ¿cómo logra convencer Guzmán a los técnicos del FMI de que el país no tiene dinero, si al mismo tiempo tiene un esquema de subsidios “pro-ricos”?

Para eso, el titular del Palacio de Hacienda está intentando subir las tarifas al gas y la electricidad, de forma tal de que las transferencias a la energía dejen de subir al 228% interanual, como lo hicieron en el primer trimestre del año.

Sin embargo, ayer el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, integrado por intendentes y miembros de La Cámpora, emitió un documento con el título “La Argentina de los tarifazos quedó atrás, estamos recuperando la justicia social”. “Ordenar las cuentas fiscales, sin descuidar a los sectores vulnerables, es decir, sin ajustar a mansalva como alienta la ortodoxia neoliberal, nos lleva a recorrer un camino inversamente proporcional al que seguía la anterior administración”, dice el texto firmado por los peronistas bonaerenses.

En el mismo sentido, anteanoche, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de excelente relación con la vicepresidenta también, respaldó al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien había sido despedido por Guzmán hace unas semanas, sin finalmente lograrlo, por ser considerado “incompetente” y por no haber avanzado con una segmentación de tarifas, según indicaron en el Gobierno. “Fue un destrato a un funcionario y una equivocación grande [el intento de desplazarlo]”, señaló el exsecretario de Legal y Técnica.

Por ahora, el único aumento de tarifas confirmado por el Ministerio de Economía es de 9% de la electricidad para las boletas de Edenor y Edesur (que tienen jurisdicción nacional), pero la suba no ayudará a mejorar las cuentas fiscales, sino que estará destinado a subir los ingresos a las empresas distribuidoras después de dos años de congelamiento. Para las tarifas de gas, todavía está pendiente que se confirme el alza de 6% que adelantó el interventor en el Enargas, Federico Bernal, y que sería muy por debajo del 30% que había pedido el ministro.